España y 24 países han firmado una declaración conjunta pidiendo un alto el fuego inmediato en Gaza, destacando el sufrimiento de la población civil. La declaración condena la entrega de ayuda humanitaria por parte del Gobierno israelí, que se considera peligrosa y deshumanizante. Se exige la liberación de los rehenes retenidos por Hamás y se insta a Israel a eliminar las restricciones a la asistencia humanitaria. Además, se rechazan propuestas de desplazamiento forzoso de palestinos y se denuncia la construcción acelerada de asentamientos israelíes en territorios ocupados. La comunidad internacional es llamada a unirse para poner fin al conflicto y apoyar esfuerzos diplomáticos hacia la paz.
Un grupo de 25 países, entre los que se incluye España, ha emitido una declaración conjunta en la que exige un alto el fuego inmediato en Gaza. Este pronunciamiento, cargado de urgencia y preocupación, subraya la necesidad de poner fin a la guerra que ha causado un sufrimiento sin precedentes a la población civil de la región.
Los firmantes han denunciado el actual modelo de entrega de ayuda por parte del Gobierno israelí, al considerarlo peligroso y generador de inestabilidad. Se hace hincapié en que este enfoque priva a los gazatíes de su dignidad humana, resaltando que más de 800 palestinos han perdido la vida mientras intentaban acceder a recursos básicos como agua y alimentos. La negativa del Gobierno israelí a proporcionar asistencia humanitaria esencial es calificada como inaceptable, instando a Israel a cumplir con sus obligaciones según el derecho internacional humanitario.
La declaración también aborda la situación crítica de los rehenes mantenidos por Hamás desde el 7 de octubre de 2023. Los firmantes condenan su retención y piden su liberación inmediata e incondicional. Un alto el fuego negociado se presenta como la vía más esperanzadora para lograr su regreso y aliviar el sufrimiento de sus familias.
Se solicita al Gobierno israelí que elimine las restricciones sobre la entrada de ayuda humanitaria y permita que organizaciones como la ONU y ONG puedan operar con seguridad para salvar vidas. Además, se hace un llamado a todas las partes involucradas para que protejan a los civiles y respeten las normas del derecho internacional humanitario.
Los firmantes rechazan cualquier propuesta que implique el traslado forzado de la población palestina a lo que se denomina una "ciudad humanitaria", calificando estas medidas como totalmente inaceptables. El desplazamiento forzoso permanente se considera una violación grave del derecho internacional.
Asimismo, se manifiestan en contra de cualquier intento destinado a alterar la composición territorial o demográfica en los Territorios Palestinos Ocupados. En particular, critican el plan de asentamientos E1 propuesto por Israel, advirtiendo que podría dividir al Estado palestino y socavar gravemente las posibilidades de una solución basada en dos Estados. La construcción acelerada de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, junto con el aumento de la violencia por parte de colonos hacia palestinos, es otro punto destacado que debe ser abordado urgentemente.
La declaración concluye instando a las partes implicadas y a la comunidad internacional a colaborar para poner fin al conflicto mediante un alto el fuego inmediato e incondicional. Se enfatiza que continuar con esta violencia no tiene sentido y reafirma el apoyo total a los esfuerzos realizados por Estados Unidos, Qatar y Egipto para alcanzar esta meta.
Finalmente, este mensaje ha sido respaldado por ministros de Asuntos Exteriores provenientes de diversos países como Australia, Bélgica, Canadá, Francia e Italia, así como por representantes clave en la Unión Europea.
En la declaración conjunta, España y otros 24 países piden un alto el fuego inmediato en Gaza debido al sufrimiento de la población civil y a las condiciones inhumanas que enfrentan.
La declaración menciona que el sufrimiento de la población civil ha alcanzado nuevas cotas, con más de 800 palestinos muertos mientras intentaban obtener ayuda humanitaria.
Se condena el modelo de entrega de ayuda del Gobierno israelí, considerándolo peligroso y que priva a los gazatíes de su dignidad humana.
Se solicita la liberación inmediata e incondicional de los rehenes que han estado cautivos desde el 7 de octubre de 2023.
Se pide al Gobierno israelí que elimine las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria y permita a la ONU y ONG llevar a cabo su misión para salvar vidas.
La declaración se opone firmemente a cualquier medida que implique un cambio territorial o demográfico en los Territorios Palestinos Ocupados, considerando el desplazamiento forzoso como una violación del derecho internacional humanitario.
Los firmantes expresan su disposición a adoptar nuevas medidas para apoyar un alto el fuego inmediato y una vía política hacia la seguridad y paz para israelíes, palestinos y toda la región.