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Colombia ha marcado un hito histórico en la lucha contra la impunidad con las primeras condenas por crímenes del conflicto, dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Siete exmiembros de las FARC-EP fueron condenados por delitos graves, incluyendo secuestros y torturas. Este fallo es considerado un paso fundamental hacia la rendición de cuentas y el cumplimiento de los derechos de las víctimas. Los condenados deberán participar en labores de justicia restaurativa, contribuyendo a reparar el daño causado. A pesar de este avance, persisten desafíos significativos relacionados con violaciones a los derechos humanos en el país.