Un informe reciente de la ONU revela la alarmante situación de cientos de miles de personas víctimas de trata en el sudeste asiático, quienes son forzadas a trabajar en centros de estafa multimillonarios. Estas operaciones, que han crecido hasta alcanzar proporciones industriales, están marcadas por torturas, abusos sexuales y condiciones laborales inhumanas. Las víctimas, atraídas con promesas de empleo legítimo, se encuentran atrapadas en recintos vigilados donde sufren maltratos severos y son obligadas a cometer fraudes en línea. El informe destaca la corrupción entre organizaciones criminales y funcionarios, así como la falta de protección para las víctimas, que a menudo enfrentan castigos adicionales tras ser liberadas. La ONU enfatiza la necesidad de un enfoque basado en los derechos humanos para abordar esta crisis.
Un reciente informe de derechos humanos de la ONU revela la alarmante expansión de una industria de estafas en línea que genera decenas de miles de millones de dólares anuales. Esta operación se basa en el trabajo forzado de cientos de miles de personas, víctimas de trata que sufren torturas, abusos sexuales y condiciones laborales inhumanas en centros altamente vigilados en el sudeste asiático.
El documento, titulado Un problema perverso, expone una "letanía de abusos" que afecta a individuos provenientes de al menos 66 países. Muchos fueron engañados con promesas de empleo legítimo, solo para ser encarcelados, golpeados y forzados a participar en fraudes en línea.
La letanía de abusos es abrumadora y, al mismo tiempo, desgarradora.
El informe destaca que la "industria de las estafas" ha alcanzado "proporciones industriales", con al menos 300,000 personas trabajando en estas operaciones a lo largo del sudeste asiático. La mayoría se encuentra concentrada en la región del Mekong, donde se estima que el 74% de los complejos dedicados a estas actividades ilícitas están ubicados.
Aunque es complicado determinar los beneficios exactos, algunas estimaciones sugieren que los ingresos globales ascienden a aproximadamente 64,000 millones de dólares anuales. En el área del Mekong, este sector podría superar los 43,800 millones al año.
Las operaciones están bien establecidas y cuentan con recursos considerables. Sus ubicaciones varían desde zonas fronterizas remotas hasta grandes ciudades y áreas económicas especiales.
La letanía de abusos es abrumadora y, al mismo tiempo, desgarradora.
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subraya que "las víctimas no solo enfrentan la violencia física y psicológica sino también la incredulidad y el estigma social".
Los testimonios de supervivientes describen vastos recintos similares a "ciudades autónomas", algunos con más de 200,000 hectáreas. Estos lugares están rodeados por muros altos y alambre de púas, custodiados por personal armado. Algunos complejos incluso disponen de supermercados, restaurantes y casinos.
A pesar del tamaño y la sofisticación aparente, todos estos lugares comparten un elemento común: un control absoluto sobre sus habitantes. Las víctimas relatan cómo sus pasaportes son confiscados y sus comunicaciones restringidas bajo vigilancia constante.
"Las instalaciones son como prisiones", afirman muchos sobrevivientes; las puertas permanecen cerradas y cualquier intento de fuga se castiga severamente.
Las personas traficadas son forzadas a llevar a cabo diversas estafas en línea que incluyen fraude por suplantación de identidad, esquemas relacionados con criptomonedas y extorsiones. Las operaciones son meticulosamente organizadas; cada unidad tiene funciones específicas que van desde seleccionar objetivos hasta gestionar transferencias financieras.
Las reuniones matutinas suelen incluir torturas públicas como advertencia para aquellos que no cumplen con las metas establecidas.
Aquellos que sabían que trabajarían en empleos dudosos nunca imaginaron el nivel extremo de violencia al que serían sometidos. El informe señala que todas las víctimas han experimentado o presenciado tratos crueles equivalentes a tortura dentro estos centros.
Las sanciones por no alcanzar las cuotas son brutales. Un sobreviviente relató haber sido sumergido durante horas en "prisiones acuáticas" tras no cumplir con los objetivos establecidos. Otros han sido confinados en celdas oscuras durante días enteros como castigo.
Diversos relatos indican que las víctimas han sido obligadas a presenciar o perpetrar abusos contra otros; un hombre describió cómo le ordenaron golpear a sus compañeros mientras otra víctima fue forzada a ver cómo agredían a su amigo.
Desde 2024 se ha reportado un aumento significativo en la violencia sexual. Las mujeres han denunciado violaciones y abortos forzados; mientras tanto, hombres también han sufrido humillaciones sexuales. Doce mujeres liberadas recientemente informaron haber quedado embarazadas tras ser violadas dentro del recinto; una sobreviviente filipina sufrió agresiones físicas extremas.
A pesar de las promesas iniciales sobre salarios atractivos, muchas víctimas se encuentran atrapadas en un ciclo interminable de deducciones y multas exorbitantes. Los contratos frecuentemente se les presentan solo después de su llegada al recinto, obligándolas a cumplir objetivos financieros irrealizables.
A veces se exige a las familias pagar rescates exorbitantes para liberar a sus seres queridos.
No es raro que las familias sean coaccionadas para pagar rescates que pueden ascender a decenas de miles de dólares. Los traficantes utilizan videollamadas para mostrarles el sufrimiento físico infligido a sus familiares como forma efectiva para obtener dinero.
El informe también pone énfasis en la corrupción entre organizaciones criminales y funcionarios públicos.
Diversos testimonios indican cómo ciertos funcionarios colaboran con reclutadores para facilitar el paso por inmigración e incluso recibir sobornos por parte de gerentes operativos dentro del recinto.
La corrupción está profundamente arraigada, según afirma la OACDH. A pesar del rescate exitoso de miles durante redadas policiales —como una operación reciente donde se liberaron alrededor de 7,000 personas— muchos recintos reanudan rápidamente sus actividades o simplemente cambian su ubicación.
A menudo la libertad no garantiza seguridad para estas víctimas. Muchas terminan detenidas nuevamente en centros migratorios o enfrentan multas por violaciones relacionadas con visados o cargos criminales por delitos cometidos bajo coerción.
La ONU Derechos Humanos enfatiza la necesidad del "principio del no castigo" para quienes han sido víctimas del tráfico humano. El Alto Comisionado Türk recalca: “Es fundamental reconocer explícitamente la criminalidad forzada dentro del marco legal contra la trata”.
A menudo los sobrevivientes regresan traumatizados a sus hogares cargando con estigmas sociales y enormes deuda; muchos enfrentan amenazas continuas por parte tanto reclutadores como cobradores. La depresión y el trastorno por estrés postraumático son comunes entre ellos; algunos consideran dejar su país natal buscando una nueva vida lejos del sufrimiento vivido.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 300,000 | Número estimado de personas que trabajan en operaciones de estafa en el sudeste asiático. |
| $64,000 millones | Estimación de ingresos anuales globales de la industria de estafas. |
| $43,800 millones | Valor estimado de la industria de estafas solo en la región del Mekong. |
| 19 horas | Duración habitual de las jornadas laborales extremas a las que son sometidas las víctimas. |
El informe denuncia que cientos de miles de personas son obligadas a trabajar como estafadores en centros dirigidos por organizaciones criminales, donde sufren torturas, abusos sexuales y trabajos forzados.
Se estima que al menos 300,000 personas trabajan en operaciones de estafa en el sudeste asiático, con una gran concentración en la región del Mekong.
Las víctimas son atraídas con promesas de trabajos legítimos, pero al llegar son detenidas y obligadas a cometer fraudes en línea.
Las víctimas enfrentan torturas públicas, violencia sexual, privación de alimentos y largas jornadas laborales. También son sometidas a castigos severos por no cumplir con los objetivos establecidos.
Los beneficios se obtienen a través de diversas estafas en línea, incluyendo fraude por suplantación de identidad y extorsión. Los ingresos anuales globales se estiman en alrededor de 64,000 millones de dólares.
A menudo regresan a casa traumatizadas, endeudadas y estigmatizadas, enfrentando amenazas tanto de los reclutadores como de cobradores de deuda. Muchos sufren trastornos psicológicos como depresión y ansiedad.
La ONU enfatiza la necesidad de un enfoque basado en los derechos humanos para abordar la trata y garantizar que las víctimas no sean penalizadas por los delitos que fueron forzadas a cometer.