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EE.UU mantiene su guerra contra los periodistas que se niegan a revelar sus fuentes

miércoles 22 de octubre de 2014, 12:37h
El ya denominado caso “Plamegate”, por el que la periodista Judith Miller fue a la cárcel tras negarse a revelar quién le filtro la identidad de una agente de la CIA, puede ser sólo el comienzo de una lucha encubierta que mantiene la clase política de Estados Unidos, más preocupada por conocer a las fuentes de los reporteros que por lo que esas filtraciones denuncian.
Ahora le ha tocado el turno a la periodista del “Washington Post” Dana Priest, autora de un artículo sobre cárceles secretas de la CIA, que puede verse pronto inmersa en una situación similar. En su reportaje en el Post del pasado 2 de noviembre, Priest relataba la existencia de una red de prisiones clandestinas de la CIA en Europa del Este y otros países, sin especificar cuáles. En estas prisiones, según la periodista, se interroga a sospechosos de actos terroristas fuera de cualquier marco legal.

La historia ha conmocionado a la clase política estadounidense, aunque al parecer el revuelo tiene más que ver con la fuente de la historia que con la práctica de la CIA en sí. La filtración ha sido incluso objeto de debate en el Senado estadounidense.

La CIA, por su parte, ha pedido al Departamento de Justicia que abra una investigación criminal sobre la filtración. A esa petición se suma la del portavoz de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, y la del líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, quienes han solicitado a los comités de inteligencia de ambos organismos que investiguen el caso. Frist ha llegado a decir que está más preocupado por la filtración que por las cárceles secretas.

Tanto Priest como el director del “Washington Post”, Leonard Downie, se negaron a pronunciarse esta semana sobre la posible pesquisa legal, aunque ambos coincidieron en señalar que el público tenía el derecho a conocer información importante sobre la guerra contra el terrorismo.

Si los fiscales deciden finalmente intervenir en el caso, Priest tendría que afrontar el dilema de revelar sus fuentes o enfrentarse a la cárcel, algo que ya padecieron Miller o el periodista de la revista “Time” Matt Cooper.

Este hostigamiento legal ha abierto un acalorado debate sobre la necesidad de aprobar una ley federal que proteja la confidencialidad de las fuentes y el secreto profesional. Los opositores a ese tipo de protección señalan que los periodistas no deben estar por encima de la ley y que sólo se les obliga a testificar cuando ya se han agotado todos los recursos.

Pero dentro de los medios crece el temor a que la reciente fijación de los fiscales con los reporteros dañe la relación con las fuentes confidenciales, cuya colaboración puede resultar clave en el periodismo de investigación.
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