Afganistán enfrenta una crisis profunda, marcada por el colapso económico y la prohibición de educación para niñas desde hace cuatro años. La representante de la ONU advirtió que esta situación podría condenar a toda una generación. El país, golpeado por un devastador terremoto, sufre además de hambruna y represión sistemática, con millones de afganos regresando sin recursos. La ayuda humanitaria se ve obstaculizada por las políticas talibanes, que han cerrado centros de salud y restringido el acceso del personal local a sus oficinas. La directora de UNICEF calificó la prohibición educativa como una de las injusticias más graves del tiempo actual, subrayando la necesidad de incluir a mujeres en el desarrollo del país para lograr estabilidad y progreso.
Cuatro años después del regreso de los talibanes al poder en Afganistán, el país se encuentra atrapado en un ciclo de crisis interconectadas. El colapso económico, las sequías recurrentes y la hambruna rampante han llevado a millones a un éxodo inverso, mientras que la represión sistemática de las mujeres continúa profundizando la tragedia social.
El devastador terremoto que sacudió el este del país el 31 de agosto ha exacerbado una situación ya crítica. Las autoridades han prohibido a las niñas asistir a escuelas secundarias, institutos y universidades, y muchos hospitales han cerrado por falta de financiación. La llegada de dos millones de familias que regresan de Irán o Pakistán sin recursos es otro signo alarmante del estado precario en que se encuentra Afganistán.
Roza Otunbayeva, representante especial del Secretario General de la ONU para Afganistán, advirtió en una reunión del Consejo de Seguridad que “toda una generación corre el riesgo de perderse” debido a la prohibición educativa impuesta por los talibanes. Según el Banco Mundial, esta restricción le cuesta al país aproximadamente 1400 millones de dólares anuales.
No solo la economía sufre bajo estas políticas restrictivas; la ayuda humanitaria también se ve gravemente afectada. Aunque el terremoto en Kunar demostró cierta capacidad de respuesta por parte de las autoridades talibanes, decisiones como la prohibición del acceso del personal afgano a las oficinas de la ONU están paralizando los esfuerzos vitales para socorrer a la población. Otunbayeva destacó que “esta grave restricción reduce la capacidad de la ONU para ayudar al pueblo afgano cuando más lo necesita”.
El último informe del Secretario General confirma esta tendencia alarmante: desde enero, 1,6 millones de afganos han regresado forzosamente o por necesidad, saturando aún más las capacidades de acogida ya inexistentes. Actualmente, más de nueve millones enfrentan inseguridad alimentaria aguda, con 1,6 millones al borde de la hambruna. Además, más de 420 centros médicos han cerrado durante el verano, privando a tres millones de personas del acceso a atención médica.
A esta crisis humanitaria se suma una represión implacable por parte del régimen talibán. En tres meses se han registrado 63 castigos corporales y manifestaciones pacíficas han sido reprimidas violentamente. La obligatoriedad del velo integral para las mujeres en Herat es otra muestra del retroceso en derechos humanos. En respuesta a estos abusos, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra líderes talibanes por crímenes relacionados con la persecución sistemática de mujeres y niñas.
A pesar de este sombrío panorama, algunos informes sugieren una leve disminución en la violencia desde 2021 y una relativa reducción del cultivo de adormidera. Sin embargo, estas señales son rápidamente opacadas por la dura realidad que enfrenta el país. Según Otunbayeva, Afganistán está sumido en una “tormenta perfecta” cuya resolución dependerá de si los talibanes pueden priorizar el pragmatismo sobre su ideología.
Catherine Russell, directora ejecutiva del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), calificó recientemente como “una de las injusticias más atroces” la prohibición educativa impuesta a las niñas afganas. Al cumplirse cuatro años desde su implementación, Russell enfatizó que esta situación representa “una seria amenaza para la estabilidad y el progreso a largo plazo del país”.
Russell subrayó que para avanzar hacia un futuro mejor, Afganistán necesita aprovechar plenamente tanto a hombres como a mujeres en su fuerza laboral para promover un desarrollo económico sostenible y satisfacer las necesidades básicas de su población creciente.
A finales de 2025, se estima que más de 2,2 millones de adolescentes quedarán excluidas del sistema educativo, marcando así un capítulo oscuro en la historia reciente del país.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 1400 millones | Costo económico anual por prohibición de educación a niñas |
| 1,6 millones | Afganos que han regresado por fuerza o necesidad desde enero |
| Más de 9 millones | Personas enfrentando inseguridad alimentaria aguda |
| Más de 420 | Centros de salud cerrados este verano |
| Más de 2,2 millones | Adolescentes excluidos de la educación a finales de 2025 |
Las niñas afganas han sido prohibidas de asistir a la escuela más allá del sexto grado durante cuatro años, lo que pone en riesgo toda una generación de su educación.
Según el Banco Mundial, esta prohibición le cuesta a la economía afgana 1400 millones de dólares al año.
Aproximadamente 22 millones de personas, es decir, la mitad de los habitantes del país, se ven afectadas por la crisis humanitaria, con más de nueve millones enfrentando inseguridad alimentaria aguda.
A pesar de demostrar capacidad para coordinar esfuerzos de socorro tras el terremoto en Kunar, las autoridades talibanes han impuesto restricciones que paralizan la ayuda humanitaria, como prohibir que el personal afgano de la ONU acceda a sus oficinas.
Catherine Russell, directora ejecutiva del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), calificó esta prohibición como “una de las injusticias más atroces de nuestro tiempo” y una seria amenaza para la estabilidad y el progreso del país.
Se estima que más de 2,2 millones de adolescentes habrán sido excluidas de la educación en Afganistán para finales de 2025.