El Gobierno ha dado un paso significativo hacia la modernización de la publicidad del sector público al aprobar el Anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público. Esta iniciativa surge con el objetivo de adaptar la legislación española a las exigencias del Reglamento Europeo sobre Libertad de los Medios de Comunicación, reemplazando así la actual Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que lleva en vigor más de dos décadas.
Entre las medidas más destacadas, se establece un límite del 35% en la asignación de publicidad a un mismo medio o plataforma, basado en su cifra anual de negocios. Esta medida busca asegurar la independencia económica de los medios y evitar que su sostenibilidad dependa exclusivamente de fondos públicos. Además, los medios que deseen acceder a estos recursos deberán cumplir con las obligaciones de transparencia estipuladas por la normativa europea.
Nuevas regulaciones para los medios
El Consejo de Ministros, bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha subrayado que esta ley tiene dos objetivos fundamentales: garantizar la transparencia ante los ciudadanos y proteger la independencia de los medios. El ministro Óscar López destacó que es esencial que los ciudadanos conozcan cómo se utilizan sus recursos públicos y a qué campañas informativas se destinan.
La nueva normativa no solo busca actualizar las reglas existentes para los medios audiovisuales, sino también incluir por primera vez a los “prestadores de plataformas en línea” como sujetos regulados en el ámbito publicitario. Esto refleja una adaptación necesaria al panorama digital actual.
Límites y requisitos para recibir fondos
Una novedad relevante es el establecimiento del límite del 35%, que se aplicará a todos los medios que hayan recibido publicidad institucional. Aquellos que superen este umbral no podrán optar a recibir publicidad estatal. Sin embargo, esta limitación no afectará a aquellos medios cuya cifra de negocios no alcance los doscientos mil euros y cuya audiencia esté concentrada mayoritariamente en tres comunidades autónomas limítrofes.
Además, todos los medios interesados en recibir fondos públicos deberán hacer pública información sobre su estructura accionarial y el total anual destinado a ellos por parte del sector público. Este enfoque busca fomentar una mayor transparencia en el uso de recursos públicos destinados a publicidad.
Cooperación entre administraciones
La ley también establece un nuevo marco colaborativo entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA) para supervisar el gasto publicitario. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asumirá un papel central en este seguimiento, recabando información necesaria para garantizar un control efectivo sobre el gasto publicitario estatal.
A partir de ahora, el informe anual sobre publicidad deberá detallar quiénes son los beneficiarios finales de estos fondos, proporcionando una visión clara sobre quiénes poseen los medios receptores. Además, se ampliarán las competencias de la Comisión encargada, ahora denominada Comisión de Publicidad y Comunicación, para incluir también aspectos relacionados con la publicidad comercial del Estado.
Próximos pasos en el proceso legislativo
Con este visto bueno inicial del Consejo de Ministros, el Anteproyecto será sometido a consulta pública y recibirá aportaciones diversas antes de regresar al Consejo para su aprobación definitiva como proyecto legislativo. Este proceso permitirá incorporar opiniones tanto desde diferentes ministerios como desde las comunidades autónomas y entidades locales antes de su tramitación parlamentaria final.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 35% |
Límite de asignación de publicidad a un mismo medio o plataforma |
| 2 millones de euros |
Cifra de negocios para no aplicar el límite |
| 70% |
Porcentaje mínimo de audiencia concentrada en tres Comunidades Autónomas |
| 24 February 2026 |
Fecha de la noticia |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuál es el objetivo principal del anteproyecto de ley sobre publicidad del sector público?
El objetivo principal es garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos y asegurar la independencia de los medios de comunicación, evitando que su subsistencia económica dependa de fondos públicos.
¿Qué límite se establece para la asignación de publicidad a un mismo medio o plataforma?
Se establece un límite del 35% de la cifra anual de negocios del medio o plataforma, buscando así su independencia económica.
¿Qué requisitos deben cumplir los medios para recibir publicidad estatal?
Los medios deben cumplir con las obligaciones de transparencia establecidas por la regulación europea, incluyendo hacer pública su denominación, los nombres de sus propietarios y el importe total anual recibido en publicidad estatal.
¿Cómo se regulará la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas (CCAA) en el control del gasto publicitario?
Se establecerá un régimen básico aplicable a todas las administraciones públicas, donde las CCAA deberán remitir información sobre su seguimiento del gasto publicitario a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
¿Qué cambios se realizarán en la gobernanza institucional relacionada con la publicidad pública?
La Comisión de publicidad y comunicación institucional cambiará su nombre a Comisión de Publicidad y Comunicación, ampliando sus competencias para incluir también la publicidad comercial del Estado.
Si (
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