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Myanmar

27/08/2025@13:03:51

La ONU ha hecho un llamado urgente para aumentar la solidaridad y el apoyo a los refugiados rohingya, coincidiendo con el octavo aniversario de su desplazamiento forzado desde Myanmar. Las condiciones de vida de los rohingya, tanto dentro como fuera del país, han empeorado significativamente debido a la violencia continua entre el Ejército de Myanmar y el Ejército de Rakhine. Esta situación ha llevado a más personas a huir hacia Bangladesh, que ya alberga a más de 1,1 millones de refugiados. La falta de fondos está afectando gravemente la asistencia humanitaria en áreas clave como educación y atención médica. La ONU enfatiza la necesidad de garantizar los derechos humanos y buscar soluciones duraderas para romper el ciclo de violencia y permitir un regreso seguro y digno de los rohingyas a su hogar.

La ONU celebra la decisión del Gobierno de Tailandia de otorgar derechos laborales a los refugiados de Myanmar, especialmente a la comunidad rohinyá que ha vivido en condiciones precarias durante años. Esta medida no solo permitirá a los refugiados trabajar legalmente y mantener a sus familias, sino que también impulsará la economía local y contribuirá al crecimiento sostenible del país. La representante del ACNUR en Tailandia destacó que esta acción representa un "punto de inflexión" en la política de refugiados, promoviendo principios humanitarios y ofreciendo un modelo para otras naciones con desafíos similares. A pesar de ser una iniciativa limitada, se espera que sirva como precedente para políticas más inclusivas en la región.

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Investigadores respaldados por la ONU han denunciado torturas sistemáticas y violencia sexual en centros de detención controlados por el ejército de Myanmar. Un informe del Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar documenta atrocidades como palizas, descargas eléctricas y violaciones grupales, evidenciando un patrón creciente de abusos desde el golpe militar de 2021. La investigación se basa en más de 1300 fuentes y testimonios, identificando a responsables dentro de las fuerzas de seguridad. A medida que la crisis humanitaria se agrava, los investigadores buscan rendir cuentas a los perpetradores ante tribunales internacionales, mientras enfrentan desafíos operativos debido a recortes presupuestarios en la ONU.