El acceso a la información pública y el rol del periodismo (Parte III, de III)

Benjamín Fernández Bogado // Fuente: www. saladeprensa.org

miércoles 22 de octubre de 2014, 12:37h
Conviene a la democracia en su conjunto una ley de acceso a la información pública enfocada hacia el ciudadano, no reducida a ver sólo la perspectiva de la prensa ni tampoco la acotada dimensión del capricho del gobernante de turno. Hoy la información es clave para la gobernabilidad de nuestros países. La ciudadanía está inquieta, disconforme con la calidad y la gestión de los gobiernos. La prensa no refleja por lo general esa perspectiva y muchas veces se refugia en su atalaya de poder buscando imponer su punto de vista, pero apartándose de sus mandantes naturales que son sus lectores, oyentes o televidentes. La gran crisis como la acontecida en la Argentina hace no mucho, hubiera sido posible contenerla a tiempo si no se presentaran en su camino tantas alianzas entre el poder político y el mediático que impidió conocer a fondo las implicaciones que tendrían -en términos sociales, políticos y económicos- los modelos de gestión que mostraron estar lejos de las necesidades de la gente.

La información pública otorgada de manera sistemática hacia los ciudadanos permite que tanto la prensa como los gobiernos disfruten ante ella de confiabilidad y, en consecuencia, puedan actuar basados en hechos concretos y no en rumores ni en medias verdades. Los gobiernos que han apostado a esconder la información que es patrimonio colectivo han terminado en el fracaso político y económico, como lo demuestran varios casos no sólo en América Latina sino en el mundo. Por el contrario, sociedades como la sueca, que han entendido hace 200 años que la información pública es un basamento democrático, han logrado un crecimiento de calidad cuyos números constituyen la envidia de varias naciones.
Esos países escandinavos -incluido Dinamarca, Noruega y Finlandia- no son por casualidad las naciones con el estándar de vida más alta o de desarrollo humano, como lo denomina la ONU; lograron ese sitial sobre la base de una gran transparencia en la gestión publica, una notable responsabilidad de su prensa hacia los ciudadanos y con una clara participación de estos últimos en la toma de decisiones, como también en la búsqueda de ajustar sus vidas a los mandamientos legales, especialmente aquellos de orden fiscal y económico.

El retorno a entender la información pública desde una perspectiva ciudadana es la urgencia en leyes de este tipo. Hay que construir ese espacio en nuestros países y dejar a una cuestión secundaria la necesidad que tanto los gobiernos como los medios de prensa entiendan que la información debe ser pública y transparente porque entre otras cosas asegura a las democracias gobernabilidad y crecimiento económico.

La ley y la ciudadanía

Nuestros esquemas mentales estructurados sobre la base de que las leyes por sí solas cambien el pensamiento de la gente, no alcanza para explicar porqué América Latina, con tantas normas, no haya podido crecer ni desarrollarse en un mundo competitivo que está mirando nuevas formas de organización, donde la tecnología y la información todavía resultan hoy más fáciles de acceder y de crear comunidades de ciudadanos que entiendan su rol dentro de la construcción democrática. Debemos hacer normas que pongan a los ciudadanos en primer lugar. Es preciso, tras una discusión amplia, que desde lo jurídico se logre entender que nadie más que el individuo informado es el que logra entender el sentido de la democracia y está dispuesto con su participación a darle sentido y valor. Que las leyes que no se excitan no sirven y que escribir normas de acceso a la información pública que se alejen de los ciudadanos, aunque hayan sido escritas en su nombre, llevan consigo las posibilidades más cercanas del fracaso.

El retorno a los ciudadanos debe marcar la línea de discusión en los países que han aprobado normas en esa dirección y en las que se encuentran en proceso de redactarlas; debe servir para una reflexión más madura y seria que evite que los periodistas y la prensa en general se apropien de una ley que en realidad sólo les brinda a ellos una mayor dosis de insumos, evitando que los rumores maledicientes y muchas veces sin fundamentos sean justificados porque no tienen la información oficial en torno a los hechos que comentan.

Nuestras democracias necesitan tanto medios serios y creíbles como gobiernos transparentes que proyecten en la ciudadanía niveles de confianza que haga posible construir escenarios posibles en un mundo que mira con perplejidad los cambios y que anhela en especial que la prensa oriente con una critica sana y con una información responsable el rumbo a seguir. No es un momento fácil ni para los abogados ni para la norma. Por lo general vivimos un tiempo de descreimiento y de dudas. En ese marco, escribir normas de acceso a la información pública puede significar un nuevo pacto entre los grandes actores sociales y por sobre todo para rescatar el rol de ciudadanía, tan vital a las democracias como la información a los medios de prensa. Es imperioso ver las normas desde esa concepción, encontrando los mecanismos que hagan que se vuelva a establecer el vínculo de confianza roto entre gobiernos y ciudadanos o entre leyes y ciudadanía. Esta ley de acceso a la información pública es un pacto serio que debe construir puentes entre los ciudadanos y sus instituciones. Debe llevar a los gobiernos a mirar su compromiso desde una perspectiva distinta que encuentre en la transparencia un mecanismo que ahuyente a los corruptos y sus miles de estrategia de desacreditar a las democracias y, consiguientemente, pueda rescatar a la prensa de un rol anodino y secundario, donde lo light y banal ha sobrepasado en muchos casos a la información analizada y presentada de manera clara que permita entender lo que pasa y saber sus razones correctivas que aplicar.

Los periodistas, juristas y actores democráticos en general deben rescatar al ciudadano de esta perpleja manera de observar hechos que no comprenden y que los niveles de participación tan bajos en nuestra democracia pueda revertirse produciendo a su paso un abaratamiento de los mismos costos de campaña y promoviendo liderazgos alternativos a la corporación de los partidos que en muchos países ha dejado al pueblo sin opciones.

Una información entendida como patrimonio público es una apuesta al desarrollo que espera que tanto juristas como periodistas le den densidad para que el ciudadano vuelva a creer primero en su capacidad de actor democrático y, por consiguiente, rescatar al sistema de esa reducción simplista y distante de que ella sólo sirve para unos cuantos avivados y picaros que lucraran en su nombres a partir de elecciones o de medias verdades.
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