La Corte Internacional de Justicia ha declarado que los Estados miembros tienen la obligación de prevenir el cambio climático, considerado un "riesgo universal existencial" causado por la actividad humana. Este fallo establece que el incumplimiento de estas obligaciones es un hecho ilícito a nivel internacional y requiere que los Estados reparen a aquellos afectados. La Corte enfatiza que deben tomar medidas efectivas y rápidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aplicando el principio de precaución. Además, resalta la importancia de la cooperación internacional, especialmente en apoyo a los países más vulnerables. Este dictamen se produce en un contexto donde la inversión en energías limpias está superando a la de combustibles fósiles, marcando una transición hacia fuentes de energía sostenibles.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha emitido un contundente pronunciamiento sobre el cambio climático, calificándolo como un "riesgo universal existencial" que es indiscutiblemente resultado de la actividad humana. En su declaración, el tribunal subraya que los Estados miembros tienen la responsabilidad ineludible de prevenir este fenómeno.
El presidente del tribunal, Yuji Iwasawa, destacó que las emisiones de gases de efecto invernadero son "inequívocamente causadas por actividades humanas" y enfatizó que sus efectos no conocen fronteras. "Las consecuencias del cambio climático son severas y de gran alcance, afectando tanto a ecosistemas naturales como a poblaciones humanas", advirtió Iwasawa, quien describió el cambio climático como una amenaza urgente y existencial.
La opinión consultiva emitida por la Corte, solicitada por la Asamblea General de la ONU en abril de 2023, establece que el derecho internacional impone a los Estados el deber de prevenir daños significativos al medio ambiente. Esto incluye actuar con la debida diligencia y utilizar todos los medios disponibles para evitar que las actividades bajo su jurisdicción causen "daños significativos" al sistema climático y otras partes del medio ambiente.
El tribunal dejó claro que el incumplimiento de estas obligaciones por parte de un Estado constituye un hecho internacionalmente ilícito. Los Estados tienen el "deber permanente" de cumplir con estas responsabilidades, lo que implica cesar cualquier acción u omisión ilícita, ofrecer garantías de no repetición cuando sea necesario y reparar íntegramente a los Estados afectados mediante restitución, indemnización y satisfacción.
Además, se exige a los Estados adoptar medidas "apropiadas", "consistentes", "rápidas" y "sostenibles" para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El principio de precaución debe ser plenamente aplicado: "la falta de certeza científica absoluta no debe usarse como pretexto" para justificar la inacción, dictaminó el tribunal.
Es importante destacar que estas obligaciones no solo provienen de tratados multilaterales; también forman parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que son aplicables a todos los Estados, independientemente de su participación en acuerdos climáticos importantes.
La CIJ también ha subrayado la necesidad imperiosa de cooperación entre Estados, especialmente en términos de financiamiento, transferencia tecnológica y apoyo a las naciones más vulnerables. La diligencia en estos aspectos es crucial y no puede ser abordada a un ritmo individual.
A raíz de una solicitud realizada por la Asamblea General en abril pasado, se pidió a la Corte que determinara cuáles son las obligaciones estatales para proteger el sistema climático frente a las emisiones generadas por humanos y qué consecuencias jurídicas derivan de tales obligaciones.
Estas responsabilidades son especialmente relevantes para los pequeños Estados insulares en desarrollo, quienes enfrentan desafíos únicos debido a su geografía y nivel de desarrollo. Las obligaciones también abarcan a las generaciones presentes y futuras, afectadas por los efectos adversos del cambio climático.
Aunque las opiniones consultivas emitidas por la CIJ no son vinculantes, poseen un peso moral significativo y servirán como referencia para tribunales nacionales e internacionales. Actualmente hay cerca de 3000 litigios climáticos activos en aproximadamente sesenta países.
Este dictamen se produce tras un informe interagencial que indica que en 2024 se superó la inversión en energías limpias respecto a los combustibles fósiles. El Secretario General António Guterres, al respecto, afirmó: "El futuro de la energía limpia ya es un hecho irreversible".
Guterres instó a acelerar la transición global hacia energías renovables, señalando que los costos asociados con la generación eléctrica mediante energía solar y eólica han disminuido significativamente en comparación con sus contrapartes fósiles. Este cambio representa un punto decisivo en la economía energética mundial.
"La energía limpia no solo combate el cambio climático; también promueve el desarrollo económico, crea empleos y garantiza seguridad energética", concluyó Guterres. Afirmó además que mientras los combustibles fósiles continúan generando volatilidad e incertidumbre geopolítica, el sol y el viento ofrecen autonomía, estabilidad y recursos inagotables.
La Corte Internacional de Justicia ha declarado que el cambio climático es un "riesgo universal existencial" causado por la actividad humana y que los Estados tienen el deber de prevenirlo.
Los Estados tienen el deber de prevenir daños significativos al medio ambiente, actuar con debida diligencia y utilizar todos los medios a su alcance para evitar que sus actividades causen daños al sistema climático.
El incumplimiento de estas obligaciones constituye un hecho internacionalmente ilícito, y el Estado debe cesar las acciones ilícitas, proporcionar garantías de no repetición y reparar íntegramente a los Estados lesionados.
El principio de precaución exige que los Estados tomen medidas apropiadas, consistentes, rápidas y sostenibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sin usar la falta de certeza científica como pretexto para la inacción.
Aunque no es vinculante, se considera una guía moral importante y servirá como referencia para tribunales nacionales e internacionales en casos relacionados con el cambio climático.
António Guterres hizo un llamado a acelerar la transición global hacia energías renovables, afirmando que los costos de generación con energía solar y eólica son más bajos que los combustibles fósiles, lo cual marca un punto de inflexión irreversible en la economía energética mundial.