La Audiencia Nacional desestima el recurso de Telefónica que deberá pagar18 millones de euros

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por Telefónica de España contra la multa de 18 millones de euros que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) le obligó a pagar en julio del 2002. El motivo aducido era que la compañía practicaba prácticas anticompetitivas que incumplían la normativa de Grupo Cerrado de Usuarios (GCU), grupo cerrado de usuarios en su acuerdo con la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE). La sentencia de la Audiencia confirma la existencia de estas prácticas y obliga a la compañía a abonar la multa por aplicar descuentos competitivos que obstaculizaban a la competencia. Considera que esta multa se ajusta a las posibilidades de la operadora, que por su parte, ‘acata’ el dictamen pero ‘disiente’ en sus razonamientos al considerar ‘manifiestamente desproporcionada’ la sanción.

En última instancia la compañía pretende interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Argumenta que no existía volunta expresa de incumplir la normativa ya que si bien es cierto que se incumplieron las normas de constitución de Grupos Cerrados, la compañía entiende que sólo afectó a dos de esos grupos de los más de dos mil que se habían configurado y que este porcentaje es minoritario, por lo que la sanción es demasiado elevada.

No es la primera vez que la Audiencia Nacional se ve las caras con Telefónica. Hace una semana suspendió cautelarmente el pago de la multa histórica de 57 millones de euros impuesta a la compañía el pasado abril.

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) denunció a Telefónica por abuso de la competencia y por obstaculizar el cambio de operador por parte de los usuarios al no permitirles cambiar de operadora sin marcar antes un prefijo previo. Por ello la Asociación de Empresas Operadoras y Servicios de Telecomunicaciones (Astel), presentó una demanda acusando a la principal compañía de telefonía española ‘de tratar de forma discriminatoria las solicitudes de preasignación o vincular la prestación de determinados servicios a la inexistencia de preasignaciones con operadores alternativos’, afectando ‘gravemente al proceso liberalizador’.

La Audiencia Nacional consideró ‘excesivo el importe’ ya que el pago del mismo supondría un ‘perjuicio muy grave’ para la compañía. Sin embargo, la operadora deberá depositar un aval de 57 millones mientras se resuelve el recurso presentado contra la sanción y equivalente al importe de la multa.