El Gobierno español ha aprobado un anteproyecto de ley orgánica que regula el derecho al secreto profesional de los periodistas, estableciendo por primera vez una protección legal completa para este derecho fundamental. Esta iniciativa busca fortalecer la transparencia y la independencia en el ecosistema informativo, garantizando la confidencialidad de las fuentes de información. El anteproyecto detalla las condiciones bajo las cuales se puede afectar este derecho, limitando la vigilancia intrusiva y estableciendo que cualquier intervención judicial debe ser autorizada con criterios de necesidad y proporcionalidad. Además, promueve la creación de mecanismos de autorregulación en el ámbito periodístico. Con esta medida, se refuerza la libertad de prensa como pilar esencial de la democracia.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley Orgánica que regula el derecho al secreto profesional de los periodistas, una medida que establece por primera vez en España una protección legal específica y completa para este derecho fundamental. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, busca fortalecer la transparencia y la independencia en el ámbito informativo, en cumplimiento del artículo 20.1.d) de la Constitución Española.
El objetivo principal de esta ley es garantizar la confidencialidad de las fuentes periodísticas, un aspecto esencial para el ejercicio libre del periodismo y un pilar fundamental en cualquier democracia. Durante una rueda de prensa, el ministro Félix Bolaños destacó que esta legislación no solo protege a quienes informan, sino que también contribuye a elevar la calidad del debate público y refuerza la libertad de prensa.
El texto del anteproyecto se alinea con las normativas internacionales sobre derechos humanos y libertad de expresión, incluyendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, cumple con el Reglamento (UE) 2024/1083, que exige a los Estados miembros garantizar una protección efectiva del secreto profesional.
Entre sus disposiciones más relevantes, se detalla que los profesionales de la información tienen derecho a no revelar la identidad de sus fuentes ni cualquier dato que pueda conducir a su identificación. Asimismo, se prohíbe la entrega forzada de materiales periodísticos o dispositivos que comprometan dicha confidencialidad. La ley también impide la instalación de programas informáticos intrusivos sobre estos profesionales, salvo en circunstancias excepcionales ordenadas judicialmente.
La norma establece que solo se podrá autorizar judicialmente cualquier diligencia que afecte al secreto profesional en casos donde exista un daño grave e inminente para personas o un riesgo significativo para la seguridad nacional. Estas medidas deberán ser aprobadas por un juez y cumplir criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad.
Además, el anteproyecto reconoce como titulares del derecho no solo a los periodistas y medios de comunicación, sino también a aquellos en su entorno profesional o personal que puedan conocer la identidad de las fuentes. Cualquier intervención judicial relacionada con el secreto profesional estará sujeta a un control previo riguroso para evitar acciones desproporcionadas.
La propuesta también contempla reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Civil para asegurar que los periodistas puedan invocar el secreto profesional al declarar como testigos. Por otro lado, se fomentará la creación de mecanismos de autorregulación y códigos de buenas prácticas dentro del sector periodístico, promovidos por los propios profesionales con apoyo institucional.
Con este anteproyecto, el Gobierno busca consolidar un marco legal robusto que respalde el ejercicio del periodismo en España y proteja uno de sus derechos más fundamentales: el secreto profesional.
El anteproyecto regula el derecho al secreto profesional de los periodistas y otros profesionales de la información, garantizando la protección de la confidencialidad de las fuentes y desarrollando una legislación específica en cumplimiento del artículo 20.1.d) de la Constitución Española.
El objetivo principal es fortalecer la transparencia, pluralidad e independencia en el ecosistema informativo, asegurando una prensa libre como pilar esencial de la democracia.
La ley prohíbe la revelación de la identidad de las fuentes y establece que cualquier intervención judicial que afecte al secreto profesional debe ser autorizada por un juez bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad.
Solo se podrá autorizar en situaciones donde exista un daño grave e inminente para la vida o integridad de las personas, o riesgos para la seguridad nacional o los fundamentos del sistema constitucional.
Reconoce a periodistas y medios como titulares del derecho al secreto profesional y establece mecanismos para proteger su confidencialidad, además de permitirles acogerse al secreto profesional cuando declaren como testigos.
Introduce reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Civil para que los profesionales puedan invocar el secreto profesional durante sus declaraciones como testigos.