Derechos de comunicación en Chile y en el mundo (Parte III, de III)

Lidia Baltra // Fuente: www. saladeprensa.org

miércoles 22 de octubre de 2014, 12:37h
Nosotros reprodujimos ese debate en Chile en los 80, con seminarios de periodistas, comunicólogos y el movimiento social entonces en lucha contra la censura y falta total de libertades bajo la dictadura. Y elaboramos una propuesta de Política Nacional de Comunicaciones para la Democracia que acabó en agosto de 2003 con la Ley de Prensa, en cuya elaboración primero y debate parlamentario después, se perdieron muchas iniciativas para democratizar nuestro sistema comunicacional con las consecuencias que hoy sufrimos.

Nuestra propuesta era notablemente más avanzada que la de la antigua democracia chilena previa al golpe de estado (1973), cuando el sistema comunicacional estaba también en un marco mercantil y donde la libertad de expresión consistía solamente en libre empresa de medios. Se basaba en el derecho a la libertad de opinión y expresión de la Carta de Derechos Humanos –cual es el derecho de todas las personas a expresarse y a difundir públicamente, a buscar y recibir informaciones y opiniones–, pero perfeccionada con los aportes del NOMIC. Sus principios básicos eran: 1) La comunicación es un servicio a la ciudadanía, no una mercancía. 2) El modelo comunicacional democrático requiere de un tipo de sociedad democrático en los planos político, económico, social y cultural. Y 3) Las personas deben internalizar y llevar a la práctica el Derecho a la Comunicación.

¿Cuáles eran estos derechos a la Comunicación que promovíamos?

El derecho a ser informado veraz, completa y oportunamente. El derecho a emitir sin restricciones mensajes individuales y colectivos. El derecho a participar en la propiedad, gestión, orientación y programación de los medios de comunicación y en general de todos los recursos destinados a la comunicación. El derecho a la generación, puesta en práctica y fiscalización de políticas nacionales de comunicación. El derecho al acceso a la información sobre asuntos públicos y al funcionamiento de la estructura estatal, de manera de mostrar a la comunidad la forma en que se está ejerciendo el poder.
Era la democratización del poder de emisión a través del derecho a emitir nuestros mensajes en los medios establecidos y a tener medios propios. En breve, pluralismo en el sistema de medios y dentro de cada medio.

Otra iniciativa importante que promovimos fue organizar a lectores, auditores y televidentes como sujetos activos. La idea consistía en incorporar en los planes de educación metodologías que les permitieran desarrollar una actitud crítica y activa ante la propuesta de contenido de los medios, lo que era clave para enfrentar la censura y tergiversaciones de los medios de entonces. Este objetivo tampoco se ha logrado.

Con la llegada de nuestra pálida democracia –o “democracia de baja intensidad”– la suerte de las comunicaciones estaba sellada: se había adoptado el sistema neoliberal legado por la dictadura y por lo tanto, el modelo comunicacional debía serle funcional. Hubo un influyente asesor del Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia que dijo que “la mejor política de comunicaciones es la que no existe”. Pero siempre hay una política comunicacional, en este caso, la que hoy rige es que el mercado decide. También es parte de esa política la Ley 19.733 sobre Libertad de Información y Opinión y Ejercicio del Periodismo o Ley de Prensa, más las medidas administrativas que toma el Poder Ejecutivo. Y esas medidas generalmente tienden a no causar disgusto a los propietarios de los medios de comunicación.

Aunque marginadas en Ginebra, las ONG que nos representan fueron invitadas a participar en la segunda etapa de la Cumbre, que se constituye en el primer espacio para colocar este tema a nivel mundial. Su tarea principal en estos meses ha sido trabajar la Campaña por Derechos de Comunicación o Campaña CRIS, con el patrocinio de la Fundación Ford, y que tiene como objetivo apoyar la emergencia de estos derechos a nivel nacional en los distintos países. Se está llevando a cabo actualmente en Africa, América Latina, Sudeste de Asia y Europa.

“Nuestra visión de la Sociedad de la Información –afirma CRIS– se basa en los Derechos de Comunicación como la manera de fortalecer los derechos humanos y la vida social, económica y cultural de las personas y las comunidades. Crucial en esto es que las organizaciones de la sociedad civil se agrupen para ayudar a construir una sociedad de la información basada en principios de transparencia, diversidad, participación, justicia social y económica, e inspirada por perspectivas igualitarias de género, cultura y regionales.”

Ya está en marcha en Italia, Bolivia, Colombia; Uruguay y Estados Unidos. En Ecuador partió a mediados del año pasado dentro del Foro Social de las Américas, donde las ONG latinoamericanas de comunicación emitieron la Declaración “Otra Comunicación es Posible”. En Chile estamos atrasados. Las organizaciones sociales chilenas deben movilizarse para conocer, hacer suyos, difundir y más tarde exigir nuestros derechos de comunicación.

Sólo cuando todos los exijamos, estaremos en condiciones de cambiar la actual política de comunicaciones basada en la ley del mercado, por otra que garantice el pluralismo y la igualdad de oportunidades para la difusión de todas las ideas.
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