Expertos de la ONU han denunciado que, más de un año después de una histórica sentencia del Tribunal Constitucional de Ecuador, las 342 víctimas de esclavitud moderna en la empresa Furukawa Plantaciones C.A. aún no han recibido reparaciones integrales. A pesar de que el tribunal reconoció graves violaciones de derechos humanos, como trabajo forzoso y servidumbre, solo se ha emitido una disculpa pública por parte del Estado. Los expertos alertan sobre el acoso a las víctimas y la falta de medidas efectivas para garantizar su protección y reparación, lo que podría agravar la situación y poner en peligro a quienes han sufrido estas violaciones.
Expertos de la ONU han emitido una alerta sobre la situación de las víctimas de condiciones laborales similares a la esclavitud en Ecuador, específicamente en la empresa Furukawa Plantaciones C.A. A más de un año de una sentencia histórica del Tribunal Constitucional, estas personas siguen enfrentando una realidad de extrema precariedad.
El fallo judicial reconoció graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo trabajo forzoso, servidumbre y trabajo infantil, además de la falta de acceso a vivienda, salud y educación. Aunque el tribunal ordenó reparaciones integrales para 342 víctimas, hasta el momento solo se ha emitido una disculpa pública por parte del Estado ecuatoriano.
Los expertos han señalado que la empresa ha desafiado la sentencia, acosado a las víctimas y despedido a quienes interpusieron demandas, mientras continúa sus operaciones y exportaciones de abacá. Además, se ha denunciado que Furukawa ha llevado a cabo una campaña para desacreditar públicamente a los demandantes, presentándolos como oportunistas.
“La empresa Furukawa C.A. no solo ha sometido a las personas trabajadoras a una grave explotación laboral durante décadas, sino que también ha revictimizado a los supervivientes en lugar de reconocerlos y cumplir con sus obligaciones establecidas por la Corte Constitucional”, afirmaron los expertos.
En este contexto, expresaron su preocupación por la falta de acciones efectivas por parte del Estado ecuatoriano para garantizar reparaciones materiales. Esta inacción crea un ambiente peligroso tanto para los sobrevivientes como para quienes defienden sus derechos.
Los expertos subrayaron que tanto el Estado como la empresa Furukawa deben actuar sin demora para asegurar la plena reparación y protección de las víctimas. También instaron a adoptar políticas que eviten la repetición de estas graves violaciones de derechos humanos.
“De no hacerlo, se podría producir una escalada de las tensiones actuales, poniendo en peligro la vida de quienes ya han sufrido durante décadas”, concluyeron.
*Los expertos:
• Tomoya Obokata, relator especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias
• Pichamon Yeophantong (presidenta), Damilola Olawuyi (vicepresidenta), Fernanda Hopenhaym, Lyra Jakulevi?ien? y Robert McCorquodale, Grupo de Trabajo sobre las empresas y los derechos humanos
Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas pueden consultarse en el Índice Universal de Derechos Humanos.
El Tribunal Constitucional del país ordenó reparaciones integrales para 342 víctimas de esclavitud moderna, pero hasta ahora solo se ha producido una disculpa pública del Estado.
El fallo reconoció graves violaciones de derechos humanos, incluyendo trabajo forzoso, servidumbre, trabajo infantil y falta de acceso a vivienda, salud y educación.
La empresa ha rechazado la sentencia, acosado a las víctimas y despedido a los demandantes, mientras continúa operando y exportando abacá. Además, lanzó una campaña para estigmatizar públicamente a los demandantes.
Los expertos expresaron su preocupación porque el Estado ecuatoriano no ha tomado medidas efectivas ni garantizado reparaciones materiales, lo que crea un entorno peligroso para los supervivientes y defensores de los derechos humanos.
Los expertos subrayaron que tanto el Estado como la empresa Furukawa deben actuar sin más demora para garantizar la plena reparación, proteger a las víctimas y adoptar políticas que impidan que se repitan estas graves violaciones de derechos humanos.