La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha recibido con cautela la aprobación inicial del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática por parte de la Asamblea Nacional. Los expertos advierten que la legitimidad de esta ley depende de un proceso que sea transparente e inclusivo, y que ponga en el centro a las víctimas.
Alex Neve, miembro de la Misión, destacó que esta legislación representa «una oportunidad para brindar justicia» a aquellos detenidos por motivos políticos. Sin embargo, enfatizó que su impacto real está condicionado a un proceso que cumpla con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
A pesar de celebrar la publicación del texto, la Misión expresó su preocupación por la ausencia de «consultas públicas informadas, inclusivas y seguras». Neve subrayó que «las voces de los innumerables venezolanos cuyos derechos han sido vulnerados deben ser escuchadas y estar en el centro de este proceso».
Preocupaciones sobre el alcance limitado
María Eloísa Quintero, también integrante de la Misión, manifestó una inquietud fundamental: el alcance limitado del proyecto. “Hay un riesgo significativo de excluir a muchas personas perseguidas políticamente y no garantiza por sí misma la restitución plena de sus derechos”, advirtió.
Ante esta situación, la Misión insistió en que es esencial que la ley contemple mecanismos claros para su implementación y supervisión independiente. Quintero sugirió que sería «conveniente» incluir a víctimas y organizaciones de derechos humanos en el proceso judicial para evitar una aplicación que no esté alineada con los estándares internacionales.
Finalmente, Neve hizo un llamado urgente: «Es fundamental que el proceso de liberación de personas detenidas, ya en marcha, continúe sin interrupción». Este llamado cobra mayor relevancia ante informes sobre el grave deterioro en la salud de algunos detenidos y muertes registradas bajo custodia. La Misión se compromete a seguir monitoreando este proceso con atención.
Antecedentes: En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente para determinar los hechos sobre Venezuela mediante la resolución 42/25, con un mandato inicial por un año para evaluar las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas desde 2014. Posteriormente, el Consejo prorrogó este mandato por dos años más, hasta septiembre de 2026.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ha dicho la Misión Internacional sobre la Ley de Amnistía en Venezuela?
La Misión acogió con cautela la aprobación inicial del proyecto de Ley de Amnistía y advirtió que su legitimidad depende de un proceso transparente e inclusivo centrado en las víctimas.
¿Cuáles son las preocupaciones expresadas por los expertos respecto a la Ley?
Los expertos señalaron preocupaciones como el alcance limitado de la Ley y la falta de consultas públicas informadas, inclusivas y seguras. También enfatizaron que debe incluir mecanismos claros de implementación y supervisión independiente.
¿Qué se considera necesario para garantizar la legitimidad e impacto de la Ley?
Es fundamental que el proceso sea transparente e inclusivo, y que esté plenamente fundamentado en el derecho internacional de los derechos humanos.
¿Qué se recomienda para el proceso de liberación de personas detenidas?
Se hizo un llamado urgente para que el proceso de liberación continúe sin interrupción, especialmente ante informes sobre el grave deterioro de salud de los detenidos.
¿Cuál es el contexto histórico relacionado con esta Misión Internacional?
La Misión fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019 para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014, y su mandato fue prorrogado hasta septiembre de 2026.
Si (
No(
