Sri Lanka enfrenta una oportunidad crucial para superar la impunidad histórica, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. En un reciente informe, se destaca la necesidad de justicia para las víctimas, el restablecimiento del estado de derecho y la eliminación de políticas divisivas. Türk insta al gobierno a reconocer oficialmente las violaciones pasadas y a rendir cuentas por abusos cometidos durante la guerra civil. Se recomienda la derogación de la Ley de Prevención del Terrorismo y el establecimiento de un mecanismo judicial especializado para abordar violaciones graves de derechos humanos. A pesar de algunos avances, persiste la intimidación hacia la sociedad civil y se advierte sobre el impacto negativo de la crisis económica en los derechos humanos en el país.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha señalado que Sri Lanka se encuentra en una encrucijada histórica, con la posibilidad de romper con un pasado marcado por la impunidad. En un comunicado emitido este miércoles, Türk destacó la necesidad urgente de abordar temas fundamentales como la justicia para las víctimas, el restablecimiento del estado de derecho y la eliminación de políticas discriminatorias.
En su declaración, Türk hizo referencia a un informe reciente de su Oficina que exhorta al gobierno ceilandés a terminar con la impunidad y rendir cuentas por violaciones graves de derechos humanos cometidas en el pasado. Según el documento, Sri Lanka debe establecer una hoja de ruta integral que traduzca sus compromisos en acciones concretas.
Este proceso debe comenzar con un reconocimiento claro y oficial de las violaciones y abusos perpetrados, incluyendo aquellos ocurridos durante la guerra civil. También es esencial que haya rendición de cuentas tanto del Estado como de las fuerzas de seguridad, así como de grupos armados no estatales como los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE).
Türk mencionó que durante su reciente visita a Sri Lanka fue testigo del sufrimiento persistente de las víctimas y abogó porque se escuchen sus demandas por verdad y justicia.
El Alto Comisionado expresó su apoyo a la iniciativa del gobierno sri lankés para crear una Fiscalía General independiente. Además, recomendó establecer un mecanismo judicial especializado que incluya un asesor especial independiente para abordar casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario.
Türk también exigió la devolución de tierras bajo control militar en el norte y el este del país, así como la derogación de la Ley de Prevención del Terrorismo. Esta ley ha llevado a largas condenas para muchos prisioneros, algunos cumpliendo penas desde hace décadas.
A pesar de que el gobierno ha comenzado a abrir espacios para el diálogo, el informe revela un patrón persistente de intimidación y acoso contra actores clave dentro de la sociedad civil. Esto incluye a aquellos que trabajan en temas relacionados con desapariciones forzadas, conflictos territoriales y cuestiones ambientales.
Aunque se ha comprometido a derogar la Ley de Prevención de la Subversión, el nuevo gobierno continúa utilizando esta legislación para arrestar y detener personas. El informe documenta arrestos arbitrarios, torturas y muertes bajo custodia, instando al gobierno a implementar una moratoria inmediata sobre su aplicación.
Asimismo, se examina el impacto devastador que tiene la crisis económica actual, especialmente sobre los sectores más vulnerables de la población, incluida la comunidad tamil en Malaiyahar. La Oficina del Alto Comisionado enfatizó que es crucial que las instituciones financieras internacionales proporcionen al gobierno el espacio fiscal necesario para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.
También se subrayó la importancia de asegurar que las medidas de austeridad no comprometan la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Sri Lanka tiene la oportunidad de romper con el pasado y avanzar hacia la justicia para las víctimas, el restablecimiento del estado de derecho y la eliminación de la discriminación y políticas divisivas.
Se insta al gobierno a poner fin a la impunidad y exigir responsabilidades por las violaciones y abusos graves cometidos en el pasado, incluyendo un reconocimiento claro de estos crímenes.
El Alto Comisionado recomienda la derogación de la Ley de Prevención del Terrorismo, así como la liberación de los presos que cumplen largas condenas bajo esta ley.
La crisis económica y la carga de la deuda afectan gravemente a toda la población, especialmente a los más pobres y vulnerables, lo que compromete su acceso a derechos económicos, sociales y culturales.
A pesar de que el gobierno ha abierto espacios para el debate, hay un patrón persistente de intimidación y acoso contra actores de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados con derechos humanos.