Nos lo jugamos todo

Sin embargo, mientras unos extirpan el tumor exigiendo dimisiones, decretando expulsiones, y pidiendo explicaciones, auditorías y disculpas a la ciudadanía; otros aún no han descifrado el enigmático apunte “M. Rajoy” en los papeles de Bárcenas. Por tanto, sí hay diferencias en la gestión de la corrupción, aunque sea igual de despreciable en todos los casos.

Y luego están los agoreros del caos, los que prefieren teorizar que cuanto peor se pongan las cosas, mejor les irá a ellos a la hora de convertirse en alternativa y opción electoral. Con la mirada corta se sitúan en posiciones teóricas de superioridad y custodia de las esencias ideológicas, tratando de alimentar la idea de un futuro que sólo será posible tras las consecuencias de un desastre que les situará en la indiscutible posición heroica de la redención.

Esta miopía de algunos, a la izquierda del tablero político, que les impide ver las consecuencias devastadoras para la democracia, por lo que está ocurriendo en Europa con el crecimiento de la extrema derecha, y en USA con la imposición de un autoritarismo rampante que puede reventar la estructura institucional del país, puede llevar a unas teorías salvadoras de unos resultados electorales nefastos para España.

No hay que olvidar que en estos momentos somos el país democrático que representa la “excepción ibérica” en la UE con datos económicos y de creación de empleo por encima de la media, gracias a una coalición de gobierno progresista, novedosa y única, en el último periodo democrático de España.

Un gobierno que desde 2018 ha legislado a favor de la gente trabajadora y de la mayoría social. Con una reforma laboral que fomenta la contratación indefinida, mecanismos de flexibilidad interna a través de los ERTE, y que prioriza el convenio sectorial sobre los de empresa en materia salarial. Con un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation UE) que aborda la transición ecológica con el impulso de energías renovables, la digitalización de las pymes y la administración pública, la modernización productiva en la industria, el turismo y el sector agroalimentario, y la inversión de miles de millones de euros de las arcas europeas para la generación de empleo.

Además, el gobierno de coalición ha incrementado el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.184€ al mes, ha impulsado ayudas directas a colectivos vulnerables, ha reducido los impuestos a la energía, ha fomentado el transporte público, ha puesto límites a la subida de los alquileres, y ha impulsado estrategias emprendedoras para la innovación y la creación de empleo de alto valor añadido.

Poder perder este gobierno progresista de avances sociales y económicos, por cálculos ideológicos que se ocupan y se preocupan más por los intereses territoriales o partidistas, que por conquistar y garantizar más y mejores condiciones materiales para la vida de la gente, puede dejar el progreso de España a los pies de los caballos y en riesgo de ser gobernada por un Partido Popular (condenado como organización criminal por corrupción) junto a una extrema derecha que lo único que pretende es desmantelar el Estado de Bienestar alcanzado en los últimos años y desgajar a España de la UE, colocando, para ello, el punto de mira de su artillería mediática y cultural sobre los inmigrantes, las mujeres, y los sindicatos de clase.

La corrupción tiene consecuencias devastadoras para la democracia y la mayoría de investidura debe ser absolutamente exigente y rigurosa a la hora de pedir explicaciones y responsabilidades al PSOE por los casos de corrupción detectados, pero también debe ser consciente de las consecuencias que tendría, para la coalición progresista, situar a todos en la misma supuesta trama de corrupción bipartidista perpetua que afecta a España.

El PP, tras su Congreso Nacional, ha dejado claro que su mimetización con la extrema derecha es absoluta, persiguiendo los mismos objetivos con las mismas herramientas: toda la agresividad posible, sin ninguna propuesta. Tras la sesión monográfica sobre corrupción, en el Congreso de los Diputados, del pasado 9 de julio, la estrategia de Feijóo pasa por lo más despreciable que puede hacerse en política: recurrir al insulto y la calumnia cuando se pierden (o no se tienen) los argumentos políticos.

España está en un punto de inflexión, entre fracasar y asumir por la vía rápida el trazo grueso del "todos son iguales" al que aspiran los nostálgicos del bipartidismo, del statu quo conviviente, en el que los poderosos se sienten y se sientan cómodos para repartir el pastel entre corruptos y corruptores; o ante la oportunidad de blindar el Estado, frente a las tentaciones de corromperle, impulsando más compromisos legislativos de carácter social y económico, y de control de la gestión y contrataciones públicas para evitar que los tentados a aprovecharse de sus cargos no puedan, en ningún caso, meter la mano en el cajón.

La ciudadanía progresista de nuestro país puede estar agradecida del desenmascaramiento definitivo de un Partido Popular desesperado, que está dispuesto a cualquier cosa para desgastar al gobierno porque, en realidad, no le salen las cuentas electorales. La famosa consigna de Aznar de “quien pueda hacer que haga”, va a marcar los próximos meses en la política española desde todos los ámbitos reaccionarios, incluso los ilegales y los más despreciables que podamos imaginar.

La responsabilidad de todas las fuerzas progresistas, de todo tipo, es la de enfrentar la estrategia de desgaste, desde todos los ámbitos democráticos posibles, sin bajar la guardia, en el nuevo ciclo electoral que comienza en Castilla y León en 2026 y que se cerrará con las siguientes Elecciones Generales. Nos lo jugamos todo.