La falta de fondos ha llevado al cierre de tres oficinas de derechos humanos en Colombia, según un informe reciente de la ONU. Estas oficinas, ubicadas en Medellín, Neiva y Villavicencio, son cruciales para prevenir la violencia en un país marcado por la actividad de grupos armados ilegales. La reducción de recursos ha impactado ya a las comunidades, disminuyendo la protección en áreas vulnerables y limitando la asistencia técnica a las fuerzas policiales. El informe también insta al gobierno colombiano y a donantes internacionales a asegurar el financiamiento necesario para continuar con estas labores esenciales. Además, se destaca la importancia de reforzar el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP y realizar reformas en el sistema de protección para defensores de derechos humanos. La ONU reafirma su compromiso con Colombia y su disposición para colaborar en la promoción de los derechos humanos como base para una paz duradera.
La situación de los derechos humanos en Colombia se encuentra en un punto crítico, marcado por la violencia y la creciente presencia de grupos armados ilegales. Este contexto ha sido destacado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos durante la presentación de su informe más reciente sobre el país. La dependencia de la ONU subraya que su labor es más esencial que nunca para prevenir la violencia, pero enfrenta una dura realidad: la falta de recursos obligará al cierre de tres oficinas en territorio colombiano.
En el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Maarit Kohonen Sheriff, directora de la División de Operaciones Globales, explicó que a pesar del trabajo realizado en cooperación técnica y acompañamiento estratégico, desde julio de 2023 se ha visto afectada por una crisis de liquidez. Esta situación ha llevado a que en los próximos meses se cierren las oficinas ubicadas en Medellín, Neiva y Villavicencio, lo que resultará en la reducción drástica del personal.
Apenas una semana después del anuncio del cierre, ya se perciben consecuencias negativas en las comunidades colombianas. Kohonen Sheriff destacó que muchas personas han expresado su angustia ante esta decisión, incluso llegando a llorar al conocer la noticia. Entre los efectos inmediatos se encuentra una disminución en la protección en áreas donde operan actores armados no estatales, lo que representa un grave riesgo para defensores de derechos humanos.
Además, se ha limitado la asistencia técnica a las fuerzas policiales para prevenir abusos en el uso de la fuerza. El informe insta al gobierno colombiano a asegurar el financiamiento necesario para mantener las operaciones de derechos humanos y resalta la importancia del acompañamiento internacional en procesos clave para alcanzar la paz.
El documento también reafirma el compromiso con Colombia y hace un llamado urgente para reforzar el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP en 2016. Se propone fortalecer las instituciones encargadas de llevar a cabo este acuerdo, especialmente en lo relacionado con las garantías necesarias para evitar futuras violencias.
Asimismo, se enfatiza la necesidad de desarrollar políticas de seguridad diferenciadas, que tomen en cuenta aspectos territoriales, étnicos y de género, con el objetivo de desmantelar organizaciones criminales aún activas en diversas regiones del país.
Una recomendación crucial dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz es incluir proyectos restaurativos dentro de sus sentencias que respondan tanto a los daños sufridos como a las propuestas presentadas por las víctimas. La Oficina también destaca la urgencia de reformar el sistema de protección para defensores de derechos humanos e invita a la sociedad civil a participar activamente en este proceso.
Aparte, se señala como prioridad una reforma profunda de la Policía Nacional, así como ajustes necesarios en la legislación sobre inteligencia para alinearse con estándares internacionales. Además, se debe acelerar la implementación de recomendaciones provenientes de la Comisión de Verdad establecida tras el Acuerdo de Paz.
A pesar del panorama incierto, ONU Derechos Humanos reafirma su disposición a colaborar estrechamente con las instituciones colombianas. A través de su presencia continua en el país, ofrece asesoría técnica y metodológica, buscando fortalecer mecanismos relacionados con justicia transicional y garantizar reparaciones integrales a las víctimas.
En un momento donde persisten amenazas contra la estabilidad nacional, el mensaje claro desde Naciones Unidas es mantener firme el enfoque hacia los d derechos humanos como base fundamental para lograr una paz duradera.
Las oficinas de derechos humanos en Colombia se cierran debido a la falta de fondos, lo que ha llevado a una crisis de liquidez en el presupuesto ordinario de la ONU.
Las oficinas que cerrarán están ubicadas en Medellín, Neiva y Villavicencio, cubriendo ocho departamentos en total.
El cierre ya está teniendo un impacto negativo, como la reducción de la protección en áreas donde hay presencia de actores armados no estatales, lo que aumenta el riesgo para los defensores de derechos humanos.
La ONU recomienda asegurar el financiamiento necesario para mantener su labor en el país y reforzar el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP.
Los defensores de derechos humanos enfrentan un mayor riesgo debido a la disminución de protección y asistencia técnica, lo que puede resultar en un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
A pesar del cierre de algunas oficinas, la ONU reitera su compromiso de seguir trabajando con las instituciones colombianas y ofrecer asesoría técnica para fortalecer la justicia transicional y garantizar los derechos humanos.