La falta de fondos ha llevado al cierre de tres oficinas de derechos humanos en Colombia, según un informe reciente de la ONU. Estas oficinas, ubicadas en Medellín, Neiva y Villavicencio, son cruciales para prevenir la violencia en un país marcado por la actividad de grupos armados ilegales. La reducción de recursos ha impactado ya a las comunidades, disminuyendo la protección en áreas vulnerables y limitando la asistencia técnica a las fuerzas policiales. El informe también insta al gobierno colombiano y a donantes internacionales a asegurar el financiamiento necesario para continuar con estas labores esenciales. Además, se destaca la importancia de reforzar el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP y realizar reformas en el sistema de protección para defensores de derechos humanos. La ONU reafirma su compromiso con Colombia y su disposición para colaborar en la promoción de los derechos humanos como base para una paz duradera.
