Pilar Bardem, presidenta de AISGE, defiende el canon sobre el CD virgen

Establecida por la Ley de Propiedad Intelectual, la remuneración por copia privada se viene aplicando en España desde 1992. El legislador entendió entonces que cualquier ciudadano era libre de copiar un disco o una película para su uso particular, sin intenciones de lucrarse con su utilización colectiva. A modo de compensación al autor, se estableció un canon para los soportes grabables: por entonces, las cintas de audio y los videocasetes VHS.

La polémica llegó hace dos años, cuando cinco entidades de gestión, entre ellas la poderosa SGAE (Sociedad General de Autores) y AISGE, firmaron un acuerdo con fabricantes y distribuidores para establecer el canon en los nuevos formatos de grabación digital. Desde el 1 de enero de 2005, el usuario paga un plus cada vez que compra un CD grabable, tanto de sonido como de datos, un DVD de audio y vídeo, o un MP3 para almacenar su música favorita.

La aplicación de este “acuerdo privado”, tal como denunciaron asociaciones de internautas y federaciones de consumidores, ha encarecido los discos vírgenes y demás sistemas de almacenamiento digital. Sin embargo, el Tribunal de Defensa de la Competencia se ha pronunciado a favor de su legalidad. El pasado mes de julio, el Gobierno excluía de pagar el canon a los discos duros de ordenador y las conexiones ADSL, “así como a todos los sistemas de almacenamiento que no se usen preferentemente para copias”.