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Prensa andaluza critica anteproyecto de ley sobre secreto profesional

Prensa andaluza critica anteproyecto de ley sobre secreto profesional

viernes 19 de septiembre de 2025, 21:18h

Las diez asociaciones de prensa de Andalucía han presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica que regula el secreto profesional, argumentando que no protege adecuadamente este derecho constitucional ni la libertad de información. Critican que la definición de "profesional de la información" permite el intrusismo y no reconoce la formación necesaria en periodismo. Proponen que solo se considere como tal a quienes posean un título universitario o carné profesional. Además, solicitan eliminar la inclusión de "personas jurídicas" en la definición del secreto profesional, ya que esto podría contradecir principios constitucionales. Las alegaciones buscan asegurar una normativa que respete la independencia periodística y el derecho a la información.

Las diez asociaciones de la prensa de Andalucía han presentado un conjunto de alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho al Secreto de los Profesionales de la Información. Este documento, aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del 22 de julio, ha sido objeto de críticas por no garantizar adecuadamente este derecho constitucional ni el ejercicio efectivo de la libertad de información.

Entre las preocupaciones expresadas, se destaca que la definición de "profesional de la información" incluida en el anteproyecto podría dar cabida al intrusismo. Las asociaciones argumentan que esta definición simplifica el trabajo periodístico y desestima la importancia del papel formativo que desempeñan las facultades de Ciencias de la Comunicación. Según ellas, estas instituciones son esenciales para asegurar una formación crítica y ética en el ejercicio del periodismo dentro de una democracia.

Definiciones y requisitos cuestionados

El artículo 2.a del anteproyecto define como profesional de la información a “toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz”. Esta amplia definición permite que cualquier individuo sin preparación específica pueda acogerse a ella, lo cual resulta alarmante considerando que más de medio centenar de universidades en España ofrecen estudios en periodismo y comunicación. Las asociaciones advierten que esto podría llevar a proteger actividades que no cumplen con los criterios periodísticos establecidos.

Ante esta situación, proponen incluir un requisito esencial: que solo aquellos con un título universitario en Periodismo o Comunicación Audiovisual, o con un carné expedido por la FAPE o Colegios Profesionales, puedan ser considerados profesionales de la información. Además, sugieren añadir una disposición transitoria para regular esta cuestión.

La falta de referencia a códigos éticos

Otro aspecto que ha sorprendido a las asociaciones es la ausencia en el texto del anteproyecto de referencias a los códigos éticos y a la pertenencia a órganos reguladores. Consideran que este vacío puede facilitar abusos del secreto profesional por parte de individuos con intereses ajenos al ejercicio periodístico. La falta de reconocimiento hacia una práctica profesional consolidada también es motivo de preocupación entre los representantes del sector.

Asimismo, critican la inclusión del término "persona jurídica" en la definición original, argumentando que el secreto profesional debe ser una garantía individual. Extenderlo a entidades jurídicas podría contradecir principios constitucionales, ya que estas empresas poseen otros derechos y pueden tener intereses distintos al derecho a la información pública.

Preocupaciones sobre el concepto amplio

El anteproyecto también amplía el derecho al secreto profesional a “prestadores de servicios de medios de comunicación” sin definir claramente este concepto. Esta indefinición podría favorecer intereses ajenos a la protección constitucional del derecho a la información. Las asociaciones subrayan que tal ambigüedad podría debilitar el ejercicio del periodismo regulado y ético, generando inseguridad jurídica y confusión sobre su aplicación.

Las alegaciones presentadas buscan establecer una norma robusta que garantice efectivamente tanto la independencia periodística como el derecho constitucional a la información, evitando así ambigüedades y riesgos para ambas partes involucradas: los profesionales del periodismo y los ciudadanos.

  • Asociación de la Prensa de Almería
  • Asociación de la Prensa de Cádiz
  • Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar
  • Asociación de la Prensa de Córdoba
  • Asociación de la Prensa de Jaén
  • Asociación de la Prensa de Jerez de la Frontera
  • Asociación de Periodistas de Granada
  • Asociación de la Prensa de Huelva
  • Asociación de la Prensa de Málaga
  • Asociación de la Prensa de Sevilla

Preguntas sobre la noticia

¿Qué alegaciones han presentado las asociaciones de la prensa andaluzas al anteproyecto de ley orgánica?

Las diez asociaciones de la prensa de Andalucía han presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho al Secreto de los Profesionales de la Información, argumentando que no garantiza adecuadamente el derecho constitucional al secreto profesional y abre la puerta al intrusismo en el ejercicio del periodismo.

Cuáles son las principales preocupaciones expresadas por las asociaciones?

Las asociaciones advierten que la definición de "profesional de la información" es demasiado amplia y podría incluir a personas sin preparación específica, lo cual podría afectar negativamente la calidad del periodismo. También critican la falta de referencia a códigos deontológicos y sugieren que el secreto profesional debería limitarse a personas físicas con formación adecuada.

Qué cambios proponen las asociaciones para mejorar el anteproyecto?

Proponen que se exija un título universitario en Periodismo o Comunicación Audiovisual para ser considerado un "profesional de la información". Además, piden que se elimine la inclusión de "personas jurídicas" en esta definición y que se delimite claramente qué se entiende por “prestadores de servicios de medios de comunicación”.

Por qué consideran importante estas modificaciones?

Las modificaciones propuestas buscan garantizar una norma que proteja efectivamente el derecho a la información y la independencia periodística, evitando ambigüedades y riesgos asociados al ejercicio del periodismo.

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