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La autorregulación no basta (Parte I de II)

La autorregulación no basta (Parte I de II)

Juan Francisco Escobedo / Fuente: www. etcetera.com.mx

miércoles 22 de octubre de 2014, 12:37h
La histórica y subordinada relación de los medios de comunicación hacia el régimen político alentó la saturación y colonización de los titulares, páginas, noticiarios y programas de análisis con información y contenidos sobre los asuntos del Presidente y de las élites políticas, durante su largo ciclo de persistencia autoritaria.

Sólo marginalmente y por excepción tuvieron cabida en los espacios mediáticos, las voces, las palabras, la presencia y las imágenes de los ciudadanos. Y menos aún cuando eran portadoras de crítica y disenso hacia el poder y sus representantes. La sociedad existía para los medios cuando se movilizaba dentro de la trama, los formatos y pautas establecidas por el régimen político.

Al autoritarismo le venía muy bien la movilización controlada, la sociedad articulada en los sindicatos, ligas y uniones que se forjaron durante los años del despliegue hegemónico. Pero cuando las masas irrumpían de manera inesperada, informal, beligerante y crítica, sus voces, rostros y palabras se desvanecían del espacio público oficial hasta perderse en el anonimato. Y no es que la sociedad no estuviese presente en los medios. Lo estaba, pero de manera domesticada, y siempre en su expresión de clase, sector o grupo social oficialmente movilizados y aceptados.

El ejercicio del derecho al voto y las movilizaciones sociales que implicaban su defensa desencadenaron la irrupción creciente y sistemática como sistemática era la manipulación política de nuevos segmentos sociales que exigían ser escuchados y atendidos por los medios.
Son las elecciones y las movilizaciones de ciudadanos irredentos a las pautas del régimen, los factores propiciatorios del proceso de descolonización del espacio público y de los formatos mediáticos, las opiniones y voces oficiales. Este proceso no ha concluido y se expresa de manera diferenciada en las regiones y el centro del país, los medios audiovisuales y en los medios escritos.

Durante los últimos 30 años se puede advertir una presencia elusiva y discontinua de las expresiones políticas de la sociedad mexicana en los medios, que para propósitos analíticos puede dividirse en tres etapas:
1. Esquema de tratamiento privilegiado de las manifestaciones de las masas organizadas bajo la égida del antiguo partido de régimen. Este esquema empieza a declinar en el sexenio de Miguel de la Madrid con las primeras elecciones locales competidas.

2. Tratamiento mediático diferenciado, inseguro, excepcional, negociado y aleatorio de las expresiones cívicas promotoras de elecciones libres, así como de movilizaciones postelectorales. El punto de cierre de esta etapa es la elección presidencial de 2000.

3. Surgimiento de un modelo de tratamiento y atención preferente de expresiones ciudadanas portadoras de contenidos y posiciones críticas y de disenso hacia el poder público, independientemente del signo del partido político que se encuentre en el gobierno federal o local. Este esquema sirve a los medios para replantear y negociar su presencia en el espectro mediático, su relación con el poder, con las audiencias y lectores, así como con sus anunciantes.

La transformación de los medios no se ha expresado de igual forma en el campo audiovisual, que en el campo de la prensa escrita. Como tampoco han sido similares los procesos de transformación y acondicionamiento a las nuevas circunstancias políticas y sociales del país.

Entre los casos paradigmáticos, las excepciones y resistencias se encuentran denominadores comunes que caracterizan el nuevo y singular proceso de transición mediática de México.

En los últimos tres años hemos observado la vertiginosa declinación del viejo modelo de subordinación de los medios al poder político, para dar paso a un modelo de subordinación de los actores políticos hacia los medios. El tránsito es evidente, complejo y preocupante. Debe ser explicado en sus causas e implicaciones de fondo.

Entre las aproximaciones más plausibles para explicar el nuevo proceso, refiero sólo dos:
1. El proceso de transición del autoritarismo a la democracia en México coincide con el desarrollo y arraigo de la denominada democracia de audiencia. Esto significa que cualquiera que sean las formas que adopte la democracia electoral y representativa, éstas no podrían prescindir fácilmente de sus rasgos mediáticos.

2. La debilidad e ineficacia de los poderes públicos, y en general del Estado de derecho, ha allanado el camino a los medios para compensar la insatisfacción que suscita este pobre desempeño, especialmente el de las instituciones que deben procurar, impartir y administrar justicia. La democracia de audiencia le otorga una enorme influencia y capacidad a los medios para hacer visibles procesos, actos y decisiones que no lo serían en otras circunstancias.

La creciente visibilidad de los actores políticos es condición necesaria, aunque no suficiente, para explicar los juicios mediáticos o juicios paralelos de que son objeto los actores políticos, señalados como presuntos responsables de delitos que, por ineficacia o respeto al debido proceso legal, no pueden ser enjuiciados rápidamente.

Entre los muchos factores que explican la subordinación de los actores e instituciones políticas hacia los medios de comunicación, resaltan dos que es importante señalar:
1. La dificultad manifiesta para reformar la Ley de Radio y Televisión, por el cabildeo y las presiones corporativas que los concesionarios de radio y televisión han ejercido sobre el Poder Ejecutivo y también sobre el Poder Legislativo.

2. El fracaso de la última tentativa para reformar el Cofipe con el objeto de reducir el monto del financiamiento público hacia los partidos políticos, que actualmente se destina en 70% a pagar las tarifas diferenciadas que establecen las televisoras privadas. Y por otra parte, la negativa de los concesionarios a admitir que sea el IFE, en un esquema provisional, el que negocie en nombre de los partidos, los términos y las tarifas de televisión de cara a las elecciones federales de 2006.

Ante este panorama de relaciones asimétricas entre la comunidad política y los medios, surge la siguiente interrogante, ¿en el corto plazo será posible, además de deseable, establecer nuevos términos de relación entre medios y sociedad, que además estén arropados por la existencia de una legalidad renovada, que evite que tales relaciones se queden en el voluntarismo y en el ámbito de la autorregulación?
El esquema de la autorregulación, por sí sólo es insuficiente, y hasta ahora no tiene la credibilidad necesaria como para seguir proponiéndolo como el modelo para establecer los límites y las pautas de relación entre la sociedad y los medios, en un contexto democrático.

En cualquier caso, la asunción de códigos de ética por parte de los periodistas, debe ser complementaria de la aplicación de las normas jurídicas. Es tiempo de superar la ingenuidad que subyace en la coartada con la que se ha pretendido desde hace más de un cuarto de siglo, encauzar el despliegue de los medios audiovisuales. Para que la autorregulación sea creíble y aceptada socialmente, debe acompañarse de la actualización de las leyes en la materia.

Desafortunadamente esta exigencia no ha encontrado eco en segmentos más amplios de la sociedad mexicana. Tal vez las explicaciones de tal apatía pueden encontrarse en el análisis de los datos que nos ofrece la última Encuesta Nacional sobre Cultura Política (ENCUP). Sólo como atenuante de tan desalentador panorama, es importante decir que eso no significa que la respuesta que los legisladores den a ese asunto sea la preservación del status quo de discrecionalidad y anacronismo que sigue reproduciéndose con la ley vigente (...).
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