En 2025, las ejecuciones aumentaron significativamente a nivel mundial, a pesar de que la pena de muerte no demuestra ser efectiva para combatir el crimen. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por este incremento, especialmente en países donde se aplican condenas por delitos que no cumplen con el umbral de gravedad exigido por el derecho internacional. En Irán, al menos 1500 personas fueron ejecutadas, muchas por delitos relacionados con drogas. Arabia Saudita y Estados Unidos también registraron cifras alarmantes de ejecuciones. A pesar de esta tendencia negativa, algunos países como Vietnam y Pakistán han tomado medidas hacia la reducción o abolición de la pena capital. Además, se han presentado propuestas legislativas en Israel que podrían ampliar el uso de la pena de muerte contra palestinos, lo que generaría serias violaciones a los derechos humanos.
La tendencia hacia la abolición universal de la pena de muerte ha sido evidente en las últimas décadas, sin embargo, en 2025 se observó un notable incremento en el número de ejecuciones. Este aumento se debe principalmente a la aplicación del castigo capital en un reducido grupo de países que aún mantienen esta práctica en sus legislaciones.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su inquietud al respecto, subrayando especialmente las condenas a muerte impuestas por delitos que no alcanzan el umbral de gravedad exigido por el derecho internacional. En este contexto, Volker Türk denunció la ejecución continua de individuos condenados por delitos cometidos durante su minoría de edad, así como el secretismo que rodea estas ejecuciones.
Según el Alto Comisionado, el aumento en las ejecuciones está vinculado al creciente número de sentencias por delitos relacionados con drogas que no implican asesinato premeditado. Esta situación no solo infringe el derecho internacional, sino que también resulta ineficaz para disuadir la criminalidad.
Las estadísticas de la Oficina de la ONU revelan que Irán ejecutó al menos 1500 personas en 2025, siendo el 47% de estas condenadas por delitos vinculados a drogas. “La magnitud y frecuencia de las ejecuciones reflejan un uso sistemático de la pena de muerte como herramienta de intimidación estatal, afectando desproporcionadamente a minorías y migrantes”, afirmó Türk.
En Arabia Saudita, se registraron al menos 356 ejecuciones, superando así el récord establecido en 2024. De estas sentencias, el 78% estuvo relacionada con delitos vinculados a drogas. El país árabe reanudó las ejecuciones en 2022.
En Estados Unidos, se llevaron a cabo 47 ejecuciones en 2025, cifra más alta en los últimos 16 años. La introducción del método de ejecución por gas, implementado por primera vez en 2024, ha generado preocupaciones sobre posibles torturas o castigos crueles.
Aún persisten las ejecuciones públicas en Afganistán, lo cual contraviene el derecho internacional. Por ejemplo, el pasado 11 de abril cuatro individuos condenados por asesinato fueron ejecutados públicamente en estadios deportivos. Desde agosto de 2021, las autoridades han llevado a cabo múltiples ejecuciones públicas.
En Somalia, se registraron 24 ejecuciones y en Singapur, 17. Por su parte, en China y Corea del Norte, la falta de transparencia dificulta obtener cifras precisas sobre este tipo de castigo.
Diversas propuestas legislativas están actualmente bajo consideración en Israel con el objetivo de aumentar el uso de la pena capital. Estas iniciativas buscan establecer disposiciones obligatorias aplicables exclusivamente a los palestinos.
Türk advirtió que tales medidas violarían el derecho a un juicio justo para los palestinos, además de contravenir otras normas del derecho internacional y los derechos humanos. Asimismo, destacó que las ejecuciones realizadas por Hamas en Gaza constituyen violaciones graves a los derechos humanos.
A pesar del aumento generalizado en las ejecuciones, Türk resaltó que varios países adoptaron decisiones positivas durante 2025.
Vietnam redujo el número de delitos sujetos a pena capital. Por su parte, Pakistán abolió esta sanción para dos delitos no letales, aunque mantiene la pena para otros 29 delitos.
Zimbabue eliminó la pena capital para crímenes comunes desde el 31 de diciembre de 2024, mientras que Kenia inició una revisión legislativa respecto al castigo capital.
| País | Número de Ejecuciones | Porcentaje relacionado con drogas |
|---|---|---|
| Irán | 1500 | 47% |
| Arabia Saudita | 356 | 78% |
| Estados Unidos | 47 | N/A |
| Somalia | 24 | N/A |
| Singapur | 17 | N/A |
El aumento se debe principalmente a un incremento en la aplicación de la pena de muerte en algunos países que todavía mantienen este castigo, especialmente por delitos relacionados con drogas que no cumplen con el umbral de gravedad exigido por el derecho internacional.
En Irán, se registraron al menos 1500 ejecuciones, de las cuales el 47% fueron por delitos relacionados con drogas.
El Alto Comisionado expresó su preocupación por la ejecución de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad y el uso sistemático de la pena de muerte como herramienta de intimidación, afectando desproporcionadamente a minorías y migrantes.
A pesar del aumento generalizado de ejecuciones, varios países han tomado medidas positivas, como Vietnam, que redujo los delitos punibles con la pena de muerte; Pakistán, que abolió este castigo para dos delitos no letales; y Zimbabue, que abolió la pena capital para delitos comunes.
En Israel hay propuestas legislativas que buscan ampliar el uso de la pena de muerte mediante disposiciones obligatorias aplicables exclusivamente a los palestinos, lo cual podría violar sus derechos a un juicio justo y otras leyes internacionales.