La FAPE elabora su propio estatuto periodístico

miércoles 22 de octubre de 2014, 12:37h
Urbaneja ha señalado que pretenden derogar la Ley de Prensa de 1966
Urbaneja ha señalado que pretenden derogar la Ley de Prensa de 1966
La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) ha presentado su propio modelo de estatuto periodístico al reconocer su rechazo al presentado hace algunos meses por Izquierda Unida en el Congreso. El texto presentado aboga por la no intervención de Organismos Reguladores ni por deontologías. “Una norma legal no puede tenerlas; además, los periodistas ya tenemos nuestro propio consejo a este respecto”, han señalado sus responsables
Tal y como anunciamos desde “Gaceta de Prensa” la postura de los profesionales con respecto al proyecto de Ley presentado por Izquierda Unida ante el Congreso, levantó ampollas. Tras la consulta realizada por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, se ha propuesto un texto alternativo que vele por los intereses de los profesionales.

La intención según el documento presentado por IU era regular la profesión periodística en pos de la libertad de expresión y la dignificación de la profesión, ‘garantizando la independencia de los informadores’. El texto pretende ‘reforzar su profesionalidad y consiguientemente la independencia frente a los poderes políticos y económicos’, para lo que se hace necesario una situación estatutaria especial al igual que se hace en los países vecinos, según indicaron sus responsables.

El documento incluía también la regulación del trabajo de los freelance, o periodistas ‘por libre’ y los deberes y derechos de los profesionales de la información más allá de la cláusula de conciencia y el secreto profesional, ya planteados en la Constitución y en los códigos deontológicos actuales. En definitiva, planteaba ‘un conjunto de facultades que afirman la independencia frente al poder político y busca un equilibrio con la propia independencia editorial de las empresas informativas’, según sus responsables, ‘compatible con los derechos exclusivos de propiedad intelectual y acorde con los nuevos mecanismos de acceso a través de redes de telecomunicaciones y sistemas informáticos’. Por último también se desarrolla la participación en la orientación editorial a través de los Comités de Redacción y el director ‘como bisagra entre los titulares del poder editorial y la redacción’.

Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos. Entre los puntos más controvertidos del proyecto de estatuto tramitado, se encuentra la creación de un Consejo Estatal de la Información, o su equivalente autonómico, con facultades para expedir carnés que acreditarán la condición de periodista profesional de quien lo posea, y que tendrá carácter sancionador, una potestad que podrá ejercer no sólo sobre el periodista sino también sobre la empresa editora. Discernirá entre violaciones leves, que conllevarán ‘amonestación privada’ o graves del Código Deontológico según tengan o no ‘intención dolosa’, en cuyo caso se puede incluso hacer efectiva ‘la retirada del carné profesional’ entre seis meses y dos años. Las empresas podrán ser sancionadas con multa del uno por ciento de sus beneficios netos, ‘cuando se demuestre que la violación grave de los deberes éticos venga exigida o alentada por la empresa informativa o forme parte de una pauta editorial’, y si reinciden ‘la sanción puede elevarse hasta el 10% de los beneficios netos’.

Para las asociaciones de la prensa el documento ‘politiza’ la función del periodista, ‘aumenta la desestructuración’ de la profesión y da carta de naturaleza al ‘intrusismo más absoluto’, según denunció la Asociación de la Prensa de La Coruña en un comunicado. A pesar de que refleja ‘aspectos positivos’, muestran contrarios al Consejo Estatal de la Información que ‘expide carnets bajo la tutuela, supervisión y aprobación de los grupos políticos parlamentarios’. Aseguran que esto crearía un nuevo registro de periodistas, "paralelo al ya existente".

Argumentan que el actual estatuto supone un intento de controlar la información, y que la creación de un Consejo Nacional de la Información, a expensas del poder legislativo, supone un retroceso en la democracia actual.

Según ha señalado el presidente de la APM en la presentación de “El Parlamento de Papel”, Fernando González Urbaneja éste es un momento inmejorable para presentar el Estatuto profesional “y vamos a aprovechar esta oportunidad para plantear la derogación de lo que queda de la ley de prensa del 66”.

”No comulgamos con la creación de ningún órgano paraestatal o colgado de los presupuestos, apostamos por la gestión de las asociaciones profesionales, nosotros ofrecemos la de Madrid, que para eso tiene cien años”, propone.

Otro de los puntos en discordia se refiere a la inclusión de normas éticas en el texto legal. “Nos oponemos a que el Estatuto tenga cualquier referencia deontológica, algo que además es una aberración jurídica. Una norma legal no puede tenerlas; además, los periodistas ya tenemos nuestro propio consejo a este respecto. También nos parece inadecuado que el estatuto contemple sanciones y limitaciones a la libertad de editores y profesionales”, señaló.

Paralelamente, la Asamblea General de la FAPE acogerá la presentación del primer dictamen para el tratamiento informativo de víctimas del terrorismo y de un estudio sobre la cobertura de la violencia doméstica. “Esta es la línea: dar recomendaciones, no hace falta acudir a códigos complejos de regulación, sobre todo si estos vienen de fuera y no están elaborados por periodistas en el ejercicio de la profesión”, matizó.
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