Los sindicatos de periodistas y las asociaciones de consumidores aprueban el informe del Comité de Sabios

Desde la FeSP, principal reivindicadora del estatuto profesional de los periodistas
Hablan del texto como “positivo, en líneas generales” en pro del impulso de los medios estatales “prohibiendo su privatización y su venta”. En este sentido señalan que demuestra el “colapso democrático, financiero, empresarial, funcional y profesional al que han sido llevadas RTVE y al Agencia Efe por la irresponsabilidad de los sucesivos gestores que han tenido desde 1980”.

También desde CC.OO afirman que “por primera vez en la historia reciente de nuestro país, estamos ante un análisis riguroso y no partidista de la situación de los medios públicos” y señalan que el Consejo de Administración que deberá designar al director general en los medios públicos de muestra la intención del Ejecutivo por “introducir elementos de consenso y de pacto que garantizan la pluralidad de éstos”.

Por su parte, la Federación de Consumidores en Acción-FACUA- solicitó al Ejecutivo que las asociaciones de consumidores, los propios gobiernos e incluso las autonomías, formasen parte de la elaboración del código de autorregulación que deberían llevar a cabo las cadenas ‘de forma real y efectiva’.

‘Si las cadenas aceptan normas de autorregulación para después incumplirlas de la misma forma que han incumplido durante diez años la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva europea de Televisión sin fronteras, el Gobierno deberá poner en marcha de inmediato medidas sancionadoras contundentes’, señalaron mediante comunicado.

Ahora sugieren que en e Comité de Administración participen dos representantes de las asociaciones de consumidores, y en relación a la composición del Consejo Asesor Estatal, que se incluyan tres miembros designados por el Consejo Económico y Social, incluyendo entre ellos a representantes de los espectadores, “si bien se debería interpretar que con ellos se refiere a las asociaciones de consumidores”. Además, FACUA comparte que el Estado debe asumir los 7.500 millones de euros de deuda de RTVE.

Por su parte, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha manifestado su apoyo al informe del comité de sabios porque propone un modelo de televisión “desgubernamentalizado, con financiación pública suficiente, comprometido con el servicio público y con vocación mayoritaria”.