El Gobierno de España ha aprobado un proyecto de ley que asegura la supervisión humana y el uso confiable de la inteligencia artificial (IA) en el sector público estatal. Esta normativa, que se adapta al Reglamento europeo de IA, establece un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos y promueve la transparencia algorítmica. Además, refuerza el liderazgo del país en la regulación y desarrollo ético de la IA. La ley introduce un régimen sancionador proporcional y medidas para proteger a los menores, así como un marco de gobernanza que incluye autoridades responsables de supervisar el cumplimiento normativo. También se fomentará la innovación a través de entornos controlados de pruebas para proveedores de IA.
El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo en la regulación de la inteligencia artificial (IA) al aprobar el proyecto de Ley Orgánica que busca garantizar su uso responsable y una supervisión humana efectiva en el sector público estatal. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se enviará ahora al Congreso de los Diputados para su discusión.
Con esta ley, España se adapta a las exigencias del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (RIA), que entrará en vigor en agosto de 2024. La normativa establece un marco que permitirá a las autoridades supervisar el uso de la IA, asegurando así un entorno confiable para su implementación.
Durante una rueda de prensa, el ministro Óscar López destacó que esta legislación refuerza el papel de España como líder en la creación de una IA ética y humanista. “No compiten regulación e innovación; más bien se complementan”, afirmó, subrayando que España es pionera tanto en desarrollo como en regulación de tecnologías relacionadas con la IA, respaldado por estudios internacionales.
El proyecto incluye la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos, lo cual no solo aumentará la transparencia, sino que también facilitará una mejor supervisión. Además, se designarán autoridades responsables para garantizar el cumplimiento normativo.
La ley introduce importantes medidas para prohibir sistemas de IA que representen un riesgo inaceptable para la seguridad o salud pública. Entre las nuevas restricciones se encuentran aquellos sistemas que generen 'deepfakes' sexuales y técnicas subliminales que manipulen decisiones sin consentimiento.
El régimen sancionador establecido por la ley clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves, con multas que pueden alcanzar hasta 35 millones de euros. Este enfoque busca asegurar proporcionalidad y eficacia en las sanciones aplicadas a quienes incumplan las regulaciones establecidas.
Una novedad destacada del proyecto es el impulso al buen uso de la IA dentro del sector público. Se creará un inventario específico para los sistemas utilizados en procedimientos administrativos y se establecerá la figura del delegado de IA, encargado de coordinar su aplicación normativa y asesorar sobre proyectos relacionados con esta tecnología.
Además, se promoverá la formación y concienciación sobre inteligencia artificial entre los empleados públicos para asegurar un manejo adecuado y ético de estas herramientas tecnológicas.
Aparte de las medidas mencionadas, el texto regula cómo articular los entornos controlados o sandboxes destinados a facilitar a los proveedores cumplir con la legislación vigente. Estos espacios permitirán fomentar la innovación mientras se garantiza una supervisión adecuada por parte de las autoridades competentes.
En resumen, con este nuevo marco legal, España busca posicionarse como un referente mundial no solo en el desarrollo tecnológico sino también en su regulación ética y responsable. La aprobación del proyecto representa un avance importante hacia una gobernanza efectiva de la inteligencia artificial.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Sanciones máximas por infracciones muy graves | 35 millones de euros o 7% del volumen de negocio |
| Sanciones máximas por infracciones leves | 500.000 euros o 0.5% del volumen de negocio |
| Número inicial de sistemas prohibidos por la UE | 8 sistemas |
| Nuevos sistemas prohibidos añadidos | 2 sistemas adicionales |
El proyecto de ley busca garantizar una supervisión humana y un uso confiable de la inteligencia artificial en el sector público estatal, introduciendo un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos.
La norma adapta al ordenamiento jurídico español el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (RIA), que entrará en vigor en agosto de 2024, permitiendo a España establecer un marco regulatorio para la IA.
Entre las novedades se incluye la creación de un inventario de sistemas de IA, la designación de autoridades notificantes y de vigilancia del mercado, y un régimen sancionador proporcional y eficaz para las infracciones relacionadas con la IA.
La ley exige supervisión humana en casos que puedan afectar derechos fundamentales, promueve la transparencia algorítmica e incluye medidas específicas para la protección de menores.
Las infracciones se clasificarán como muy graves, graves o leves, con sanciones que pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio en los casos más graves.
Un sandbox es un entorno controlado donde los proveedores de IA pueden probar sus sistemas cumpliendo con la legislación. La ley establece cómo articular la gobernanza de estos entornos a escala nacional.
Se creará un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos y se establecerá la figura del delegado de IA para coordinar la aplicación normativa y asesorar en proyectos relacionados.