Las notificaciones de Interpol solicitadas por el gobierno de El Salvador contra los defensores de derechos humanos Ivania Cruz y Rudy Joya han sido calificadas como un acto de represión transnacional. Ambos activistas, que buscan asilo en España tras sufrir acoso legal en su país, enfrentan solicitudes para su localización, detención y extradición. Expertos de la ONU han denunciado el uso indebido del sistema de notificaciones rojas, argumentando que los cargos carecen de fundamento y están relacionados con su labor en defensa de derechos humanos. Los especialistas instan a revocar las notificaciones y a que España niegue la extradición, destacando que este caso refleja una persecución política que trasciende fronteras.
Ivania Cruz y Rudy Joya, dos abogados salvadoreños defensores de los derechos humanos, se encuentran en una situación crítica tras haber solicitado asilo en España. Ambos han huido del acoso legal que enfrentan en su país debido a su labor en defensa de las garantías fundamentales.
Los activistas forman parte de una ONG que ha sido objeto de hostigamiento por parte de las autoridades salvadoreñas desde febrero de 2025, en respuesta a su apoyo a la comunidad La Floresta, que enfrenta intentos de desalojo forzoso desde 2024.
El gobierno salvadoreño ha solicitado a Interpol la emisión de notificaciones rojas contra Cruz y Joya. Esta acción ha sido calificada como un “acto de represión transnacional”, ya que extiende el hostigamiento a defensores de derechos humanos más allá de sus fronteras, atacándolos en un país donde buscan protección, según un grupo de tres expertos y un Grupo de Trabajo de la ONU en derechos humanos.
Las notificaciones rojas emitidas por Interpol son solicitadas por un Estado miembro y tienen como objetivo alertar a las fuerzas del orden sobre fugitivos buscados internacionalmente para su localización, detención y extradición.
Expertos han señalado que, en este caso, las notificaciones rojas representan un uso indebido grave del mecanismo. En un comunicado conjunto, afirmaron que los cargos presentados contra Ivania Cruz y Rudy Joya parecen carecer de fundamento y estar directamente relacionados con su legítimo trabajo en derechos humanos, apoyando a comunidades vulnerables y denunciando acciones del Gobierno durante el estado de emergencia declarado en 2022.
Las notificaciones fueron solicitadas a Interpol en mayo de 2025 por el tribunal encargado del caso. La Policía Internacional confirmó su emisión en julio del mismo año.
Los expertos advirtieron que el gobierno salvadoreño está utilizando el sistema de notificaciones rojas “para perseguir su agenda política, acosando y persiguiendo a defensores de derechos humanos más allá de sus fronteras”. Expresaron preocupación al considerar que Interpol está facilitando “la represión transnacional”, sin realizar la debida diligencia sobre el contexto de las personas afectadas.
Recordaron que la Constitución de Interpol prohíbe cualquier intervención o actividad política, estableciendo que tales actividades deben respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
A finales de septiembre de 2025, Rudy Joya fue citado por la policía española bajo el pretexto relacionado con su solicitud de asilo. Al presentarse ante las autoridades, fue donde fue detenido y puesto a disposición de la Audiencia Nacional española.
Ivania Cruz también fue citada y se presentó ante la Audiencia Nacional, donde se dictó que ambos defensores deben firmar ante el juzgado cada 15 días, no abandonar el país, entregar sus pasaportes y notificar cualquier cambio de domicilio.
Los expertos instaron a Interpol a revocar inmediatamente las notificaciones rojas contra los abogados salvadoreños y urgieron a España a negar su extradición.
Entre los firmantes del comunicado se encuentran Mary Lawlor, relatora especial sobre los defensores de los derechos humanos; Gina Romero, relatora especial sobre la libertad de reunión pacífica y asociación; e Irene Khan, relatora especial sobre la libertad de opinión y expresión; así como miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias: Ganna Yudkivska (presidente-relator), Matthew Gillett (vicepresidente en comunicaciones), Miriam Estrada Castillo (vicepresidente responsable del seguimiento), Mumba Malila y Ethan Hee-Seok Shin.
*Los relatores especiales son expertos independientes dentro del marco conocido como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Estos mecanismos se ocupan tanto de situaciones específicas en países como cuestiones temáticas relacionadas con los derechos humanos globalmente. Los expertos trabajan voluntariamente sin recibir remuneración por sus servicios.
Ivania Cruz y Rudy Joya son dos abogados salvadoreños defensores de los derechos humanos que han solicitado asilo en España debido al acoso legal que sufren en su país por su trabajo en favor de las garantías fundamentales.
El gobierno de El Salvador solicitó a Interpol la emisión de notificaciones rojas contra Cruz y Joya como parte de un acto de represión transnacional, buscando su localización, detención y extradición debido a su trabajo en defensa de derechos humanos.
Un grupo de expertos en derechos humanos ha declarado que las notificaciones rojas constituyen un uso indebido grave del mecanismo de Interpol y que los cargos presentados contra Cruz y Joya carecen de fundamento, estando relacionados con su labor legítima en defensa de comunidades en riesgo.
Los expertos han expresado preocupación por el hecho de que Interpol esté facilitando la represión transnacional sin la debida diligencia sobre el contexto de las personas afectadas por las notificaciones rojas.
Los expertos han instado a Interpol a revocar inmediatamente las notificaciones rojas contra Ivania Cruz y Rudy Joya, y han urgido a España a negar su extradición.