El artículo ha sido publicado en el número 34 de la revista Gaceta de Prensa

DURA LEX, SED LEX

DURA LEX, SED LEX

Pedro José Vila Santos, Vocal de KIASA

miércoles 22 de octubre de 2014, 12:37h
Los vendedores de publicaciones periódicas, también conocidos como kiosqueros, se enfrentan a una nueva afrenta de la administración pública, esta vez en forma de Ley con la finalidad confesa de terminar con el consumo del tabaco en España aunque seguramente se conformarán con que no siga creciendo y los jóvenes lo vayan abandonando.

No vamos a negar la necesidad de esta Ley y menos los que hablamos desde la experiencia del exfumador. La cuestión no es si esta ley es buena o mala, necesaria o absolutamente prescindible ya que en su bondad y necesidad todos estamos de acuerdo (bueno todos excepto los fabricantes de tabaco y el aún monopolio de la distribución de labores del tabaco en España) lo que nos ocupa y preocupa es el artículo 3 del proyecto de Ley que se encuentra en fase de discusión parlamentaria.

¿Qué dice el artículo de marras? Pues ni más ni menos que se prohibirá la venta manual de labores a excepción de la red habilitada para ello y que mucho nos tememos se refiere única y exclusivamente a los estancos. Los demás, hostelería y kioscos, deberemos proveernos de la correspondiente máquina si queremos seguir dando servicio a nuestros clientes.

Algún iluso nos vendrá con la cantinela de que la solución es fácil ya que únicamente deberemos instalar una de tales máquinas en nuestros locales para estar de acuerdo con la futura legislación (por cierto algunos avispados ya dan por vigente la Ley desde este mismo mes de julio y se dedican a tratar de endilgar máquinas nuestros compañeros más despistados o crédulos). Efectivamente la solución es así de fácil, únicamente debemos de invertir entre 3.000 y más de 6.000 euros (en función de la marca, modelo, capacidad, etc.) para seguir dando un servicio que nos permite obtener un beneficio de 0,15€ por cajetilla, un exiguo 6,25%, inferior al margen del que disfrutan los estancos a los que por ley debemos adquirir los cigarrillos y que mantienen incólume el monopolio del que disfrutan desde el final de la guerra civil. Si tomamos la media, 1.000€/mes, tenemos que el “beneficio” mensual sería de 62,5€, 1.250€/año a los que deberemos deducir el importe de la tasa para poder distribuir cigarrillos (40€/año), el coste de la energía eléctrica aunque no sea muy elevado, la previsión para averías, el incremento en el coste del seguro del local...... Resultado que trabajamos para el fabricante de la máquina, la compañía eléctrica, el Comisionado del Tabaco y el estanco al que, obligatoriamente insisto, debemos comprarle la mercancía y todo ello durante un mínimo de tres años, tres años al menos en blanco, trabajando ,como diría el castizo, para el inglés. Eso en el supuesto de que tengamos un local, no un kiosco en la calle que en este caso ni aunque nos regalen la máquina podríamos cumplir la ley. No tenemos sitio ni para tenerla ni, en el hipotético caso de que la pudiésemos tener en la calle a la intemperie, para guardarla al final de la jornada laboral.
Otro iluso, los hay para todos los gustos y ocasiones, probablemente se preguntaría por la razón para exigir la existencia de la dichosa máquina. Según los técnicos del ministerio la finalidad es impedir el acceso al tabaco de los menores (ahora de 16 años y en breve de 18) como si la entrega en mano fuese menos segura al efecto que una máquina a la que resulta imposible tenerle la vista encima las 14 horas que dura la jornada de un kiosquero. Más parece que todo esto sea obra del lobby de fabricantes de máquinas expendedoras para los que se abre un futuro esperanzador, de repente tiene ante sí un mercado prácticamente virgen de cerca de treinta mil potenciales clientes; multiplíquese esta cantidad por el coste de la máquina más barata, coste que con absoluta seguridad sufrirá un incremento importante a la vista de la obligatoriedad de su adquisición, y tendremos a la vista un negocio de varias decenas de millones de euros.

Parece evidente que los burócratas del ministerio del interior no tiene la menor idea de que va todo esto del control de las ventas a menores, de la misma manera que no la tiene en lo que atañe al control de la venta de alcohol a los mismos aunque hemos de reconocer la fuerza de nuestros colegas de hostelería ya que a ellos no sólo no se les obliga a vender el alcohol en maquinistas “ad hoc” sino que la medida en curso de convertirse en fuerza de ley no les afecta lo más mínimo, por puro imperativo económico tiene máquinas instaladas como única forma de que el cliente no se vaya, por simple despiste y sin la menor malicia, sin abonar el importe del tabaco. Por otra parte la miopía de estos burócratas es de tal envergadura que hasta se han permitido desoír las alegaciones que desde algunas autonomías (nos consta directa y personalmente el caso del Principado de Asturias) con algo más de sentido común que el demostrado les han hecho llegar.

Pero claro, la cadena de despropósitos no se queda únicamente en el caso de las máquinas ya que parece evidente que estamos ante algo más que un intento, loable faltaría más, de conseguir que el consumo de tabaco baje ya que todos somos conscientes de que su absoluta erradicación es tarea prácticamente imposible aunque en este sentido hemos de decir que seguramente ayudaría más poner su precio en los mismos niveles que tiene en la Unión Europea, 6€/paquete e incluso más. Si los combustibles los pagamos a precios europeos no se entiende cual es la razón para que con el tabaco no ocurra lo mismo. Decía que parece existir alguna razón oculta y desde luego algunos pensamos que se trata de afianzar el monopolio de la distribución y venta al menor del tabaco en manos de una compañía privada, Altadis, y de un conglomerado de concesiones administrativas que campan a sus anchas saltándose las normas impunemente y practicando una competencia no sólo desleal sino absolutamente ilegal.

Finalmente nos parece de absoluta justicia exigir que, si la ley se promulga con el articulado que actualmente se conoce se exigiera un escrupuloso acatamiento de la legislación en todos los órdenes y no únicamente en lo que atañe a la venta de labores de tabaco fuera de los “cauces administrativos reglamentarios” y en tal sentido que la venta de prensa y revistas se realice exclusivamente en los quioscos ya que de esta manera se evitaría una atomización del mercado que únicamente beneficiaría a editores y distribuidores en claro perjuicio en último término de los consumidores.
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