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El Defensor del Pueblo ampara a los periodistas afectados por la Ley de Enjuiciamiento Civil

miércoles 22 de octubre de 2014, 12:37h
Eduardo Múgica, Defensor del Pueblo, ha mostrado, a través de un comunicado, su apoyo a los periodistas afectados por la Ley de Enjuiciamiento Civil, tras entrevistarse con ellos. José García Abad, director de "El Siglo", Pedro Páramo, ex director de "Tiempo" y Ramón Jáuregui, director de "diarioDirecto.com", antes "Micanoa.com" acudieron al Defensor del Pueblo para darle a conocer su situación ante la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por su interés, reproducimos íntegramente el comunicado remitido por REnrique Múgica tras dicha reunión.
"El Defensor del Pueblo de España, Enrique Múgica, ha recibido esta tarde a los periodistas José García Abad, director de El Siglo, Pedro Páramo, ex director de Tiempo, y Fernando Jáuregui, director de diarioDirecto.com. Los tres periodistas le expusieron pormenorizadamente la situación de indefensión en que se encuentran por la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contempla la ejecución inmediata de las sentencias de un Juzgado de 1ª Instancia, que en muchos casos hace imposible el recurso a instancias judiciales superiores.
La aplicación de esta ley puede provocar en la práctica la desaparición de medios de comunicación que se ven imposibilitados de satisfacer algunas indemnizaciones particularmente cuantiosas acordadas por los juzgados de 1ª instancia, y que, sin embargo, podrían ser revisadas en instancias superiores. La citada ley exige a periodistas y medios de comunicación el pago inmediato de la indemnización antes de presentar otro recurso, sin que al receptor de la misma se le exijan garantías de devolución en su caso. Ello hace que el demandante pueda eludir con cierta facilidad la devolución de la indemnización, o de parte de ella, en el caso de que una instancia superior así lo ordenase tiempo después.
Todo ello está generando una sensación de inseguridad en los medios y en los informadores que puede llevar a una autocensura de hecho, con el menoscabo de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la información.
Ante ello el Defensor del Pueblo -que recibió a los periodistas acompañado de sus adjuntos Mª Luisa Cava de Llano y Manuel Aguilar- considera su deber interesar a los poderes públicos la modificación de la ley, o la contemplación en ella de una excepcionalidad que impida este ataque a estos derechos fundamentales.
Madrid, 3 de febrero de 2003"
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