El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 35/2023, que revisa los planes hidrológicos de diversas demarcaciones, incluyendo Tajo-Segura. La sentencia, a cargo del magistrado Fernando Román, sostiene que se cumplió con el proceso de concertación para determinar los caudales ecológicos y que el informe del Consejo Nacional del Agua fue emitido válidamente. Además, se rechazan las alegaciones sobre la falta de motivación técnica en la fijación de dichos caudales, destacando que los argumentos de la Junta no desvirtúan el procedimiento seguido. Esta decisión reafirma la legalidad del régimen de caudales ecológicos y su vinculación con otros aprovechamientos hídricos.
