La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha publicado el informe "La libertad de información en España. Balance 2025", que destaca un aumento de presiones y riesgos legales que afectan al ejercicio del periodismo en el país. A pesar de mantener un marco democrático, se han consolidado dinámicas de agresiones, acoso a periodistas y opacidad institucional, lo que limita la libertad de prensa. El informe también señala reformas legislativas que podrían impactar negativamente en el secreto profesional y la transparencia informativa. Se espera que 2026 sea un año clave para determinar el futuro de la libertad de información en España, con recomendaciones para reforzar las garantías periodísticas y proteger a los profesionales del sector.
La libertad de prensa en España concluyó 2025 marcada por una serie de tensiones estructurales que impactan el ejercicio del periodismo y la calidad del debate democrático. Esta es la principal conclusión del informe “La libertad de información en España. Balance 2025”, elaborado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). El estudio se basa en un seguimiento anual y en el análisis de fuentes europeas e internacionales especializadas. A pesar de que España mantiene un marco democrático formal y no experimenta censura directa, durante 2025 se consolidaron dinámicas de presión acumulativa, como agresiones a periodistas, inseguridad jurídica y reformas normativas controvertidas, que restringen el ejercicio libre del derecho a la información.
El informe destaca que “el problema no es un retroceso abrupto, sino un desgaste progresivo”. En este contexto, cuando informar conlleva riesgos personales, legales o económicos desproporcionados, la libertad de prensa pierde su esencia sin necesidad de censura explícita.
A lo largo del año 2025, se registraron múltiples agresiones físicas, amenazas graves y campañas de acoso digital dirigidas a periodistas, especialmente en entornos de alta polarización política. El informe documenta incidentes ocurridos durante la cobertura de manifestaciones y amenazas de muerte provenientes tanto de actores privados como de funcionarios públicos.
Uno de los episodios más preocupantes fue la imputación de varios periodistas por informar sobre un asunto de gran interés público. Este hecho fue comunicado por la PDLI a la Comisión Europea y se incluyó en el Informe sobre el Estado de Derecho 2025. El estudio advierte que tales acciones representan un claro riesgo de criminalización del ejercicio periodístico, generando un efecto disuasorio sobre las investigaciones informativas.
El informe también señala un aumento en las comparecencias institucionales sin posibilidad de preguntas, así como retrasos sistemáticos en el acceso a información pública. Además, no se han producido avances significativos en la reforma del régimen de secretos oficiales, uno de los más restrictivos dentro del contexto europeo.
Aunque estas prácticas no constituyen censura formal, configuran formas indirectas o sutiles que debilitan la rendición de cuentas y limitan el contraste informativo, afectando negativamente al pluralismo al convertir la comunicación pública en un flujo controlado por las instituciones.
El Balance 2025 dedica un análisis detallado a las reformas y proyectos normativos que marcaron el debate legislativo durante el año y que tienen un impacto directo sobre la libertad de prensa. Entre ellos se encuentran:
A pesar de que estas reformas buscan objetivos legítimos como combatir desinformación o reforzar transparencia, el contenido final y su aplicación serán cruciales para preservar el pluralismo informativo.
De cara al próximo año, el informe identifica varios factores críticos para la evolución futura de la libertad de prensa en España:
El informe concluye con recomendaciones dirigidas al legislador e instituciones públicas:
A medida que nos adentramos en 2026, será fundamental determinar si España avanzará hacia una mayor garantía en la libertad informativa o si consolidará un entorno caracterizado por presiones estructurales que amenacen el papel esencial del periodismo como pilar del Estado democrático.
El informe completo “La libertad de información en España. Balance 2025” está disponible para consulta pública en la web oficial de la PDLI.
El informe concluye que, aunque España mantiene un marco democrático formal y no registra censura directa, durante 2025 se consolidaron dinámicas de presión acumulativa que reducen el espacio efectivo para el ejercicio libre del derecho a la información.
A lo largo de 2025 se registraron agresiones físicas, amenazas graves y campañas de acoso digital contra periodistas, especialmente en contextos de alta polarización política.
El informe analiza varias reformas, incluyendo el Anteproyecto de Ley de Gobernanza Democrática en Servicios Digitales, la reforma del derecho de rectificación en el entorno digital, y el anteproyecto de Ley Orgánica del Secreto Profesional. Estas reformas tienen un impacto directo sobre la libertad de prensa y el secreto profesional.
Las recomendaciones incluyen reforzar efectivamente el secreto profesional, garantizar plazos razonables en la ley de información clasificada, evitar sanciones discrecionales que restrinjan el acceso a medios al Parlamento, y proteger activamente a los periodistas frente a agresiones y presiones judiciales.
Los factores incluyen la tramitación y aprobación de reformas pendientes, la aplicación efectiva del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios, la transposición de la Directiva europea contra demandas abusivas, y el aumento del acoso digital y polarización política.