El Gobierno de España ha presentado a audiencia pública el texto de una regularización extraordinaria para integrar a personas extranjeras que ya se encuentran en el país. Esta iniciativa, que busca garantizar derechos y seguridad jurídica, permite la participación ciudadana antes de su implementación. La regularización está dirigida a quienes hayan estado en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y cumplan ciertos requisitos, como no tener antecedentes penales. Los solicitantes podrán obtener una autorización de residencia inicial de un año, con posibilidad de trabajar desde el primer día. Además, se contempla la regularización simultánea de hijos menores. Esta medida responde a una realidad social existente y busca facilitar la integración y convivencia intercultural en España.
El Gobierno de España ha puesto a disposición del público el texto de la regularización extraordinaria para personas migrantes que residen en el país. Esta iniciativa, que busca fomentar la participación ciudadana, permite a los ciudadanos presentar sus aportaciones antes de que se implemente la medida. Durante la reunión del Consejo de Ministros del 27 de enero, se aprobó iniciar la tramitación de esta regularización, cuyo objetivo es garantizar derechos y proporcionar seguridad jurídica al sistema migratorio.
Este proyecto representa un primer paso dentro del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, con el que España busca fortalecer su política migratoria centrada en los derechos humanos, la integración y la convivencia, alineada con el crecimiento económico y la cohesión social.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, enfatizó en una rueda de prensa que esta es "una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que ya existe en nuestras calles, en nuestras empresas y en nuestra sociedad".
El proceso está dirigido a todas las personas extranjeras que se encuentren en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar haber permanecido al menos cinco meses continuos en el país al momento de presentar su solicitud. Esta permanencia podrá ser acreditada mediante cualquier documento público o privado. Para quienes soliciten protección internacional, será suficiente con haber presentado dicha solicitud antes del 31 de diciembre de 2025.
Además, uno de los requisitos fundamentales es no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público. Aquellos que cumplan con estos criterios podrán obtener una autorización de residencia inicial por un año. Pasado este periodo, deberán integrarse a las modalidades ordinarias establecidas en el Reglamento de Extranjería, lo que facilitará su plena inclusión en el sistema laboral español. "La propia autorización permitirá trabajar desde el primer día en cualquier sector y lugar del país", añadió Saiz.
La ministra también destacó que "el mecanismo diseñado es sencillo y busca eliminar las barreras burocráticas del pasado". Así, el plazo máximo para tramitar las solicitudes será de tres meses; sin embargo, con solo admitir a trámite las solicitudes —lo cual se resolverá en un máximo de 15 días— las personas podrán comenzar a trabajar.
Este plan está dirigido principalmente a aquellos que ya residen en España desde hace tiempo pero han quedado fuera de los cauces habituales de regularización. Esto incluye a quienes tienen solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas y no han podido acogerse a otras figuras legales. La medida se aplicará sin distinción nacional siempre que se cumplan los requisitos establecidos, abordando así una realidad administrativa y social existente.
Tanto trabajadores como empleadores se beneficiarán con esta normativa. "El trabajador obtendrá derechos mientras que el empresario ganará seguridad jurídica. Estoy convencida de que esta medida reducirá la economía sumergida y ayudará a romper el ciclo de explotación laboral", afirmó la ministra.
Otro aspecto clave del proyecto es la protección de la unidad familiar. El proceso permitirá regularizar simultáneamente a los hijos e hijas menores de edad de los solicitantes presentes en España, otorgándoles un permiso por cinco años.
"La integración no es un proceso individual; es familiar", subrayó Elma Saiz, resaltando la importancia de brindar estabilidad y derechos a los menores así como apoyar los proyectos vitales ya establecidos en el país.
La ministra contextualizó esta medida dentro de una larga trayectoria histórica donde España ha abordado procesos similares cuando la situación social lo ha requerido. "Desde 1986 hasta 2005, diferentes gobiernos han recurrido a procesos de regularización cuando la realidad social supera la burocracia", indicó Saiz.
Asimismo, recordó que esta iniciativa retoma un camino iniciado por una propuesta ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas y apoyada por una amplia mayoría del Congreso, que había estado bloqueada durante meses.
"En este punto, optar por una vía reglamentaria es lo más rápido, eficaz y garantista para ofrecer una respuesta inmediata y ordenada conforme al marco legal", concluyó.
Es una iniciativa del Gobierno español que busca integrar a personas extranjeras que ya se encuentran en el país, garantizando sus derechos y dotándoles de seguridad jurídica.
Pueden beneficiarse todas las personas extranjeras que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que hayan permanecido al menos cinco meses de forma continuada en el país al momento de presentar la solicitud.
Los solicitantes no deben tener antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Además, deben acreditar su estancia en España mediante documentos públicos o privados.
Las personas que cumplan con los requisitos obtendrán una autorización de residencia inicial por un año, con la posibilidad de trabajar desde el primer día.
El plazo máximo para la tramitación será de tres meses, pero con la mera admisión a trámite, los solicitantes podrán empezar a trabajar en un máximo de 15 días.
Sí, el proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de las personas solicitantes que se encuentren en España, cuyo permiso será por cinco años.
El objetivo es ofrecer una respuesta a la realidad social existente y facilitar la integración plena y progresiva de las personas migrantes en España.