Víctimas

Los ataques con drones rusos a la población civil de Ucrania, según un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, podrían constituir un crimen de lesa humanidad. Estos asaltos han sido sistemáticos y a gran escala, afectando a civiles e infraestructuras en regiones como Jersón, Dnipropetrovsk y Mykolaiv. Los expertos destacan la intención de "matar, mutilar y destruir", así como el impacto devastador en las comunidades, obligando a miles a huir de sus hogares. La situación ha llevado al cierre de servicios esenciales y comercios, aumentando el número de víctimas civiles en un 40% en comparación con el año anterior. La Comisión expresa preocupación por los esfuerzos coordinados para consolidar el control ruso en el territorio ucraniano.

Los civiles en Ucrania enfrentan una grave crisis humanitaria, según la ONU. Joyce Msuya, coordinadora adjunta de Ayuda de Emergencia, informó que no hay lugares seguros en el país y que casi trece millones de personas requieren asistencia. La situación se agrava por el uso de armas explosivas en áreas pobladas y la reciente decisión de Ucrania de retirarse de la Convención sobre minas antipersonal. Desde el inicio del conflicto, más de 13.500 civiles han muerto, incluidos 716 niños. Los ataques recientes han afectado gravemente a ciudades como Kiev y Odesa, intensificando la necesidad de ayuda humanitaria urgente.

En 2024, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España liberaron a 1.794 víctimas de trata y explotación, lo que representa un aumento del 22% en comparación con el año anterior. La Policía Nacional y la Guardia Civil llevaron a cabo 419 operaciones contra estos delitos, desarticulando 110 organizaciones criminales. Para más información, se pueden consultar el resumen ejecutivo anual y el balance estadístico sobre trata y explotación de seres humanos en España.

Colombia ha marcado un hito histórico en la lucha contra la impunidad con las primeras condenas por crímenes del conflicto, dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Siete exmiembros de las FARC-EP fueron condenados por delitos graves, incluyendo secuestros y torturas. Este fallo es considerado un paso fundamental hacia la rendición de cuentas y el cumplimiento de los derechos de las víctimas. Los condenados deberán participar en labores de justicia restaurativa, contribuyendo a reparar el daño causado. A pesar de este avance, persisten desafíos significativos relacionados con violaciones a los derechos humanos en el país.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado la creación de grupos centrales operativos por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil para investigar delitos y discursos de odio. Esta medida forma parte del III Plan de Lucha contra los Delitos de Odio, que incluye 109 acciones destinadas a prevenir y perseguir estos incidentes, así como a proteger a las víctimas. Para más información, se puede consultar el documento completo del plan.