Periodismo supone titular (Parte II, de II)

José Manuel de Pablos // Fuente: www. razonypalabra.org

miércoles 22 de octubre de 2014, 12:37h
Esta segunda noticia añade que el general jefe de zona de la Guardia Civil, después de la investigación abierta, concluye que “se exonera al agente de cualquier negligencia”. Sin más. Se han olvidado de las palabras, tan criticadas, del director general de esta institución armada, poco después de los sucesos de Roquetas de Mar: echó flores al teniente implicado, alabó su historial profesional y llegó a decir con todo descaro que las porras ilegales empleadas durante la golpiza que le dieron al ciudadano que acabó en el tanatorio y ya está enterrado se usaban en otros países. Después, el buen hombre pidió disculpas por sus palabras tan improcedentes, que llegaron a ser criticadas hasta por un portavoz del partido en el gobierno. Nada de esto se recuerda; se inserta la información con toda sumisión aunque en esta ocasión no han llegado a hablar de la benemérita… Algunos silencios son muy clamorosos.

Estos dos casos analizados manifiestan diferentes formas de actuación periodística, con fobias y filias bien expresadas: dos aptitudes que nada tienen que ver con el Periodismo. Si la denuncia hubiera sido de Manuel Fraga contra el presidente socialista, la denuncia hubiera sido ‘presunta’. Si la mujer denunciante hubiera sido una redactora del periódico, la denuncia no hubiera sido presunta y se hubiera publicado desnuda de palabras que diluyeran la posible gravedad del caso.
Veamos cinco casos donde no se emplea la voz ‘presunta’, pero que se hubiera empleado de presentarse las mismas peculiaridades del caso de la mujer denunciante. Los cinco titulares o subtítulos son de la portada de la misma edición. Queda de manifiesto que la voz ‘presunto’ es casi siempre gratuita y subjetiva.

La voz ‘presunto’ o ‘presunta’ se usa muchas veces de forma gratuita, pero a veces hay una intención escondida de rebajar el corpus de la información a la que se le aplica esa coletilla, que no se acaban de cortar algunos periodistas.

Contra la Venezuela bolivariana todo vale
Veamos un tercer caso, donde se pone de manifiesto que todo vale contra la Venezuela del presidente Hugo Chávez, como se viene observando cada vez que el nombre de este personaje aparece en las planas del diario El País. Con sonoras excepciones donde hace aparición el respeto mediático. Pocas veces, pocas.

Encontramos la noticia: “Venezuela aprueba la polémica ley de control de radio y televisión” y este subtítulo: “La oposición considera que la norma atenta contra la libertad de expresión”. La foto que ilustra la crónica del corresponsal en Caracas es de la llegada del presidente Chávez a Moscú. (Conocida es la posición histórica de El País para todo lo que llegaba de Moscú…): ¿hay que bucear entre estas líneas?
Es obvio que hay una gran cantidad de leyes que al ser aprobadas desatan las iras de la oposición. Sin ir más lejos, en la España de 2005 gobernada por el partido socialista, todas las leyes encienden la polémica del partido conservador, cada vez más ultra conservador, en una brillante demostración de cómo se pierden los papeles en política: nunca veremos que estas leyes son consideradas ‘'polémicas’ desde los titulares del periódico analizado. Entonces, si el diario etiqueta unas normas de ‘polémicas’, como hace la oposición, el periódico se estará poniendo de parte de la oposición, abandona la objetividad y neutralidad que se enseña a los periodistas en los centros universitarios de enseñanza del Periodismo. En España, las leyes que califica de ‘polémicas’ el diario El Mundo, alineado con la oposición conservadora, no son tachadas de tales por el diario El País, más cercano al gobierno del PSOE. Por eso es sencillo deducir que para el primero de los periódicos todo vale contra el PSOE, lo mismo que para el segundo todo vale contra la Venezuela bolivariana, contra Hugo Chávez, a quien evalúan califican cada dos por tres con epítetos insultantes, que obligan a la embajadora de Caracas en Madrid a salir en las cartas al director, eso sí, para pedir un poco de cordura, solo un poco, que tampoco esta diplomática es maximalista…
Esto que venimos diciendo es deducción del titular. Suele darse ese ‘chirriar de títulos’ cuando hay divorcio entre título y texto. Veamos qué se encuentra de polémico el lector español de la crónica del corresponsal Clodovaldo Hernández:
- Desde el primer párrafo el corresponsal relata los aspectos ‘polémicos’ de la Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que así se llama. Dice que la nueva norma es “un instrumento jurídico que fija horarios restringidos para los contenidos considerados pornográficos y violentos”. Hasta aquí es muy difícil entender qué tiene de polémico una restricción horaria a la pornografía y a la violencia. Si acaso, se entiende que el control de los horarios de la pornografía en televisión puedan molestar a empresarios como el propietario … del diario El País, Jesús (de) Polanco, titular de una emisora de televisión, Canal +, que ofrece pornografía en horario restringido, como marca ahora para Venezuela esta nueva ley de 2004.
- Avanza la crónica: “La Ley (…) es considerada como una amenaza contra la libertad de expresión por los partidos de la oposición, los propietarios de medios de comunicación, corporaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos”. Es una lástima que después de las primeras líneas que vimos en el párrafo anterior el corresponsal no explique cuál es la restricción a la libertad de expresión si se pone coto horario a la pornografía y a la violencia televisuales. Tampoco qué tipo de empresarios mediáticos se opone a ese control horario y qué tipo de periodistas (¡) son los que se enfrentan a la libertad de expresión de la pornografía y de la violencia. Tampoco se refiere a las ‘organizaciones de derechos humanos’ que se oponen a la ley, de donde se puede concluir que a) se olvidó de las mismas, b) no existen tales o c) por el contrario, existen, pero se oponen por otras razones que el corresponsal ha olvidado exponer.
- En el segundo párrafo, el corresponsal narra un nuevo aspecto de la ley que debe encerrar la polémica y la oposición de la oposición. Concreta, después de relatar las penas que puede originar la aplicación de la ley y de recordar la restricción de contenidos en horario infantil, que la ley nueva: “… obliga a las empresas privadas de radiodifusión y televisión a dar cabida en sus programas a productores independientes que no formen parte de la plantilla de estas compañías” y prosigue: “… consideran que de esta manera se estimulará el crecimiento de la industria nacional, pues actualmente la mayoría de los programas son importados y los que se realizan en el país son elaborados por las mismas emisoras”. Los propietarios de medios se quejan del intento (suposición, hipótesis) de que “el gobierno pretende tomar el control de las programaciones, pues las organizaciones de productores independientes serán financiadas con fondos estatales”. Estatales, pero no gubernamentales. Si tal temor fuera creíble, en España, por ejemplo, temerían que la Fundación de Análisis Económicos y Sociales, FAES, presidida por un ciudadano llamado José María Aznar, amigo del ¿todavía? presidente Bush y financiada con fondos estatales, como la Fundación Francisco Franco (¡qué horror!), podrían ser manipuladas desde instancias gubernamentales, cosa que es muy difícil de creer, siquiera de suponer. El hecho de tratar de frenar la importación de programas y de lograr un crecimiento de la industria nacional parece fines sin importancia, a los que se han de oponer los que importan basura barata para pasar por sus pantallas: hacerlas más rentables fijando a una audiencia atontada con esa basura televisual.
- Al final aparece el nombre de una ONG, estadounidense, Human Rights Watch, estadounidense, casualmente, de la que el viceministro de Comunicación, William Castillo, asegura que no conoce la realidad venezolana: “La defensa que esa organización –añade el estadista bolivariano– hace de la libertad de expresión es la de un derecho empresarial”. ¿Se entiende?
- También ha de ser polémico que la ley, cuenta el corresponsal, “contempla la figura de los comités de usuarios, organizaciones que tendrán influencia directa en las decisiones que tomen las autoridades acerca de programas, multas y otras sanciones”. O sea, el poder ejecutivo cede poder al ciudadano y eso es evidente que es polémico en un lugar donde empresarios asilvestrados han hecho fortunas vendiendo telebasura y manejando a los políticos clásicos o convencionales, por medio de un recurso público y nacional, como son las ondas, que utilizan por medio de concesiones administrativas que el ejecutivo tiene la obligación moral de que no se emplean contra la sociedad. Cuando se establecen normas con esa finalidad, el poder mediático truena y critica todo lo que puede, compinchado con los medios de otros países, como España, donde temen que un gobierno deje de hacer la vista gorda, de dejar hacer y deshacer, de tolerar los conglomerados mediáticos en pocas manos, para manipular mejor e impartir en cada momento la doctrina que conviene mejor a sus intereses, como sucede con el grupo Prisa, propietario de El País y de emisoras y periódicos de todo tipo, cuando se alinean con firmeza contra la renovación de la vida pública en Venezuela.

No vaya a ser que.
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