El magnate Silvio Berlusconi amplía su imperio mediático comprando una radio y una televisión digital de pago

El interés del primer ministro por hacerse con los medios del país no hace más que concretarse con operaciones que amplía an su influencia mediática en Italia. La última ha sido la participación del político en la compra del primer grupo de radio para reforzar su imperio de televisiones, editoriales, películas de cine y revistas.

La editorial Mondadori, controlada por el holding de la familia de Berlusconi Fininvest, afirmó que había cerrado un trato para comprar el grupo nacional de radio Radio 1-O-1 por 39,6 millones de euros. Además anunció la adquisición del 10% de las acciones de Rock FM, dueña de dos de las licencias de radio local, y el lanzamiento por parte de Mediaset a finales de esta semana de una televisión digital de pago junto con el magnate de la segunda unidad mediática más poderosa del país (Telecom Italia), Marco Tronchetti Provera.

Estos movimientos coinciden con una gran reestructuración del mercado, provocada en parte por la controvertida reforma de la ley de medios que tuvo lugar en 2004, que establecían restricciones en la propiedad de medios. La ley fue rechazada por el presidente de la República Carlo Azeglio, que no quiso promulgarla por considerar que favorecía al magnate italiano. Según la oposición esta privatización suponía un beneficio para Silvio Berlusconi y no para los ciudadanos. Sin embargo el Senado aprobó definitivamente su promulgación que afectaría a los ingresos de los grandes grupos de comunicación y a la evolución digital del país.

La nueva ley estipulaba que ninguna empresa pueda superar el 20% del Sistema integrado de Comunicaciones que controla la publicidad. Esto permitía un aumento en unos 2.000 millones de euros la cuota de mercado, cuando, según las leyes italianas el límite de publicidad máximo para la televisión se situaba en el 18% sin contar los espacios de televenta. Además se obligaba a la RAI a hacer llegar la emisión digital al 70% de los hogares italianos, favoreciendo la privatización del ente público al vender el 10% del capital. Además la privatización parcial, aprobada finalmente el pasado mes de septiembre, establecía la obligación de desarrollar la tecnología digital antes del 2006, algo que, sin embargo, sí respaldó el Antimonoplio.