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Dos periodistas venezolanos, en busca y captura por asesinato

miércoles 22 de octubre de 2014, 12:37h
Los periodistas venezolanos Patricia Poleo, editora del diario “El Nuevo País”, y Nelson Mezerhane, copropietario del canal Globovisión, han sido acusados, junto con otras dos personas, de presunta participación en la autoría intelectual del asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido el 18 de noviembre del 2004. El fiscal investigaba a opositores que pudieran haber participado en actos de desestabilización contra el gobierno del presidente Hugo Chávez.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, ha mostrado su preocupación y sorpresa por la orden de detención preventiva dictada la semana pasada contra los dos periodistas.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, se mostró sorprendido y “profundamente preocupado” de las acusaciones contra ambos periodistas. Asimismo, recordó que en el caso de la editora de “El Nuevo País” existe “un patrón de conducta en el que el Ministerio Público, sin muchas pruebas, la ha acusado de diferentes delitos en los últimos años”.

Segñun Marroquín, “la falta de independencia del Poder Judicial y la ligereza con que se ha señalado en otras oportunidades a Poleo y a otros periodistas demuestran una sistemática persecución contra los periodistas en Venezuela, especialmente contra aquellos que denuncian irregularidades cometidas por el oficialismo”.

La SIP protestó en enero pasado por el allanamiento de la vivienda de Poleo que, de acuerdo con las autoridades, tuvo como objetivo la búsqueda de las fuentes informativas que habría utilizado la periodista en artículos en los que denunció presuntos actos de corrupción cometidos por el fiscal Anderson.

Anteriormente, tanto Poleo como otros periodistas fueron enjuiciados en tribunales militares por el delito de “instigación a la rebelión”. “Es peligroso utilizar la justicia para intimidar y acosar a los periodistas”, consideró Marroquín, quien añadió que se enviará una comunicación oficial a las autoridades venezolanas para exigir que en su país se respete el derecho a informar y ser informado.
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