El plan de respuesta a la guerra en Oriente Próximo reúne medidas para hogares y empresas, con rebajas temporales en combustibles y electricidad, ayudas al transporte, la agricultura y la pesca, y protección para consumidores vulnerables. Los tres reales decretos ley superan los 12.000 millones de euros; el tercero fue aprobado el 29 de septiembre de 2026 y convalidado por el Congreso el 16 de octubre. Las medidas prevén una retirada gradual hasta el 31 de diciembre de 2026, con excepciones para determinadas ayudas directas.
La guerra en Oriente Próximo ha dejado víctimas civiles y militares y ha provocado caídas generalizadas en las bolsas, alteraciones del tráfico aéreo y el bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte de gas y petróleo.
La volatilidad de los mercados y el encarecimiento de los precios elevaron la inflación y los costes energéticos de hogares y empresas. Para responder a esta situación, el Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo de 2026 aprobó el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, con 80 medidas y más de 5.000 millones de euros. Según el texto, el plan ha beneficiado a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas en España.
El plan se actualizó mediante un segundo real decreto ley, aprobado el 29 de junio de 2026, que prorrogaba las medidas hasta el 31 de septiembre de 2026. Ante la persistencia de las restricciones al transporte marítimo y de las tensiones energéticas, el Consejo de Ministros aprobó un tercer real decreto ley el 29 de septiembre para actualizar y ampliar la protección a hogares y familias.
El Gobierno prevé retirar las medidas de forma gradual y escalonada, hasta su desaparición el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con la evolución esperada del conflicto y la progresiva estabilización de los mercados energéticos. Quedan fuera de esa retirada las ayudas directas a profesionales del transporte, agricultores, ganaderos y pescadores, que se mantendrán íntegramente durante todo el periodo de vigencia.
El tercer real decreto ley combina medidas coyunturales para amortiguar el impacto de la guerra en empresas y hogares, mediante la prórroga por tres meses de medidas que vencían el 30 de septiembre de 2026, y medidas estructurales destinadas a reforzar la soberanía energética, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la resiliencia de la economía ante futuras crisis externas. Estas últimas incluyen acelerar la electrificación y el despliegue de energías renovables.
El texto se publicó en el BOE el 30 de septiembre, entró en vigor al día siguiente y fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 16 de octubre de 2026. El esfuerzo presupuestario conjunto de los tres reales decretos ley supera los 12.000 millones de euros.
Para contrarrestar el encarecimiento de las materias primas y respaldar a los sectores productivos más afectados, el plan reduce temporalmente la fiscalidad energética. La rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos para la gasolina y el gasóleo se mantiene con una aplicación decreciente: 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre.
También sigue vigente una cláusula automática de reactivación: si los precios vuelven a subir por encima del 15%, se recuperará la rebaja de 20 céntimos por litro en noviembre o diciembre. Para el transporte terrestre, la norma prorroga durante el último trimestre de 2026 las ayudas al combustible, que serán de 5 céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre. Podrán aplicarse ajustes si se activa el mecanismo de salvaguarda sobre la fiscalidad del gasóleo.
El real decreto incorpora una cláusula de salvaguarda para la electricidad y el gas. Limita el aumento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural al 35% en la revisión de octubre y al 15% en las revisiones siguientes. Además, contempla reducir el IVA de la electricidad del 21% al 10% para quienes tengan una potencia contratada inferior a 10 kW y para los beneficiarios del bono social. El Impuesto Especial sobre la Electricidad bajará del 5,1% al 0,5%.
El plan aprobado en marzo reforzó la supervisión del mercado de carburantes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Desde junio se intensificaron los mecanismos de control y transparencia, y se facultó al organismo para solicitar información a los agentes de la distribución mayorista y minorista de productos petrolíferos sobre precios, volúmenes de venta, costes y otros datos relevantes para analizar el funcionamiento del mercado.
La norma más reciente encarga a la CNMC estudiar la formación de precios en los mercados mayorista y minorista, además de seguir la evolución de los precios de los productos alimentarios. También actualiza el régimen sancionador del sector de hidrocarburos, duplicando las multas correspondientes a las distintas infracciones, y refuerza el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), entre otras medidas.
Entre las medidas estructurales aprobadas en junio figura la eliminación progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica: pasará del 7% actual al 5% a finales de 2026 y al 3,5% en 2027, antes de desaparecer en 2028. Desde el 1 de enero de 2028, el tipo aplicable será del 0%, por lo que se exime a los contribuyentes de presentar la correspondiente autoliquidación y de realizar pagos fraccionados. La medida busca reducir sus costes administrativos.
El nuevo texto prorroga las ayudas al sector agrario y pesquero vinculadas al aumento de los costes del combustible. Asimismo, prevé una ayuda directa extraordinaria para profesionales del transporte por carretera que no pueden acogerse a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos. La cuantía dependerá del número, el tipo y el combustible de los vehículos.
Para el transporte ferroviario se establece una línea adicional de ayudas directas al ferrocarril de mercancías, con 15.000 euros por locomotora diésel. La norma incluye también ayudas directas para el transporte marítimo.
La norma de septiembre prorroga mecanismos de protección para hogares y familias aprobados en marzo. Los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico se extienden a todo 2026: serán del 42,5% para consumidores domésticos vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos. La ayuda mínima del bono social térmico, destinada a cubrir gastos de calefacción, agua caliente y cocina, sube a 50 euros.
También se mantiene la prohibición de cortar los suministros básicos de energía y agua a los hogares vulnerables. La industria electrointensiva tendrá una bonificación del 80% en los peajes eléctricos de transporte y distribución. Además, empresas y trabajadores autónomos podrán adaptar con mayor facilidad y sin costes adicionales sus contratos de suministro energético.
El plan incluye medidas para proteger el empleo y reforzar la protección social. Las empresas beneficiarias de las ayudas no podrán despedir por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor hasta el 31 de diciembre de 2026.
Ante el aumento de los costes de movilidad, se adelanta doce meses, al 5 de diciembre de 2026, la entrada en vigor de la obligación de que las empresas y entidades del sector público cuenten con planes de movilidad sostenible al trabajo en los centros con más de 200 trabajadores o 100 por turno. Los planes deberán incluir medidas para impulsar la movilidad activa, el transporte colectivo, las opciones de bajas emisiones y la movilidad compartida o colaborativa, además de medidas transversales como el teletrabajo.
El plan incorpora medidas estratégicas para reducir el impacto de crisis externas y avanzar hacia la soberanía energética mediante la descarbonización, la electrificación de los hogares y de la economía y el despliegue de energías renovables.
En materia tributaria, contempla una deducción de hasta el 15% en el IRPF por la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible. También recupera las deducciones en el IRPF para quienes realicen obras de rehabilitación de viviendas o edificios que reduzcan la demanda de calefacción o refrigeración. Entre 2021 y 2024, estas deducciones beneficiaron a más de 290.000 personas, con un beneficio medio de 1.918 euros.
Para 2026 se establece la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en eficiencia energética. La medida se dirige a la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y a otras instalaciones de autoconsumo eléctrico o de uso térmico propio que utilicen energía renovable.
Las entidades locales podrán bonificar hasta un 50% del IBI a quienes instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar o ambiental. También se prevé una bonificación de hasta el 95% para obras e instalaciones que incorporen sistemas destinados a un mayor aprovechamiento térmico o eléctrico de esas energías.
El plan inicial incluía otras iniciativas estructurales para acelerar la transición energética de forma ordenada y respetando los valores ambientales, sociales y territoriales. Entre ellas, amplía de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima entre generación y consumo para el autoconsumo y permite a las entidades locales promover nuevas modalidades y comunidades energéticas.
El paquete contempla además aumentar la capacidad de almacenamiento eléctrico mediante baterías y declarar de utilidad pública el bombeo hidroeléctrico. También impulsa las energías renovables atendiendo a criterios de integración social y territorial.
El tercer real decreto ley mantiene la estructura de los dos primeros paquetes del Plan Integral: por un lado, da continuidad a la protección mediante la prórroga por tres meses de medidas que vencían el 30 de septiembre de 2026; por otro, establece medidas estructurales para reforzar la autonomía energética y seguir avanzando en la descarbonización de la economía.
| Medida o dato | Cifra | Periodo o condiciones |
|---|---|---|
| Plan inicial aprobado por el Consejo de Ministros | 80 medidas; más de 5.000 millones de euros | Aprobado el 20 de marzo de 2026. La noticia afirma que las medidas habían beneficiado a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas. |
| Esfuerzo presupuestario de los tres reales decretos ley | Más de 12.000 millones de euros | Total acumulado, según la noticia. |
| Rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos para gasolina y gasóleo | 20, 13 y 6 céntimos por litro | Octubre, noviembre y diciembre, respectivamente. Si los precios vuelven a subir más del 15 %, se recuperarían los 20 céntimos en noviembre o diciembre. |
| Ayudas al combustible para el transporte terrestre | 5, 12 y 19 céntimos por litro | Octubre, noviembre y diciembre de 2026, respectivamente; con posibles ajustes si se activa el mecanismo de salvaguarda. |
| Límite a la subida de la TUR del gas natural | 35 % y 15 % | 35 % en la revisión de octubre y 15 % en las siguientes revisiones. |
| IVA de la electricidad | Del 21 % al 10 % | Para potencias contratadas inferiores a 10 kW y para beneficiarios del bono social. |
| Impuesto Especial sobre la Electricidad | Del 5,1 % al 0,5 % | Rebaja contemplada en el real decreto ley. |
| Descuentos extraordinarios del bono social eléctrico | 42,5 % y 57,5 % | Durante 2026: 42,5 % para consumidores vulnerables y 57,5 % para vulnerables severos. |
| Ayuda mínima del bono social térmico | 50 euros | Importe mínimo indicado en la noticia. |
| Bonificación de peajes eléctricos para la industria electrointensiva | 80 % | Aplicable a los peajes de transporte y distribución. |
| Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica | Del 7 % al 5 %; al 3,5 % y finalmente al 0 % | 5 % a finales de 2026, 3,5 % en 2027 y desaparición en 2028. La noticia indica que desde el 1 de enero de 2028 se exime de presentar la autoliquidación y de realizar pagos fraccionados. |
| Ayuda al transporte ferroviario de mercancías | 15.000 euros por locomotora diésel | Ayuda directa. |
| Deducción en el IRPF por adquisición de transporte eléctrico | Hasta el 15 % | Para vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible. |
| Deducciones por rehabilitación energética de viviendas | Más de 290.000 personas; beneficio medio de 1.918 euros | Datos correspondientes a las deducciones entre 2021 y 2024. |
| Bonificaciones municipales vinculadas a energía solar o ambiente | Hasta el 50 % del IBI y hasta el 95 % para obras e instalaciones | La noticia señala que se habilita a las entidades locales para aplicarlas. |
El Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio reúne medidas para amortiguar el impacto económico y social de la guerra y reforzar la autonomía energética. El esfuerzo presupuestario de los tres reales decretos ley supera los 12.000 millones de euros.
El real decreto ley aprobado en septiembre mantiene una rebaja de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre. Si los precios vuelven a subir por encima del 15%, se recuperarán los 20 céntimos de rebaja en noviembre o diciembre.
La norma prorroga las ayudas durante el último trimestre de 2026: 5 céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre, con posibles ajustes si se activa el mecanismo de salvaguarda sobre la fiscalidad del gasóleo.
El texto extiende durante 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico: un 42,5% para consumidores vulnerables y un 57,5% para vulnerables severos. También eleva a 50 euros la ayuda mínima del bono social térmico y prohíbe cortar los suministros básicos de energía y agua a los hogares vulnerables.
La subida de la Tarifa de Último Recurso del gas queda limitada al 35% en la revisión de octubre y al 15% en las siguientes. Se contempla reducir el IVA de la luz del 21% al 10% para quienes tengan una potencia contratada inferior a 10 kW y para beneficiarios del bono social, así como bajar el Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5%.
El plan contempla una deducción de hasta el 15% en el IRPF por adquirir vehículos eléctricos enchufables o de pila de combustible, y libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades durante 2026 para determinadas inversiones en eficiencia energética y autoconsumo renovable.