El Gobierno español ha aprobado un anteproyecto de ley orgánica que regula el derecho al secreto profesional de los periodistas, estableciendo por primera vez una protección legal completa para este derecho fundamental. Esta iniciativa busca fortalecer la transparencia y la independencia en el ecosistema informativo, garantizando la confidencialidad de las fuentes de información. El anteproyecto detalla las condiciones bajo las cuales se puede afectar este derecho, limitando la vigilancia intrusiva y estableciendo que cualquier intervención judicial debe ser autorizada con criterios de necesidad y proporcionalidad. Además, promueve la creación de mecanismos de autorregulación en el ámbito periodístico. Con esta medida, se refuerza la libertad de prensa como pilar esencial de la democracia.
