agencia espanola de proteccion de datos

El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) ha lanzado unas directrices sobre el tratamiento de datos personales mediante blockchain, sometiéndolas a consulta pública hasta el 9 de junio de 2025. Estas directrices, impulsadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), buscan ayudar a las organizaciones a cumplir con el RGPD al utilizar tecnologías blockchain. Se evalúan diferentes arquitecturas y se enfatiza la necesidad de realizar evaluaciones de impacto sobre la protección de datos antes de iniciar tratamientos que puedan representar riesgos para los derechos individuales. Las directrices también abordan técnicas de minimización de datos y subrayan la importancia de los derechos de las personas en cuanto a transparencia y supresión de datos. Para más información, visita el enlace.

El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) ha adoptado un nuevo Dictamen sobre la verificación de la edad en Internet, con el objetivo de establecer directrices claras para el acceso a servicios online que requieren una edad mínima. Esta iniciativa, impulsada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), busca proteger los derechos de la infancia y adolescencia en el entorno digital, garantizando al mismo tiempo las libertades de todos los usuarios. El dictamen incluye diez principios fundamentales que abordan la prevención de riesgos y la minimización de datos, enfatizando que las herramientas de verificación no deben comprometer otros derechos. Con este enfoque, se promueve un marco normativo más consistente en la UE para asegurar un acceso seguro a Internet para los menores.

Lorenzo Cotino Hueso y Francisco Pérez Bes han sido nombrados presidente y adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), respectivamente, tras recibir el voto favorable del Congreso de los Diputados. Cotino Hueso es un destacado académico en Derecho Constitucional con una amplia trayectoria en privacidad y protección de datos, mientras que Pérez Bes cuenta con experiencia en ciberseguridad y derecho internacional. Ambos asumirán sus cargos por un período de cinco años, con posibilidad de renovación. Estos nombramientos son fundamentales para fortalecer la regulación y protección de datos en España.