Aprobada la ‘ley mordaza’ para controlar a los periodistas en Venezuela

La oposición ha definido esta ley como ‘ley mordaza’, por su similitud con el instrumento que tapa las bocas de forma inquisitiva. Y es que algo así es lo que aseguran que les pasará a los informadores en Venezuela, según denuncian ciertos grupos políticos y organizaciones proderechos humanos tras la última ley aprobada en el país.

La Asamblea Nacional de Venezuela ha dado luz verde para la aprobación de la conocida como 'Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión', a falta del consentimiento del Parlamento y del presidente Hugo Chávez, para su entrada en vigor definitiva.

La normativa establece horarios restringidos para los programas que se consideren pornográficos o violentos y fuertes multas a aquellos medios que no los cumplan, que incluso podrían acarrear el cierre de los mismos.

La legislación, impulsada por el Gobierno, cuenta con el rechazo de la oposición política, periodistas y organizaciones de derechos humanos como ‘Human Rights Watch’, que la ha definido como una ‘amenaza grave a la libertad de prensa en Venezuela’. ‘Sus restricciones redactadas con vaguedad y fuertes penalidades son una receta para la autocensura de la prensa y la arbitrariedad de las autoridades’, señaló mediante comunicado. Además, prosigue ‘se esconde detrás de la protección de niños frente a un lenguaje crudo, contenido sexual y violencia’, pero también sometería a adultos a ‘estándares visuales restrictivos y puritanos’, y podría penalizar la expresión legítima de opiniones políticas de los periodistas.

‘Esta ley es punitiva de principio a fin... en la práctica, institucionaliza una política de terror en contra de los medios’, señala por otra parte, Jesús Garrido, diputado del opositor Partido Acción Democrática.

Por su parte, desde el Gobierno se manifiesta que la intención de la Ley es limitar ‘el lenguaje inadecuado, el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas, la agresión a la mujer, la violencia desmedida o el sexo explícito’, y que además ‘es el fruto de dos años de investigación, análisis y redacción, además de una consulta pública de nueve meses, con valiosos aportes de cientos de personas y decenas de instituciones’.