El Congreso aprueba la tramitación del Estatuto Profesional de los Periodistas

miércoles 22 de octubre de 2014, 12:37h
La propuesta presentada por IU obtuvo 175 votos a favor y 135 en contra por parte del PP
La propuesta presentada por IU obtuvo 175 votos a favor y 135 en contra por parte del PP
La propuesta de Izquierda Unida para aprobar un estatuto periodístico que garantice la independencia de los informadores y refuerce ‘su profesionalidad’, del pasado 23 de noviembre, ha sido aceptada a trámite en pleno en el Congreso. A pesar de las reticencias iniciales del PSOE, que finalmente ha acabado aceptando, y del rechazo del P.P, únicos en votar en contra, la propuesta de ley será tomada en cuenta. El documento incluye la regulación de la titularidad, acreditación y titulación de los mismos, el trabajo de los ‘freelance’ o ‘trabajadores por libre’, así como sus derechos y deberes
Luz verde para el esperado estatuto periodístico del que tanto hemos oído hablar pero que no parecía materializarse para desgracia de los informadores. El Pleno del Congreso aprobó ayer tomar en consideración la proposición de ley, presentada por el grupo parlamentario de IU-ICV el pasado 23 de noviembre para regular el estatuto del periodista profesional. Una decisión que ha sido objeto de polémica en los últimos días ya que el texto parecía no ser plato de buen gusto para algunos parlamentarios. Finalmente ha sido aceptado a trámite con 175 votos a favor de PSOE, IU, CC, CiU y Mixto, 134 votos en contra del PP y una abstención.

La intención según el documento presentado es regular la profesión periodística en pos de la libertad de expresión y la dignificación de la profesión, ‘garantizando la independencia de los informadores’.

Isaura Navarro, diputada de IU-ICV, defendió la toma en consideración de esta proposición de ley para garantizar una información veraz y los derechos de los encargados de transmitir la información ante un mundo globalizado y en un momento de concentración de medios.

El texto pretende ‘reforzar su profesionalidad y consiguientemente la independencia frente a los poderes políticos y económicos’, para lo que se hace necesario una situación estatutaria especial al igual que se hace en los países vecinos. El documento incluye también la regulación del trabajo de los freelance, o periodistas ‘por libre’ y los deberes y derechos de los profesionales de la información más allá de la cláusula de conciencia y el secreto profesional, ya planteados en la Constitución y en los códigos deontológicos actuales. En definitiva, plantea ‘un conjunto de facultades que afirman la independencia frente al poder político y busca un equilibrio con la propia independencia editorial de las empresas informativas’, según sus responsables, ‘compatible con los derechos exclusivos de propiedad intelectual y acorde con los nuevos mecanismos de acceso a través de redes de telecomunicaciones y sistemas informáticos’. Por último también se desarrolla la participación en la orientación editorial a través de los Comités de Redacción y el director ‘como bisagra entre los titulares del poder editorial y la redacción’.

Entre los puntos más controvertidos del proyecto de Estatuto tramitado, se encuentra la creación de un Consejo Estatal de la Información, o su equivalente autonómico, con facultades para expedir carnés que acreditarán la condición de periodista profesional de quien lo posea, y que tendrá carácter sancionador, una potestad que podrá ejercer no sólo sobre el periodista sino también sobre la empresa editora. Discernirá entre violaciones leves, que conllevarán ‘amonestación privada’ o graves del Código Deontológico según tengan o no ‘intención dolosa’, en cuyo caso se puede incluso hacer efectiva ‘la retirada del carné profesional’ entre seis meses y dos años. Las empresas podrán ser sancionadas con multa del uno por ciento de sus beneficios netos, ‘cuando se demuestre que la violación grave de los deberes éticos venga exigida o alentada por la empresa informativa o forme parte de una pauta editorial’, y si reinciden ‘la sanción puede elevarse hasta el 10% de los beneficios netos’.

Los portavoces de los grupos parlamentarios de CC, del PNV, de CiU, del PSOE y de ERC afirmaron en el debate que votarían a favor de la toma en consideración de esta proposición no de ley, pero anunciaron la presentación de enmiendas al no estar de acuerdo con algunas partes del escrito.

Algo parecido ocurrió en las filas del PP, que según su portavoz, Alejandro Ballestero, el documento no presenta novedades respecto al presentado en el 2001, por lo que su grupo votó en contra. Según él, le falta de seguridad jurídica, invade competencias autonómicas y contiene aspectos, como el secreto profesional, que deben ser regulados por Ley Orgánica. ‘Hay prerrogativas desorbitadas y en otros aspectos, pocas garantías. No se habla del deber de rectificación, y los comités de redacción tienen un cierto olor a comisario’, manifestó.

Por su parte, Ramón Jáuregui, recordó las promesas electorales de su partido, y a pesar de votar a favor señaló que ‘no es un buen proyecto legislativo’, por lo que propondrán modificaciones. Además hizo hincapié en que las cláusula recogidas ya se plantearon en el Foro de Organizaciones de Periodistas, que se celebró en Barcelona el pasado 27 de octubre, ‘por lo que es un proyecto de parte’ que no tiene en cuenta a las empresas; que no regula derechos ni deberes, que invade competencias autonómicas, y además recordó que la cláusula de conciencia ya está regulada.

El diputado de CiU Jordi Xucla consideró necesaria ‘una intervención de los poderes públicos, del Parlamento, para aplicar un mínimo marco de garantías para el desarrollo en libertad de la profesión periodística’, ya que la ‘autorregulación’ se ha demostrado insuficiente, y José Ramón Beloki del PNV abogó por acabar con la ‘supeditación de los medios de comunicación a los vaivenes de la política’.

El texto cuenta con el respaldo de la Federación de Sindicatos de Periodistas y la Asociación de Periodistas de Madrid (APM).
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