Más del 80% del empleo agrícola en América Latina se encuentra en la informalidad, lo que representa un grave obstáculo para la justicia social y el desarrollo sostenible en la región. Un informe de la OIT y la FAO destaca que este sector, crucial para la seguridad alimentaria, enfrenta problemas como bajos niveles educativos y condiciones laborales precarias. La informalidad afecta especialmente a mujeres y jóvenes, con una notable desigualdad de género en el trabajo. A pesar de que el volumen de empleo agrícola se ha mantenido estable entre 2019 y 2023, no ha habido avances significativos hacia la formalización laboral. El informe propone diez recomendaciones políticas para fomentar la transición hacia un empleo formal que incluya desarrollo productivo y derechos laborales.
Más del 80% del empleo agrícola en América Latina se desarrolla en la informalidad, una situación que impacta de manera desproporcionada a mujeres, jóvenes y personas mayores en zonas rurales. Esta alarmante cifra se revela en un nuevo informe de las agencias especializadas de la ONU.
El documento titulado Trabajo Decente e Informalidad en el Sector Agrícola de América Latina, 2019–2023, destaca las brechas estructurales en productividad, ingresos y protección social como obstáculos persistentes. A pesar de su importancia para la seguridad alimentaria, este sector enfrenta bajos niveles educativos, condiciones laborales precarias y una alta vulnerabilidad a los riesgos climáticos.
«La informalidad sigue siendo uno de los obstáculos más arraigados para la justicia social y el desarrollo sostenible en América Latina», afirmó Ana Virginia Moreira, directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe. «Este informe proporciona una hoja de ruta para abordarla mediante políticas integradas con un enfoque territorial».
René Orellana, representante regional de la FAO, enfatizó que «garantizar el trabajo decente no se trata solo de mejorar condiciones laborales; es fortalecer la resiliencia de nuestros países y asegurar la seguridad alimentaria de millones». Orellana hizo un llamado a reforzar la digitalización rural, el financiamiento sostenido y el diálogo social inclusivo.
Los datos expuestos revelan una marcada desigualdad de género: el 86,4% de las mujeres trabaja en condiciones informales, comparado con el 78% de los hombres. Además, cerca del 38,5% de las mujeres realiza trabajo familiar no remunerado, una tasa cinco veces superior a la masculina. El sector también concentra el 46% del trabajo infantil regional, mientras que más de la mitad de la mano de obra presenta baja escolaridad.
A lo largo del período 2019-2023, aunque el volumen del empleo agrícola se mantuvo estable, no se observaron avances significativos hacia la formalización. Casi la mitad de los jóvenes y una gran mayoría de las mujeres continúan atrapados en la informalidad.
El informe examina 35 políticas públicas regionales y concluye que, aunque muchas buscan aumentar la productividad, pocas abordan explícitamente la formalización laboral o incorporan una perspectiva de género.
Finalmente, se presentan diez recomendaciones concretas para acelerar la transición hacia la formalidad. Estas incluyen integrar desarrollo productivo, protección social, derechos laborales y fomentar un diálogo social efectivo.
*Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 80% | Porcentaje del empleo agrícola que opera en la informalidad. |
| 46% | Porcentaje del trabajo infantil regional que se concentra en el sector agrícola. |
| 86.4% | Porcentaje de mujeres afectadas por la informalidad en el empleo agrícola. |
| 38.5% | Porcentaje de mujeres que realizan trabajo familiar no remunerado. |
Más del 80% del empleo agrícola en América Latina opera en la informalidad, afectando desproporcionadamente a mujeres, jóvenes y personas mayores rurales.
El informe identifica brechas estructurales en productividad, ingresos y protección social como barreras persistentes. Además, el sector enfrenta bajos niveles educativos, condiciones laborales precarias y alta exposición a riesgos climáticos.
La informalidad afecta al 86,4% de las mujeres, frente al 78% de los hombres. Cerca del 38,5% de las mujeres realiza trabajo familiar no remunerado, una tasa cinco veces superior a la masculina.
El informe presenta diez recomendaciones de política concretas para acelerar la transición a la formalidad, integrando desarrollo productivo, protección social, derechos laborales y diálogo social.
El sector concentra el 46% del trabajo infantil regional.
Se hace un llamado a reforzar la digitalización rural como parte de las estrategias para mejorar las condiciones laborales y asegurar la seguridad alimentaria.