La Corte Internacional de Justicia declaró a Myanmar responsable del genocidio contra la etnia rohinyá y ordenó al país adoptar medidas para prevenir nuevas violaciones, investigar y, cuando proceda, procesar a los responsables, además de reparar los daños. La sentencia es definitiva y vinculante para las partes; el importe y las modalidades de la indemnización se determinarán en una fase posterior.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de la ONU, declaró a Myanmar responsable del genocidio contra la población rohinyá. La sentencia, dictada este jueves en el caso Gambia contra Myanmar sobre la aplicación de la Convención sobre el Genocidio, es la primera de este tipo contra un Estado.
Al concluir una sesión de tres horas en La Haya, el presidente de la CIJ, el juez japonés Yuji Iwasawa, afirmó que Myanmar tampoco había prevenido ni castigado el genocidio. La sentencia describió actos de violencia extrema cometidos por el ejército contra comunidades rohinyá, en su mayoría musulmanas, en el estado de Rakáin.
El secretario general de la ONU, António Guterres, acogió favorablemente el fallo y señaló que supone un reconocimiento a las víctimas y a la justicia internacional. También subrayó que acabar con la impunidad en Myanmar y garantizar que se rindan cuentas siguen siendo esenciales para la reconciliación nacional. Añadió que la decisión se estudiará en el seno de las Naciones Unidas y que el derecho internacional, incluida la Convención sobre el Genocidio, debe ser respetado por todos.
La CIJ determinó que las fuerzas de seguridad de Myanmar y otros órganos del Estado cometieron intencionadamente actos prohibidos por el artículo II de la Convención: matar a miembros de un grupo, causarles daños físicos o mentales graves e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de ese grupo.
Para dictar sentencia, el tribunal examinó pruebas gráficas, testimonios de supervivientes e informes de investigadores internacionales. Estos describían aldeas y puentes rohinyá incendiados y arrasados con excavadoras, así como ejecuciones de hombres y niños y violaciones de niñas y mujeres durante las operaciones militares de limpieza de 2017 en el norte de Rakáin. El juez Iwasawa señaló que el asesinato de bebés respaldaba la inferencia de que las fuerzas de seguridad actuaron con la intención de impedir los nacimientos dentro del grupo.
Al presentar el fallo, Iwasawa recordó que la población rohinyá, mayoritariamente musulmana, había sido objeto de sucesivas operaciones de limpieza del ejército en el estado de Rakáin, en el oeste de Myanmar, tras décadas de violencia intercomunitaria.
Las operaciones de 2017 provocaron una condena internacional generalizada. Unas 700.000 personas rohinyá huyeron del norte de Rakáin y cruzaron la frontera hacia Bangladés. Según el tribunal, se estima que alrededor de 10.000 rohinyá fueron asesinados durante esas operaciones, de acuerdo con las pruebas examinadas.
El caso fue iniciado por Gambia en noviembre de 2019 y se convirtió en uno de los procedimientos más seguidos ante el máximo tribunal de la ONU.
En relación con el éxodo, los asesinatos en masa, las violaciones y otros actos de violencia sexual, la CIJ escuchó a tres testigos de las aldeas de Min Gyi, Chut Pyin y Maung Nu, en el estado de Rakáin.
Un testigo convocado por Myanmar relató también un ataque en el que, según su testimonio, insurgentes rohinyá del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) habrían asesinado a unos 100 civiles.
El tribunal indicó que cerca de 400 aldeas —aproximadamente el 40 % de las casi 1.000 aldeas de los tres municipios del norte del estado de Rakáin— fueron destruidas parcial o totalmente durante las operaciones de limpieza de 2017 y después de ellas. Iwasawa explicó que, tras la destrucción, a menudo se realizaron trabajos con excavadoras y despejes del terreno a gran escala, seguidos de construcciones rápidas, entre ellas instalaciones de seguridad, nuevas aldeas, viviendas y otras infraestructuras civiles.
Como consecuencia de las violaciones de la Convención, la CIJ ordenó a Myanmar poner fin a cualquier infracción que continúe y aprobar legislación que dé pleno efecto a sus obligaciones. También dispuso que adopte medidas inmediatas y efectivas para investigar a todas las personas sobre las que existan sospechas razonables de haber cometido actos contrarios a la Convención y, si procede, procesarlas y castigarlas.
El tribunal ordenó asimismo ofrecer garantías de no repetición y prevenir violaciones similares en el futuro. Entre las medidas de restitución en beneficio de la población rohinyá incluyó permitir el retorno seguro, voluntario y digno a sus lugares de residencia y la reunificación familiar de quienes fueron desplazados por los actos ilícitos atribuidos a Myanmar, tanto dentro del país como en el extranjero. También ordenó indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes por los daños causados.
La CIJ decidió que el importe y las modalidades de la indemnización u otra reparación se determinarán en una fase posterior del procedimiento. Para ello, Myanmar deberá remitir al tribunal, en un plazo de dos años desde la sentencia, un informe sobre las medidas de restitución adoptadas y sobre el importe y las modalidades de la indemnización.
En el caso Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, presentado en 1993 y resuelto en 2007, la CIJ concluyó que Serbia no había cometido genocidio por sí misma. Sin embargo, determinó que incumplió la Convención al no impedir el genocidio de Srebrenica de 1995 y al no castigar ni entregar a sus autores.
En Croacia contra Serbia, presentado en 1999 y resuelto en 2015, el tribunal desestimó tanto la demanda de Croacia como la contrademanda de Serbia. Consideró que ninguno de los dos Estados había demostrado la intención específica de cometer genocidio exigida por la Convención durante la Guerra de Independencia de Croacia.
| Cifra | Dato de la noticia |
|---|---|
| Tres horas | Duración de la sesión de la Corte Internacional de Justicia en la que se dio a conocer la sentencia. |
| 2017 | Año de las operaciones militares de limpieza en el norte del estado de Rakáin. |
| Unos 700.000 | Rohinyás que huyeron del norte de Rakáin hacia Bangladés tras las operaciones de 2017. |
| Unos 10.000 | Rohinyás que, según estima el tribunal, fueron asesinados durante esas operaciones. |
| Cerca de 400 aldeas | Destruidas parcial o totalmente; representan aproximadamente el 40 % de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte de Rakáin. |
| Tres testigos | Declararon ante el tribunal sobre hechos ocurridos en aldeas del estado de Rakáin. |
| Noviembre de 2019 | Mes y año en que Gambia inició el caso ante la CIJ. |
| Dos años | Plazo desde la sentencia para que Myanmar remita a la Corte un informe sobre las medidas de restitución y la indemnización. |
La Corte declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás. Según la sentencia, las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron intencionadamente actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio.
La Corte señaló el asesinato de miembros del grupo, los daños físicos o mentales graves y la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo.
Entre otras medidas, ordenó poner fin a cualquier violación en curso, investigar y, si procede, procesar y castigar a las personas sospechosas, ofrecer garantías de no repetición y adoptar medidas de restitución, incluido permitir el retorno seguro, voluntario y digno de los rohinyás desplazados.
No. La Corte decidió que el importe y las modalidades de la indemnización u otra reparación se determinarán en una fase posterior. Myanmar deberá remitirle, en un plazo de dos años desde la sentencia, un informe sobre las medidas de restitución y la indemnización.
No. La sentencia es definitiva, vinculante para las partes y no susceptible de recurso.
Gambia inició el caso ante la Corte Internacional de Justicia en noviembre de 2019.