El 9 de julio, el presidente Pedro Sánchez presentó un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, centrado en prevenir y sancionar delitos corruptos. Desarrollado con la OCDE, el plan busca fortalecer la transparencia y el buen gobierno. Se estructura en cinco ejes: prevención de riesgos, protección a denunciantes, investigación y sanción de la corrupción, recuperación de activos y promoción de una cultura anticorrupción. Incluye 15 medidas clave, como la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública y mejoras en la financiación política. La implementación será supervisada anualmente para garantizar su efectividad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el 9 de julio un ambicioso Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Este plan se centra en la prevención y el castigo de delitos relacionados con la corrupción, considerados una de las principales amenazas a las sociedades democráticas.
Desarrollado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el plan busca cumplir con los compromisos establecidos en la Ley de Protección del Informante. Además, incluye medidas orientadas hacia la transparencia y el buen gobierno dentro de las Administraciones públicas para hacer frente a este flagelo.
La elaboración del plan ha estado guiada por las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), así como por directrices de la OCDE y la Comisión Europea. También se ha enriquecido con aportes provenientes de la sociedad civil, gracias al trabajo conjunto con el Foro de Gobierno Abierto y expertos en anticorrupción e integridad gubernamental.
Este enfoque colaborativo refuerza el compromiso del Gobierno español para abordar la corrupción desde múltiples perspectivas, garantizando que se tomen en cuenta diversas opiniones y experiencias.
El Plan Estatal se articula alrededor de cinco ejes clave:
Entre las 15 medidas propuestas, destacan:
La implementación del plan será supervisada por la nueva Agencia Independiente de Integridad Pública, que coordinará sus acciones. Para asegurar transparencia, se establecerán indicadores verificables que permitirán evaluar cada medida anualmente. El progreso será revisado a los 12 y 24 meses tras su activación, seguido por evaluaciones periódicas para medir su impacto real.
Además, el Foro de Gobierno Abierto actuará como un espacio permanente para fomentar el diálogo entre sociedad civil, expertos y medios, asegurando que las voces relevantes sean escuchadas durante todo el proceso.
Este nuevo plan no surge aislado; representa una continuación del esfuerzo realizado en años anteriores por parte del Ejecutivo español. En este tiempo, se han adoptado más de 30 medidas destinadas a aumentar la transparencia institucional y combatir prácticas corruptas. Entre ellas se incluye una ley específica para proteger a denunciantes y un Plan de Acción por la Democracia enfocado en fortalecer el Estado de Derecho.
Tales iniciativas son prueba del compromiso continuo del Gobierno por erradicar la corrupción y fomentar un entorno más transparente y responsable en todas sus instituciones.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 15 | Total de medidas incluidas en el plan. |
| 50,000 euros | Umbral para auditorías obligatorias en la financiación pública de partidos políticos. |
| 2,500 euros | Umbral de publicación de donaciones a partidos políticos. |
| 12 y 24 meses | Tiempos establecidos para rendir cuentas sobre los avances del plan. |
El plan se ha elaborado de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), de la OCDE y de la Comisión Europea. Además, incorpora aportes de la sociedad civil, a través del trabajo conjunto con el Foro de Gobierno Abierto, y de expertos de la División de Anticorrupción e Integridad en el Gobierno de la OCDE.
El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción se estructura en torno a cinco ejes: prevención de riesgos, garantizar la protección efectiva de informantes, investigar y sancionar la corrupción, recuperación de activos corruptos y promover una cultura anticorrupción.
El plan incluye 15 medidas destacadas como la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, transformación de la Plataforma de Contratación del Sector Público, mayor control sobre financiación política, ampliación de protección a denunciantes y refuerzo judicial para investigar corrupción.
El desarrollo del plan será supervisado por la Agencia Independiente de Integridad Pública, que establecerá indicadores verificables y publicará informes anuales sobre el cumplimiento y los impactos generados. Se realizarán evaluaciones periódicas para monitorizar el impacto.
El nuevo plan da continuidad a más de 30 medidas aprobadas anteriormente por el Ejecutivo para aumentar la transparencia en las instituciones públicas y combatir la corrupción, incluyendo leyes para proteger a denunciantes y crear fiscalías especializadas.