La falta de protección a periodistas en Europa persiste
Desde la adopción de la Directiva Europea sobre la protección de periodistas víctimas de demandas intimidatorias, conocida como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), en abril de 2024, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) contaban con un plazo de dos años para implementarla en sus legislaciones nacionales. Sin embargo, hasta el pasado 7 de mayo, solo un número reducido ha cumplido con este compromiso. En lugar de ofrecer apoyo a los periodistas afectados por estos abusos legales, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha instado a los gobiernos, incluido el español, a tomar medidas efectivas para combatir un fenómeno que amenaza tanto la libertad de prensa como el derecho a la información.
RSF España ha denunciado durante años el uso indebido del sistema judicial para intimidar a medios y profesionales del periodismo. Medios digitales como ElDiario.es, El Confidencial e InfoLibre han sido blanco frecuente de demandas intimidatorias por parte de figuras políticas y empresariales, quienes alegan violaciones del derecho al honor o revelaciones indebidas. Recientemente, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, presentó nuevas acciones legales contra varios periodistas, también denunciadas por RSF España. Las tácticas de "lawfare" no solo provienen del ámbito político o empresarial; también se han visto involucrados actores del sistema judicial, como lo demuestra el caso del juez Peinado, quien ha interpuesto demandas contra varios periodistas.
Demandas intimidatorias en democracias garantistas
En democracias consolidadas como España, las demandas intimidatorias no buscan encarcelar a los periodistas; más bien, su objetivo es amedrentar y silenciar. Estas acciones buscan desgastar legal y económicamente tanto al medio como al periodista durante y después del proceso judicial. La pregunta que surge es: ¿cómo puede un periodista abordar temas por los cuales ha sido demandado mientras están pendientes decisiones judiciales? Los recursos que una redacción debe invertir en defensa legal pueden ser abrumadores y comprometer su capacidad para cubrir noticias relevantes.
A pesar de contar con una directiva protectora destinada a salvaguardar a los periodistas frente a acciones judiciales abusivas, su transposición por parte del Gobierno es urgente. El fenómeno del 'lawfare' contra la prensa está en aumento y requiere atención inmediata.
Edith Rodríguez Cachera. Vicepresidenta de RSF España.
La reciente Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, publicada por RSF, indica que más de la mitad de los países enfrentan situaciones “difíciles” o “muy graves” en términos de libertad informativa. Este descenso marca el peor nivel registrado en 25 años y refleja una tendencia preocupante hacia la criminalización del periodismo.
Casos recientes en Europa
En Francia, los periodistas del medio investigativo Splann! han visto aumentar las denuncias relacionadas con sus investigaciones sobre la agroindustria. Por otro lado, el sitio web StreetPress enfrenta repetidas presiones legales debido a su cobertura sobre grupos extremistas. En Grecia, comenzó un juicio contra el medio digital TVXS, interpuesto por Grigoris Dimitriadis, exsecretario general del primer ministro. Este reclama 550 000 euros por daños supuestamente causados por artículos relacionados con su implicación en un escándalo conocido como Predatorgate.
En Bulgaria, Dimitar Stoyanov, periodista del portal Bird.bg, vio cómo sus cuentas bancarias eran congeladas tras varias denuncias por difamación presentadas por un empresario local mientras investigaba acusaciones de corrupción. Este uso creciente de procedimientos judiciales abusivos contra periodistas se ha intensificado en toda la UE según diversos informes.
A falta de protecciones jurídicas adecuadas y ante la debilidad de los mecanismos nacionales existentes, los periodistas siguen expuestos a procedimientos intimidatorios sin una protección real. La directiva europea contra las demandas SLAPP representa un avance significativo que debe ser urgentemente implementado por los Estados miembros.
Antoine Bernard. Director de Incidencia de RSF.
Progreso lento en la transposición
Aprobada en abril de 2024, la directiva anti-SLAPP busca proteger a todos aquellos que participan en debates públicos frente a litigios abusivos. Sin embargo, muchos Estados miembros aún no han completado su transposición pese al tiempo otorgado hasta mayo pasado. Algunos países están trabajando en proyectos legislativos o decretos; otros ni siquiera han comenzado reformas significativas.
A mediados de abril, el Gobierno español anunció su proceso para incorporar esta normativa al ordenamiento jurídico nacional. Se prevé que permita archivar tempranamente aquellas acciones judiciales manifiestamente infundadas y facilite la intervención de terceros para apoyar a las partes demandadas.
Nuevas medidas contra litigios abusivos
Aparte de esto, se introducirán instrumentos específicos para sancionar litigios abusivos mediante costos extraordinarios y compensaciones disuasorias. El objetivo es evitar que los tribunales sean utilizados como herramientas para hostigar o intimidar a quienes ejercen su derecho a informar.
RSF celebra estas iniciativas pero espera ver resultados concretos pronto. Además, invita a otros Estados miembros a presentar propuestas legislativas ambiciosas que no se limiten a una transposición mínima sino que incluyan:
- Mecanismos judiciales efectivos para desestimar rápidamente demandas manifiestamente abusivas.
- Asegurar que todas las disposiciones protectoras se aplican incluso en procedimientos penales.
- Tener en cuenta los procedimientos nacionales donde se registran muchas SLAPP actualmente.
RSF continúa trabajando activamente en este tema dentro del grupo experto establecido por la Comisión Europea desde mayo pasado.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la directiva anti-SLAPP adoptada por la UE?
La directiva anti-SLAPP es una normativa europea adoptada en abril de 2024 con el objetivo de proteger a los periodistas y otros participantes del debate público contra demandas intimidatorias conocidas como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation).
¿Cuánto tiempo tenían los Estados miembros para transponer la directiva a su legislación nacional?
Los Estados miembros de la Unión Europea disponían de dos años, hasta el 7 de mayo de 2026, para transponer la directiva a su legislación nacional.
¿Cuántos países han cumplido con la transposición de la directiva anti-SLAPP?
Hasta la fecha límite, solo un puñado de países ha cumplido con su compromiso de transponer la directiva a su legislación nacional.
¿Cuál es el impacto del 'lawfare' en la libertad de prensa?
El 'lawfare' erosiona tanto la libertad de prensa como el derecho a la información de los ciudadanos, ya que busca amedrentar y silenciar a los periodistas mediante procedimientos judiciales abusivos.
¿Qué medidas propone el Gobierno español en relación con la transposición de esta directiva?
El Gobierno español prevé que los tribunales puedan archivar acciones judiciales manifiestamente infundadas y facilitará la intervención de terceros en apoyo a las partes demandadas, entre otras medidas protectoras.
¿Qué limitaciones tiene actualmente la directiva anti-SLAPP según RSF?
RSF señala que la directiva no cubre las denuncias penales, como las de difamación, ni los procedimientos puramente nacionales, lo que limita su efectividad en algunos casos.
Si (
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