Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destacó en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social la importancia del enfoque feminista para avanzar en la Agenda 2030 y los derechos humanos. Durante su intervención, subrayó que el respeto por los derechos sociales y laborales debe ser central en las políticas públicas. Saiz abogó por un multilateralismo solidario para enfrentar crisis globales y enfatizó la necesidad de garantizar una inclusión efectiva de las personas migrantes. Además, presentó iniciativas innovadoras para promover la inclusión social y subrayó el compromiso del Gobierno español con la cooperación feminista.
Un español en Alemania opina que todo el mundo merece la oportunidad de construir una buena vida, independientemente de dónde haya nacido o de cuándo o cómo haya emigrado. Cuando las personas toman la difícil decisión de abandonar sus hogares, buscan seguridad, oportunidades y la posibilidad de contribuir a un nuevo país. Deben ser acogidos con dignidad y tratados como miembros vitales de nuestra comunidad.
Líderes mundiales han adoptado la Declaración Política de Doha en la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, reafirmando su compromiso con la erradicación de la pobreza, el empleo decente y la inclusión social. Este acuerdo destaca la importancia del desarrollo social como un imperativo moral y una condición esencial para la paz y el crecimiento sostenible. La cumbre reunió a más de 14,000 participantes, incluyendo jefes de Estado y representantes de diversas organizaciones, quienes subrayaron que el desarrollo no es solo responsabilidad gubernamental. La declaración también enfatiza la necesidad de fortalecer las instituciones multilaterales y reformar la arquitectura financiera global para garantizar un acceso equitativo al financiamiento, especialmente para los países en desarrollo.
Sudán del Sur enfrenta un grave riesgo de volver a la guerra, según investigadores de la ONU. La transición política se está desmoronando, con un alto el fuego ignorado y detenciones políticas que se utilizan como herramienta de represión. Las fuerzas gubernamentales están bombardeando zonas civiles, lo que ha llevado al desplazamiento interno de más de 370,000 personas y a millones en situación de vulnerabilidad. La corrupción y la falta de recursos agravan la crisis humanitaria, mientras que los combates se intensifican. Los expertos instan a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para proteger a la población civil y garantizar la justicia.
Sesenta y cinco países han firmado un tratado histórico de la ONU en Hanói para combatir la ciberdelincuencia, considerado un avance crucial hacia un entorno digital más seguro. La Convención, aprobada tras cinco años de negociaciones, establece un marco universal para investigar y procesar delitos cibernéticos, incluyendo fraudes y la difusión no consentida de imágenes íntimas. Este tratado, que entrará en vigor tras la ratificación del 40.º país, promueve la cooperación internacional y el intercambio de pruebas electrónicas, abordando las crecientes amenazas digitales que se prevé costarán 10,5 billones de dólares anuales para 2025. El Secretario General António Guterres destacó su importancia como una victoria para las víctimas y una herramienta esencial en la lucha contra la ciberdelincuencia global.
Los ataques contra la cosecha de aceitunas en Cisjordania han aumentado significativamente, reflejando una ofensiva anexionista por parte de Israel. La cosecha de aceitunas es crucial para la cultura y economía palestinas, pero este año se ha visto marcada por un incremento alarmante de violencia por parte de colonos israelíes y fuerzas israelíes, que actúan con impunidad. Según informes de derechos humanos, solo en los primeros seis meses de 2025 se registraron 757 ataques que causaron daños a agricultores palestinos. Esta violencia ha resultado en pérdidas millonarias, con cerca de 96.000 dunums de olivos sin cosechar en 2023, generando pérdidas superiores a diez millones de dólares. La comunidad internacional es instada a presionar a Israel para garantizar el acceso seguro a las tierras agrícolas y proteger los derechos de los palestinos.
Un informe de la ONU revela un alarmante aumento del 87% en los casos de violencia sexual contra mujeres en conflictos en solo dos años. Las víctimas civiles, especialmente mujeres y niños, se han multiplicado por cuatro debido a guerras que ignoran las normas humanitarias. Actualmente, 676 millones de mujeres viven cerca de conflictos mortales, el nivel más alto desde la década de 1990. El documento destaca que las violencias sexuales ya no son daños colaterales, sino armas de guerra utilizadas sistemáticamente. Además, las mujeres siguen siendo excluidas de las negociaciones de paz, representando solo un pequeño porcentaje en los procesos. Mientras tanto, el gasto militar global ha alcanzado cifras récord, contrastando con la escasa financiación destinada a organizaciones que apoyan a las mujeres afectadas por estas crisis.
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La Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Doha destacó la importancia de la justicia social como un derecho fundamental, abordando las desigualdades persistentes en educación, salud y derechos laborales. A pesar de los avances globales, la discriminación y la exclusión siguen siendo problemas críticos. Líderes mundiales, incluidos ministros y representantes de organizaciones, se reunieron para promover acciones coordinadas que busquen erradicar la pobreza y fomentar la inclusión social. Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General de la ONU, enfatizó que los sueños deben transformarse en derechos reales para todos, especialmente para los jóvenes afectados por la pobreza y la falta de oportunidades. La cumbre también subrayó la necesidad de políticas públicas que integren las perspectivas juveniles, asegurando su participación activa en decisiones que les afectan directamente. Con un enfoque en el desarrollo social y protección social como medio para alcanzar la justicia social, se busca cerrar las brechas existentes y garantizar un futuro más equitativo para todas las comunidades.
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, participa en la II Cumbre Mundial de Desarrollo Social en Doha, Qatar, del 4 al 6 de noviembre. Este evento, convocado por Naciones Unidas, busca impulsar una agenda global centrada en la inclusión y los derechos humanos frente a desigualdades y desafíos globales. Durante la cumbre, Saiz destaca la importancia del multilateralismo social y el enfoque feminista en las políticas gubernamentales. También ha mantenido reuniones bilaterales con ministros de Rumanía y Portugal para fortalecer la cooperación en materia de Seguridad Social y explorar nuevas alianzas en derechos sociales. Además, se ha reunido con la directora general de la OIM para abordar la gestión migratoria basada en derechos humanos.
La ONU ha solicitado una investigación inmediata tras la operación policial más letal en la historia de Río de Janeiro, que dejó 121 muertos, incluidos cuatro policías. António Guterres, Secretario General de la ONU, expresó su preocupación por la elevada cifra de muertes y enfatizó que el uso de la fuerza debe adherirse a las leyes internacionales de derechos humanos. Volker Turk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pidió reformas integrales en los métodos policiales y destacó el racismo sistémico que afecta desproporcionadamente a los afrodescendientes en Brasil. Se estima que cada año, alrededor de 5000 afrodescendientes son asesinados por agentes de seguridad en el país.
La Asamblea General de la ONU ha solicitado por trigésima tercera vez el levantamiento del embargo económico de Estados Unidos a Cuba, con 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. Este bloqueo, que comenzó en 1960, ha sido criticado por su impacto negativo en los derechos humanos y el desarrollo del pueblo cubano. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba denunció su carácter ilegal e inhumano, mientras que Estados Unidos defendió el embargo aludiendo a las políticas del gobierno cubano. La resolución destaca principios como la igualdad soberana de los Estados y solicita un informe sobre el cumplimiento de la misma para el próximo período de sesiones de la ONU.
La ONU ha exigido un alto al fuego inmediato en El Fasher, Sudán, ante la alarmante situación de miles de civiles atrapados en combates intensos y sin acceso a alimentos ni atención médica. Tom Fletcher, coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, expresó su preocupación por las numerosas muertes y el asedio que enfrenta la ciudad, controlada por las Fuerzas de Apoyo Rápido. Este conflicto ha generado una crisis humanitaria devastadora, desplazando a más de 11,7 millones de personas. La ONU condena los ataques a civiles y hospitales y demanda rendición de cuentas por violaciones del derecho internacional.
El Gobierno de España ha declarado la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 22 de diciembre de 2025, destaca el papel central del edificio en la represión política durante la dictadura franquista. El ministro Ángel Víctor Torres subrayó que esta declaración es un paso importante para honrar a las víctimas y evitar que se repitan actos ignominiosos. Además, se anticipa que otros lugares emblemáticos relacionados con la represión franquista también recibirán esta declaración, incluyendo la Tapia de fusilamiento del Cementerio del Este y la Prisión Provincial de Hombres de Madrid.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado urgentemente a la Unión Africana y al Consejo de Seguridad tomar medidas decisivas ante el deterioro de la situación en Sudán del Sur, que enfrenta una crisis política y humanitaria crítica. Los líderes del país han obstaculizado el proceso de paz, lo que ha llevado a un aumento del conflicto y la corrupción. Desde principios de 2025, más de 300,000 personas han huido debido a los enfrentamientos armados, mientras que más de dos millones están desplazadas internamente. La Comisión destaca la falta de avances en mecanismos de justicia transicional, como el Tribunal Híbrido para juzgar crímenes desde 2013, instando a una acción concreta para garantizar justicia y rendición de cuentas.
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