La FAPE reitera su rechazo al sindicato periodístico de I.U pese al apoyo de los sindicatos

miércoles 22 de octubre de 2014, 12:37h
La FAPE discrepa del proyecto de estatuto presentado por I.U
La FAPE discrepa del proyecto de estatuto presentado por I.U
La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) presentó su propio modelo de estatuto periodístico a comienzos de año al reconocer su rechazo al presentado por Izquierda Unida en el Congreso. El texto presentado abogaba por la no intervención de Organismos Reguladores ni por deontologías
Tal y como anunciamos desde “Gaceta de Prensa” la postura de los profesionales con respecto al proyecto de Ley presentado por Izquierda Unida ante el Congreso, levantó ampollas. Tras la consulta realizada por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, propuso un texto alternativo que velase por los intereses de los profesionales.

La intención según el documento presentado por IU era regular la profesión periodística en pos de la libertad de expresión y la dignificación de la profesión, ‘garantizando la independencia de los informadores’. El texto pretende ‘reforzar su profesionalidad y consiguientemente la independencia frente a los poderes políticos y económicos’, para lo que se hace necesario una situación estatutaria especial al igual que se hace en los países vecinos, según indicaron sus responsables.

El documento incluía también la regulación del trabajo de los freelance, o periodistas ‘por libre’ y los deberes y derechos de los profesionales de la información más allá de la cláusula de conciencia y el secreto profesional, ya planteados en la Constitución y en los códigos deontológicos actuales. En definitiva, planteaba ‘un conjunto de facultades que afirman la independencia frente al poder político y busca un equilibrio con la propia independencia editorial de las empresas informativas’, según sus responsables, ‘compatible con los derechos exclusivos de propiedad intelectual y acorde con los nuevos mecanismos de acceso a través de redes de telecomunicaciones y sistemas informáticos’. Por último también se desarrolla la participación en la orientación editorial a través de los Comités de Redacción y el director ‘como bisagra entre los titulares del poder editorial y la redacción’.

Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos. Entre los puntos más controvertidos del proyecto de estatuto tramitado, se encuentra la creación de un Consejo Estatal de la Información, o su equivalente autonómico, con facultades para expedir carnés que acreditarán la condición de periodista profesional de quien lo posea, y que tendrá carácter sancionador, una potestad que podrá ejercer no sólo sobre el periodista sino también sobre la empresa editora. Discernirá entre violaciones leves, que conllevarán ‘amonestación privada’ o graves del Código Deontológico según tengan o no ‘intención dolosa’, en cuyo caso se puede incluso hacer efectiva ‘la retirada del carné profesional’ entre seis meses y dos años. Las empresas podrán ser sancionadas con multa del uno por ciento de sus beneficios netos, ‘cuando se demuestre que la violación grave de los deberes éticos venga exigida o alentada por la empresa informativa o forme parte de una pauta editorial’, y si reinciden ‘la sanción puede elevarse hasta el 10% de los beneficios netos’.

Para las asociaciones de la prensa el documento ‘politiza’ la función del periodista, ‘aumenta la desestructuración’ de la profesión y da carta de naturaleza al ‘intrusismo más absoluto’, según denunció la Asociación de la Prensa de La Coruña en un comunicado. A pesar de que refleja ‘aspectos positivos’, muestran contrarios al Consejo Estatal de la Información que ‘expide carnets bajo la tutuela, supervisión y aprobación de los grupos políticos parlamentarios’. Aseguran que esto crearía un nuevo registro de periodistas, "paralelo al ya existente".

Argumentan que el actual estatuto supone un intento de controlar la información, y que la creación de un Consejo Nacional de la Información, a expensas del poder legislativo, supone un retroceso en la democracia actual.

La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) presentó su propio modelo abogando por la no intervención de Organismos Reguladores ni por deontologías“Una norma legal no puede tenerlas; además, los periodistas ya tenemos nuestro propio consejo a este respecto”, señalaron sus responsables.

Antonio Mora, responsable de la comisión de Asuntos Profesionales y Deontológicos de FAPE, ha explicado la “marcha atrás” de esta organización respecto al proyecto de Estatuto del Foro al periódico “La Razón”:

“Nosotros nunca debatimos el proyecto y debido a un error nuestro de comunicación se aprobó sin haber sido refrendado por la junta directiva de FAPE. Pedimos disculpas por ello, pero no estamos de acuerdo con lo propuesto y por ello decidimos abandonar el Foro”.

En cuanto a la creación de un Consejo Estatal señaló que “en un Estado de Derecho sería un retroceso en las libertades. Hay que mantener la autorregulación. No queremos un Código Deontológico por ley, son los colegios profesionales los que deben hacerlo”. Asimismo, argumentó que los periodistas “no debemos tener leyes especiales” y que la mejor fórmula es la autorregulación. “Hasta ahora no ha funcionado porque los grandes grupos de comunicación no han querido”, añadió.

Desde la FeSP, principal reivindicadora del estatuto profesional de los periodistas
calificaron el texto como “positivo, en líneas generales” en pro del impulso de los medios estatales “prohibiendo su privatización y su venta”. En este sentido señalan que demuestra el “colapso democrático, financiero, empresarial, funcional y profesional al que han sido llevadas RTVE y a la Agencia Efe por la irresponsabilidad de los sucesivos gestores que han tenido desde 1980”.

También desde CC.OO afirman que “por primera vez en la historia reciente de nuestro país, estamos ante un análisis riguroso y no partidista de la situación de los medios públicos” y señalan que el Consejo de Administración que deberá designar al director general en los medios públicos de muestra la intención del Ejecutivo por “introducir elementos de consenso y de pacto que garantizan la pluralidad de éstos”.

Por su parte, la Federación de Consumidores en Acción-FACUA- solicitó al Ejecutivo que las asociaciones de consumidores, los propios gobiernos e incluso las autonomías, formasen parte de la elaboración del código de autorregulación que deberían llevar a cabo las cadenas ‘de forma real y efectiva’.

José Manuel Vega, del Colegio Profesional de Periodistas gallegos, abogó por la regularización estatal señalando que “si hablamos de la información como un derecho esencial de la ciudadanía, debe ser el Estado quien lo controle. La autorregulación sin una ley es una utopía. Es como decir que lo que hace la mafia napolitana cuando se matan entre familias es autorregulación”, añadió, aunque matizó que “no estamos de acuerdo con la composición del Consejo”.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Gaceta de Prensa

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.