Impunidad

En 2024, un total de 383 trabajadores humanitarios fueron asesinados, destacando que 181 de ellos perdieron la vida en Gaza, según informes de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Este aumento del 31% en comparación con el año anterior refleja una alarmante tendencia de violencia contra el personal humanitario. Además, más de 300 trabajadores resultaron heridos, 125 fueron secuestrados y 45 detenidos. OCHA enfatiza la necesidad urgente de proteger a los civiles y al personal humanitario, señalando que los ataques violan el derecho internacional y exigen rendición de cuentas. La situación se mantiene crítica en 2025, con 265 trabajadores ya asesinados hasta agosto. La campaña global #ActForHumanity ha sido relanzada para exigir protección y apoyo a quienes brindan ayuda en zonas de conflicto.

Sri Lanka enfrenta una oportunidad crucial para superar la impunidad histórica, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. En un reciente informe, se destaca la necesidad de justicia para las víctimas, el restablecimiento del estado de derecho y la eliminación de políticas divisivas. Türk insta al gobierno a reconocer oficialmente las violaciones pasadas y a rendir cuentas por abusos cometidos durante la guerra civil. Se recomienda la derogación de la Ley de Prevención del Terrorismo y el establecimiento de un mecanismo judicial especializado para abordar violaciones graves de derechos humanos. A pesar de algunos avances, persiste la intimidación hacia la sociedad civil y se advierte sobre el impacto negativo de la crisis económica en los derechos humanos en el país.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha instado a México a reconocer oficialmente a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas como defensoras de los derechos humanos. Sin este reconocimiento y protección, estas mujeres enfrentan una creciente violencia e impunidad. El informe del CEDAW destaca que su labor es crucial para el derecho a la verdad y la justicia, pero carecen de medidas efectivas de protección ante agresiones por parte de grupos criminales y autoridades. Se requiere una acción inmediata del Estado para garantizar su seguridad y legitimar su trabajo, además de investigar exhaustivamente las denuncias de abusos en su contra. A pesar de algunos avances en igualdad, el Comité señala que persisten limitaciones significativas y exige el cumplimiento de recomendaciones previas para combatir la impunidad en estos casos.

La situación en Haití se ha vuelto crítica, con más de 1,3 millones de personas desplazadas y la mitad de la población sufriendo hambre. Las pandillas armadas están expandiendo su influencia, mientras que grupos de autodefensa actúan como entidades similares a estas organizaciones criminales. Según William O’Neill, experto de la ONU en derechos humanos, el país se asemeja al "Lejano Oeste", donde la desesperación y la impunidad predominan. La violencia ha comprometido gravemente los derechos económicos y sociales de los haitianos, creando un ciclo vicioso de inseguridad y falta de confianza en las instituciones. A pesar de la devastación, O’Neill mantiene la esperanza de que con un compromiso internacional adecuado, se pueda revertir esta situación alarmante.

Una reportera de guerra libanesa, que perdió una extremidad en el ejercicio de su labor, hace un llamado urgente para poner fin a la impunidad en los ataques contra periodistas. Advierte que los chalecos de prensa se han convertido en un blanco y una sentencia de muerte para quienes cubren conflictos. Esta declaración resalta la creciente vulnerabilidad de los periodistas en zonas de guerra y la necesidad de proteger su labor esencial.