Los editores recurren la decisión del Tribunal de la Competencia sobre Gedeprensa

El caso del pressclipping sigue dando que hablar en los medios de todo el país. Una resolución del Tribunal de la Competencia, ha denegado el acuerdo que cinco de los grupos editoriales más importantes de España había suscrito para comercializar el pressclipping en España, a través de Gedeprensa.

Esta sociedad, creada en el 2002, reúne a cinco de los principales editores españoles, Vocento, Prisa, Unedisa, Godó, Recoletos y Prensa Ibérica. En su solicitud, se hacía referencia a ‘iniciar de manera conjunta y eficiente la defensa y explotación de sus derechos de propiedad intelectual, en la actualidad pisoteados y pirateados sistemáticamente a través de los llamados ‘pressclipping’, resúmenes y recopilaciones de prensa que no son sino fotocopiados y digitalizaciones masivas de miles de páginas enteras de periódicos y revistas que comercializan de manera ilegal empresas especializadas’. Estas ‘copias de periódicos no autorizadas’, suponen ‘perjuicios para las ventas e ingresos publicitarios enormes’.

Por su parte, la Asociación de Empresas de Seguimiento de la Información (A. E. S. I. P), de la que forman parte las empresas más importantes del ‘clipping’ en España, afirma que ‘siempre ha actuado de acuerdo a la legislación vigente y así seguirán haciéndolo’. ‘Gedeprensa pretendía unificar a modo excluido mayorista, el suministro de recortes de prensa a todas las empresas de seguimiento de la información existentes en España. Estas se han opuesto sosteniendo que no existía base legal para ello, y que la pretensión de Gedeprensa suponía ‘un duro golpe a la libertad de información en nuestro país’, ya que, ‘el clipping es una extensión irrenunciable al derecho de información que consagra la Constitución’
Ahora el Tribunal de la Competencia les ha dado la razón afirmando que no se dan las circunstancias para ‘excepcionar la prohibición de monopolio en la que incurre la empresa solicitante’.

Gedeprensa ha recurrido esta decisión alegando ‘toda una serie de defectos procedimentales que se han ido sucediendo en el tribunal desde que iniciara su tramitación el 3 de abril de 2003, sin olvidar que el proyecto había sido informado de manera muy favorable por el Servicio de Defensa de la Competencia y que incluso ya se había producido el silencio administrativo por parte del tribunal’.