La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha declarado que la respuesta de los Estados al tráfico de drogas debe respetar el derecho internacional. Tras un ataque estadounidense a un barco en el Caribe, donde murieron 11 personas, se enfatizó que el uso de fuerza letal solo es aceptable como último recurso ante una amenaza inminente para la vida. La portavoz Ravina Shamdasani subrayó que las operaciones de aplicación de la ley deben ser investigadas de manera independiente y transparente, reafirmando que no se deben perder vidas por el consumo o tráfico de drogas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha emitido un contundente mensaje en relación con el uso de la fuerza letal por parte de los Estados en la lucha contra el tráfico de drogas. En respuesta a un reciente ataque estadounidense a un barco en el sur del Caribe, se subrayó que tal acción solo es justificable como último recurso, cuando hay una amenaza inminente para la vida.
“Las personas no deberían ser asesinadas por usar, traficar o vender drogas”, afirmó este viernes la portavoz Ravina Shamdasani durante una rueda de prensa en Ginebra. Sus declaraciones se producen en un contexto donde la comunidad internacional observa con preocupación las tácticas empleadas en la guerra contra las drogas.
Shamdasani destacó que es fundamental que las respuestas estatales al tráfico ilícito respeten el derecho internacional de los derechos humanos. Además, enfatizó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben adherirse a los principios básicos sobre el uso de la fuerza establecidos por el derecho internacional.
La portavoz hizo hincapié en que cualquier pérdida de vidas durante una operación policial debe ser objeto de una investigación independiente, rápida y transparente. Este pronunciamiento se produce pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un ataque militar contra un barco proveniente de Venezuela, alegando que transportaba drogas hacia Estados Unidos. Según su versión, el ataque resultó en la muerte de 11 personas.
El incidente ha reavivado el debate sobre la proporcionalidad y legalidad del uso de la fuerza en operaciones antidrogas, así como sobre las implicaciones para los derechos humanos en estas intervenciones.
La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, afirmó que el uso intencional de la fuerza letal por parte de los Estados solo es permisible como medida de último recurso, cuando existe una amenaza inminente para la vida.
La ONU subraya que "las personas no deberían ser asesinadas por usar, traficar o vender drogas".
Cualquier pérdida de vidas en el contexto de una operación de aplicación de la ley debe ser investigada de manera independiente, rápida y transparente.
El ataque se llevó a cabo contra un barco proveniente de Venezuela que supuestamente transportaba drogas hacia Estados Unidos, resultando en la muerte de 11 personas según declaraciones del presidente Donald Trump.