Colombia

La ONU ha instado a proteger los avances del proceso de paz en Colombia, destacando la importancia de implementar el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016. Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, Miroslav Jenča, nuevo representante especial para Colombia, subrayó los logros en reforma rural y justicia transicional, pero también advirtió sobre desafíos persistentes como el aumento de la violencia y la necesidad de garantizar elecciones seguras. La embajadora colombiana, Leonor Zalabata, reafirmó el compromiso del Gobierno con una paz inclusiva y presentó avances significativos en la formalización de tierras y apoyo a excombatientes. Sin embargo, se identificaron retos como la violencia contra líderes sociales. Estados Unidos expresó críticas hacia las políticas del presidente Gustavo Petro y está revisando el mandato de la Misión de Verificación.

La Cooperación Sur-Sur está transformando la vida de comunidades rurales en Colombia y Chile, gracias a alianzas entre la FAO y gobiernos como Brasil, China y México. Este enfoque solidario permite rescatar tradiciones agrícolas y promover innovaciones sostenibles. Historias inspiradoras destacan cómo familias indígenas han revitalizado el cultivo del algodón, mejorado el acceso al agua potable mediante tecnologías accesibles y digitalizado sus negocios para expandir mercados. Estas iniciativas no solo combaten la pobreza y el hambre, sino que también fortalecen la resiliencia comunitaria, mostrando el impacto positivo de la cooperación internacional en el desarrollo sostenible.

Israel planea establecer "campos de concentración" en Rafah para albergar a los palestinos desplazados de Gaza, según la UNRWA. La situación se agrava con recientes ataques israelíes que han dejado 54 muertos en Gaza. En Texas, las inundaciones han resultado en más de 100 muertes, destacando la necesidad de mejorar las alertas tempranas, según la OMM. Además, la ONU denuncia ataques indiscriminados en Colombia que han causado 18 muertes este año. Por otro lado, un informe de la UNESCO revela que el consumo energético de la Inteligencia Artificial es comparable al de un país de bajos ingresos, sugiriendo medidas para reducir su huella energética.

Colombia ha marcado un hito histórico en la lucha contra la impunidad con las primeras condenas por crímenes del conflicto, dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Siete exmiembros de las FARC-EP fueron condenados por delitos graves, incluyendo secuestros y torturas. Este fallo es considerado un paso fundamental hacia la rendición de cuentas y el cumplimiento de los derechos de las víctimas. Los condenados deberán participar en labores de justicia restaurativa, contribuyendo a reparar el daño causado. A pesar de este avance, persisten desafíos significativos relacionados con violaciones a los derechos humanos en el país.

Las redes sociales se han convertido en un canal de reclutamiento para grupos armados en Colombia, atrayendo a adolescentes con contenido que muestra una vida de lujos y poder. Profesores de zonas de conflicto alertan sobre el impacto de esta estrategia, donde imágenes y música seducen a jóvenes vulnerables que enfrentan pobreza extrema y falta de oportunidades. En 2025, se reportaron más de 100 alegaciones de reclutamiento infantil, reflejando un aumento significativo respecto a años anteriores. La normalización del reclutamiento y el miedo a represalias dificultan la denuncia. A pesar del acuerdo de paz con las FARC, nuevos grupos han surgido, perpetuando un ciclo de violencia que afecta especialmente a comunidades indígenas y afrodescendientes. La ONU y organizaciones locales trabajan para ofrecer alternativas educativas y proteger a los jóvenes de estas amenazas.

La falta de fondos ha llevado al cierre de tres oficinas de derechos humanos en Colombia, según un informe reciente de la ONU. Estas oficinas, ubicadas en Medellín, Neiva y Villavicencio, son cruciales para prevenir la violencia en un país marcado por la actividad de grupos armados ilegales. La reducción de recursos ha impactado ya a las comunidades, disminuyendo la protección en áreas vulnerables y limitando la asistencia técnica a las fuerzas policiales. El informe también insta al gobierno colombiano y a donantes internacionales a asegurar el financiamiento necesario para continuar con estas labores esenciales. Además, se destaca la importancia de reforzar el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP y realizar reformas en el sistema de protección para defensores de derechos humanos. La ONU reafirma su compromiso con Colombia y su disposición para colaborar en la promoción de los derechos humanos como base para una paz duradera.